El fiscal general del Estado promete firmeza ante la «sinrazón» de los que actúan fuera de la ley

Agencias

ESPAÑA

Atlas TV

José Manuel Maza se ha referido al proceso independentista catalán sin mencionarlo expresamente. El presidente del CGPJ asegura, en relación a Cataluña, que «nadie sufrirá por hacer cumplir la ley»

05 sep 2017 . Actualizado a las 14:38 h.

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha garantizado que la Fiscalía actuará de manera «serena», pero «tan firme y enérgica» como se requiera, «frente a la sinrazón de quienes se sitúan al margen de la ley», ya que ante ellos «no caben vacilaciones de clase alguna».

Así lo ha dicho en su intervención en la ceremonia de apertura del nuevo Año Judicial celebraba en el Tribunal Supremo, presidida por el Rey y que cuenta con la asistencia del presidente de este tribunal y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, junto a las máximas autoridades en materia de Justicia, incluido el ministro, Rafael Catalá.

En la parte final de su discurso, el primero que ha pronunciado en este acto como fiscal general, Maza se ha referido al proceso independentista catalán sin mencionarlo expresamente, afirmando que «frente a las vías de hecho en las que se está incurriendo por algunos, con grave quebranto del orden constitucional, la Fiscalía ha seguido y seguirá actuando en defensa de nuestro Estado democrático».

«En épocas convulsas nuestro más seguro asidero es la Ley» y por ello la Fiscalía, ha dicho, está obligada «a desplegar una defensa activa de la España constitucional», que será tan firme como sea necesario para preservar «esta patria común e indivisible de todos los españoles».

Maza ha insistido en que, bajo las órdenes de la Fiscalía General, las fiscalías de la Audiencia Nacional, del Constitucional, del Tribunal de Cuentas y de Cataluña, así como las provinciales de Barcelona, Tarragona, Lérida y Gerona, «seguirán actuando con celeridad y coherencia» para garantizar la convivencia constitucional.

El fiscal general ha querido «dejar claro» que en este momento que atraviesa España la institución que comanda «no abriga duda alguna acerca de sus obligaciones» en este sentido.

La respuesta del Govern

El portavoz del Govern, Jordi Turull, ha respondido a Maza y le ha emplazado a que se lea las leyes y a que llegue a la misma conclusión que los soberanistas: «Un referendo no es delito».

Según Turull, en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, ha argumentado que que la Ley Orgánica 2/2005 aprobada por las Cortes descartó que la convocatoria de un referendo pudiera perseguirse con el Código Penal.

Además, ha asegurado que al Govern y al Parlament le asisten la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE con su artículo 49: «Nadie podrá ser condenado por una acción o una omisión que, en el momento en que haya sido cometida, no constituya una infracción según el Derecho nacional o el Derecho internacional».

«La magnitud y la complejidad» de la corrupción

En su discurso, Maza también se ha referido a la corrupción, un problema de «magnitud y complejidad» que disminuye la confianza de los ciudadanos en las instituciones y frente al que «el Ministerio Fiscal no tolera espacio alguno de impunidad».

Maza ha criticado el «injustificado cuestionamiento del trabajo y la imparcialidad» de la Fiscalía Anticorrupción, que «dirige sus investigaciones y acusaciones cuando tiene sospechas bien fundadas o evidencias, sin atender a la identidad, posición, orientación política o social de las personas físicas o jurídicas investigadas ni a los cargos que ostentan o han ostentado». Así, ha destacado que, según los datos del CGPJ, hasta el primer trimestre del 2017 había 1.378 cargos públicos investigados por corrupción y 399 condenados en sentencia firme.

También ha tenido palabras para los «salvajes» atentados de Cataluña: «Frente a la barbarie y la sinrazón absoluta, superando el horror y el hastío, todos los que compartimos responsabilidades en la aplicación de la Ley debemos perseverar con toda energía, desde el rigor y la eficacia, en la lucha contra este terrorismo yihadista, tan cruel e inhumano», ha afirmado.

Este es un fenómeno que requiere de investigaciones «complejas y de gran dificultad jurídica» de las que se encarga la Audiencia Nacional, un tribunal que, según Maza, ha registrado un aumento del 40% en las investigaciones de este tipo de terrorismo de 2015 a 2016.

El fiscal general también ha hablado de las reformas legales que, a su juicio, son aún necesarias, como la de la «venerable aunque también vetusta» Ley de Enjuiciamiento Criminal en la línea de que los fiscales lleven el peso de la instrucción penal, para lo que hará falta «una reordenación de las tareas de jueces y fiscales» que tendrá «efectos beneficiosos» para acelerar las investigaciones.

Tras hacer una defensa del principio jerárquico de la Fiscalía, que permite «criterios uniformes y coherentes» para dirigir la investigación penal en todo el territorio nacional, Maza ha abogado asimismo por cambiar el Estatuto del Ministerio Fiscal para incrementar su «autonomía organizativa».

Lesmes: «Nadie sufrirá por cumplir la ley»

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha asegurado que «nadie sufrirá por cumplir la ley» ante el proceso independentista de la Generalitat, ya que los jueces tienen el deber de amparar a todos los servidores públicos de toda España.

Lesmes ha enfatizado en su discurso que los jueces tienen que asegurar los derechos reconocidos en la Constitución y en las leyes, «especialmente con relación a aquellos ciudadanos que puedan sentirse amenazados por el legítimo ejercicio de esos derechos».

Además, el presidente del órgano de gobierno ha subrayado que los jueces amparan a «todos los servidores públicos, de cualquier clase que sean, encargados de hacer cumplir la Ley en cualquier parte del territorio nacional». «Nadie sufrirá por cumplir la ley», ha concluido.

«Las voluntades unilaterales que pretenden disponer de la Constitución y que solo contemplan como mecanismo de preservación de lo que consideran más propio la ruptura o la separación, son inaceptables y violentan la propia democracia pues ningún principio democrático puede amparar ni legitimar que una parte disponga sobre el todo», ha añadido.

Por otro lado, ha recalcado que el Poder Judicial es «único, fuerte e independiente» lo que supone una «mejor garantía de la libertad y la igualdad de los españoles» y ha recordado que la Constitución es «un conjunto de mandatos jurídicos de obligado cumplimiento».