El Constitucional decide hoy las medidas para frenar la consulta ilegal

Nuria Vega MADRID / COLPISA

ESPAÑA

BENITO ORDOÑEZ

El tribunal podría llegar incluso a inhabilitar a Forcadell por desobediencia al admitir a trámite la ley del referendo

07 sep 2017 . Actualizado a las 05:00 h.

Cuando el debate de la ley de referendo quedó definitivamente incluido en el orden del día, Mariano Rajoy activó el mecanismo para frenar el desafío secesionista. La primera medida fue interponer ante el Tribunal Constitucional un incidente de ejecución de sentencia y emplazar a este órgano a pronunciarse «lo antes posible», de manera «urgente y preferente». En el texto, de 34 páginas, la Abogacía del Estado sostiene que el Parlamento de Cataluña ha incumplido los pronunciamientos emitidos por el Constitucional desde que en el 2015 sentenció contra el 9N. Especialmente el auto del pasado 14 de febrero, cuando los magistrados acordaron anular la hoja de ruta aprobada en la Cámara y que contemplaba la convocatoria de una consulta de autodeterminación en el 2017. Por eso, los servicios jurídicos del Estado solicitan que el tribunal de garantías deduzca testimonio y traslade a la Fiscalía el proceder tanto de la presidenta de la Cámara como de los miembros de la Mesa que apoyaron la tramitación de la norma. El objetivo es que se diriman «responsabilidades penales» y apunta el Ejecutivo especialmente a Carme Forcadell.

Con esta actuación, el Gobierno no solo pretende anular las decisiones adoptadas en el Parlamento autonómico, sino todo el procedimiento encaminado a «intentar la secesión del resto de España».

Por la noche, una vez aprobada la ley y que el Gobierno catalán convocara la consulta ilegal, Mariano Rajoy solicitó un informe urgente al Consejo de Estado, paso preceptivo para que hoy, en un encuentro extraordinario del Consejo de Ministros se aprueba la presentación del recurso ante el Constitucional.