Los secesionistas burlan el reglamento para aprobar solos la ley del referendo

cristian reino BARCELONA / COLPISA

ESPAÑA

Toni Albir | efe

La oposición denuncia el «atropello democrático» y la vulneración de sus derechos

07 sep 2017 . Actualizado a las 05:00 h.

El independentismo consumó ayer su desafío en su intento de ruptura con el resto de España, con un debate y una votación de la ley de referendo en la que se escenificó la fractura de política catalana como consecuencia del proceso soberanista. Y es que, poco antes del momento de la votación, Ciudadanos, PSC y PP se ausentaron del hemiciclo, mientras que Catalunya Sí que es Pot (rota internamente) se abstuvo. Los diputados del PP dejaron banderas catalanas y españolas sobre sus escaños aunque una diputada de Podemos quiso retirarlas. Fue el último capítulo de una sesión lamentable, dantesca y vergonzosa para la oposición, en la que la crispación fue la nota característica de una larga jornada parlamentaria, que arrancó a las nueve de la mañana y acabó sobre las nueve y media de la noche con la aprobación de la ley gracias a la mayoría de Junts pel Sí y de los antisistema de la CUP.

La Mesa del Parlamento autonómico se reunió hasta en cinco ocasiones, con las respectivas interrupciones del pleno, propiciadas por las protestas de la oposición ante los reiterados incumplimientos de los procedimientos y los reglamentos parlamentarios por parte la mayoría independentista. Y ahí, los grupos de la oposición encontraron ayer un filón para atacar a la mayoría que da apoyo al Gobierno de Puigdemont. A menos de un mes para el referendo, Junts pel Sí y la CUP demostraron que tienen prisa, que tienen mucho trabajo aún por hacer antes del 1-O y la oposición denunció «atropellos democráticos», «cacicadas», «prácticas antidemocráticas», «vulneración de los derechos de los parlamentarios» por la forma elegida por Junts pel Sí y la CUP para tramitar la ley.

La premura del tiempo obligó a los secesionistas a optar por una tramitación de urgencia, tras cambiar el orden del día una vez empezó el pleno, en la que los grupos opositores no pudieron presentar enmiendas a la totalidad, ni pedir informes al Consejo de Garantías Estatutarias, el órgano autonómico encargado de dictaminar si una ley se ajusta al Estatuto y a la Constitución, e ignorando un informe de este propio organismo, que avisó a la mayoría soberanista que los grupos deben tener la potestad de pedir dictámenes al Constitucional catalán.