Los secesionistas burlan el reglamento para aprobar solos la ley del referendo

cristian reino BARCELONA / COLPISA

ESPAÑA

Toni Albir | efe

La oposición denuncia el «atropello democrático» y la vulneración de sus derechos

07 sep 2017 . Actualizado a las 05:00 h.

El independentismo consumó ayer su desafío en su intento de ruptura con el resto de España, con un debate y una votación de la ley de referendo en la que se escenificó la fractura de política catalana como consecuencia del proceso soberanista. Y es que, poco antes del momento de la votación, Ciudadanos, PSC y PP se ausentaron del hemiciclo, mientras que Catalunya Sí que es Pot (rota internamente) se abstuvo. Los diputados del PP dejaron banderas catalanas y españolas sobre sus escaños aunque una diputada de Podemos quiso retirarlas. Fue el último capítulo de una sesión lamentable, dantesca y vergonzosa para la oposición, en la que la crispación fue la nota característica de una larga jornada parlamentaria, que arrancó a las nueve de la mañana y acabó sobre las nueve y media de la noche con la aprobación de la ley gracias a la mayoría de Junts pel Sí y de los antisistema de la CUP.

La Mesa del Parlamento autonómico se reunió hasta en cinco ocasiones, con las respectivas interrupciones del pleno, propiciadas por las protestas de la oposición ante los reiterados incumplimientos de los procedimientos y los reglamentos parlamentarios por parte la mayoría independentista. Y ahí, los grupos de la oposición encontraron ayer un filón para atacar a la mayoría que da apoyo al Gobierno de Puigdemont. A menos de un mes para el referendo, Junts pel Sí y la CUP demostraron que tienen prisa, que tienen mucho trabajo aún por hacer antes del 1-O y la oposición denunció «atropellos democráticos», «cacicadas», «prácticas antidemocráticas», «vulneración de los derechos de los parlamentarios» por la forma elegida por Junts pel Sí y la CUP para tramitar la ley.

La premura del tiempo obligó a los secesionistas a optar por una tramitación de urgencia, tras cambiar el orden del día una vez empezó el pleno, en la que los grupos opositores no pudieron presentar enmiendas a la totalidad, ni pedir informes al Consejo de Garantías Estatutarias, el órgano autonómico encargado de dictaminar si una ley se ajusta al Estatuto y a la Constitución, e ignorando un informe de este propio organismo, que avisó a la mayoría soberanista que los grupos deben tener la potestad de pedir dictámenes al Constitucional catalán.

Graves consecuencias

En cualquier caso, a día de hoy, a los secesionistas les importa bien poco lo que pueda decir este organismo, teniendo en cuenta que la ley del referendo desafía toda la normativa vigente y se salta de manera flagrante la Constitución y el Estatuto. Los secesionistas celebraron la jornada como una conquista democrática y expresaron su intención de llegar hasta el final en la celebración de la consulta. En cambio, Ciudadanos habló de golpe a la democracia y anunció la presentación de una moción de censura para convocar elecciones. Desde el PP, mientras, aseguraron que Cataluña no será nunca una república independiente. «Esto es un engaño y una estafa democrática», dijo Xavier García Albiol. «Sufrirán las consecuencias», advirtió. Miquel Iceta (PSC) recordó el informe que los letrados de la Cámara catalana elaboraron antes del inicio del pleno, en el que se avisaba a los grupos independentistas que la tramitación de la ley del referendo está afectada por el deber de cumplir las sentencias del Tribunal Constitucional. Avisaban además que esta ley tiene una «relación directa» con las resoluciones suspendidas y por tanto entienden que los miembros de la mesa están obligados a impedir o paralizar cualquier iniciativa que ignore la nulidad de las resoluciones parlamentarias afectadas por las sentencias del constitucional.

Los juristas de la Cámara catalana avisaron además a los miembros de la mesa que el incumplimiento de este deber puede dar lugar a la exigencia de responsabilidades en los términos que advierten las resoluciones del Tribunal Constitucional.