Los independentistas se toman la preparación de la Diada como la primera vuelta de la consulta ilegal

El Gobierno de la Generalitat podría incluir la votación de la ley en el orden del día del pleno sin previo aviso

Colpisa
Barcelona

La ANC, Òmnium y la AMI afirmaron que la manifestación independentista de la Diada, el 11 de septiembre, será «histórica» y un «éxito», pues ya hay más de 200.000 personas inscritas y 1.400 autobuses contratados. La sociedad civil secesionista, que prepara la sexta gran movilización desde la primera en el 2012, calificó el 11S de este año como el del referendo y lo plantea como la primera vuelta de la consulta del 1 de octubre. Pero si no hay referendo, la ANC y Òmnium amenazan con poner la calle patas arriba. «Si las urnas no hablan, hablará el pueblo con movilizaciones ciudadanas, que serán el inicio de la desconexión definitiva de España», advirtieron.

Mientras, la víspera, el día 10, la Generalitat y la Cámara catalana celebrarán la Diada con un acto institucional en el Born Centro Cultural de Barcelona en el que se ensalzará el derecho de autodeterminación y se presentará como una conquista democrática. Mientras llega ese día, el Gobierno de Carles Puigdemont y los grupos parlamentarios de Junts pel Sí y la CUP se preparan para aprobar la ley del referendo ilegal en el Parlamento autonómico los días 6 y 7. Después solo quedará la firma de la convocatoria del referendo ilegal.

Tres destacados actores del proceso soberanista dejaron ayer entrever algunas pistas sobre la estrategia que seguirán en su desafío al Estado. La portavoz del grupo de Junts pel Sí, Marta Rovira, afirmó que la semana que viene es la «ideal» para aprobar la ley del referendo.

En realidad, tampoco tienen muchas más opciones si quieren llegar al 11S con los deberes hechos y empezar la campaña electoral el día 15. Fuentes parlamentarias llevan días insistiendo en que ya existe un precedente de alteración del orden del día del pleno, y por tanto esta podría ser la fórmula para incluir la votación de la ley sin previo aviso. Ese es el plan A.

El plan B

La presidenta de la Cámara catalana, Carme Forcadell, reveló el plan B al dar a entender que la Mesa admitirá a trámite esa ley «próximamente». Forcadell, que está doblemente imputada por desobediencia, aseguró que defenderá la «soberanía» del Parlamento y que no permitirá que la censura entre en él, que es tanto como decir que no atenderá a la suspensión que pesa sobre el reglamento de la Cámara ni a las querellas.

El consejero de Presidencia y portavoz gubernamental, Jordi Turull, acabó de completar el puzle. Los grupos parlamentarios de Junts pel Sí y la CUP, dijo, deben tener «el peso de la decisión» de aprobar la ley. «El Gobierno catalán -agregó- se adaptará a estas decisiones». Por tanto, a pesar de que no descarta el decreto como opción última, se inclinó por que la ley pase por la Cámara, como pide sobre todo la CUP.

La del miércoles se prevé una jornada de vértigo. Con el Constitucional reunido de urgencia por lo que pueda pasar, la Cámara autonómica debatirá presumiblemente, votará y aprobará la ley en pocas horas, y, en cuanto la norma salga en el Diario Oficial de la Generalitat, Puigdemont firmará el decreto de convocatoria. Tanto él, que tiene cinco advertencias del Constitucional de que no puede tomar ninguna iniciativa que ponga en marcha el referendo, como Forcadell y los miembros soberanistas de la Mesa de la Cámara habrán cruzado el Rubicón, con el riesgo de ser demandados.

Están dispuestos a asumir las consecuencias, sean las que sean, en palabras de Forcadell, y avisan de que los recursos y las querellas no lograrán frenar el proceso. Desde Copenhague, el presidente de la Generalitat acusó al Gobierno central de ser «poco realista» por pensar que la estrategia judicial detendrá «un proceso que se viene musculando desde hace seis años». El Estado «no tiene fuerza suficiente» para parar el referendo, remató en la misma línea Forcadell.

Montoro dice que Junqueras certifica cada semana que la Generalitat «no destina un euro» al referendo

Europa Press

Asegura que el Gobierno catalán está cumpliendo con la obligación que se le impuso de enviar cada semana a Hacienda certificaciones de que no se paga ni con fondos presupuestarios ni extrapresupuestarios nada relativo a la consulta

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha asegurado que es el propio vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Oriol Junqueras, de Esquerra (ERC), quien cada semana firma el certificado que recibe el Gobierno de que «no se destina un euro» a la organización del referendo de autodeterminación del 1 de octubre.

En comparecencia en el Congreso, el ministro ha explicado que la Generalitat está cumpliendo puntualmente con la obligación que se le impuso en julio de enviar cada semana a Hacienda certificaciones de que no se paga ni con fondos presupuestarios ni extrapresupuestarios nada relativo al referendo, firmadas por varios consejeros y por el propio vicepresidente, «que da fé» por todos los departamentos, entidades autónomas, entidades del sector público, de la Dirección General de Presupuestos, de la del Tesoro y de la Intervención General.

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