Los secesionistas amenazan primero con un decretazo y después, con el desacato

Si el Gobierno central quiere frenar el referendo ilegal deberá ir pensando en alguna alternativa que vaya más allá de recurrir al Tribunal Constitucional. De entrada, los secesionistas juegan al despiste con las fechas y el procedimiento para aprobar la ley del referéndum, hasta el punto de que ayer dejaron entrever incluso la posibilidad de que lo apruebe directamente la Generalitat mediante un decreto ley en un intento de ganar tiempo en su intento de burlar al Constitucional. Y, además, el Ejecutivo catalán fue ayer más explícito que nunca y advirtió por partida doble de que desobedecerá la decisión del tribunal cuando anule la ley del referendo, sea cual sea el procedimiento por el que sea aprobada. Lo hizo el presidente de la Generalitat y lo hizo su portavoz, tras la primera reunión del Gobierno después de las vacaciones, en la que el independentismo dio un paso más hacia la colisión. «Si el Estado nos impide el referendo, iremos a votar», afirmó Carles Puigdemont. El consejero de la Presidencia, Jordi Turull, fue aún más expeditivo: «El Gobierno catalán será absolutamente leal al mandato que salga del Parlamento catalán. Obedeceremos a la Cámara catalana, con todas las consecuencias». Una desobediencia que exigía la CUP y ante la que el PDeCAT era remiso, y Esquerra, ambigua.

A poco menos de un mes de la consulta ilegal, y sin que aún se conozca cómo y cuándo aprobarán Junts pel Sí y la CUP la ley del referendo, lo que sí se sabe es que el Ejecutivo catalán está preparado para ir a una confrontación directa. Al menos eso es lo que avisa. Ya no se trata de acumular fuerzas para una hipotética negociación posterior al 1 de octubre, sino que la Generalitat, y en especial el PDeCAT y Esquerra, han comprometido su crédito político a seguir hasta el final con el referendo ilegal y a no detenerse digan lo que digan los tribunales. Llevan meses amagando con la desobediencia, ya que el primer pronunciamiento en este sentido fue la declaración de soberanía del 9N del 2015, según la cual Junts pel Sí y la CUP iniciaron el proceso de creación de la república catalana y proclamaron que el Parlamento catalán «no se supeditará a las decisiones del Tribunal Constitucional». Pero con posterioridad, esa firmeza cayó en el olvido.

Lo que hace dos años fue una declaración de intenciones se hará efectivo en las próximas semanas, en cuanto la Cámara catalana apruebe la ley del referendo y el Gobierno catalán firme el decreto de convocatoria de la consulta ilegal, que serán suspendidos por el Constitucional previo recurso del Gobierno de Mariano Rajoy. «No nos movemos en términos de desobedecer o no acatar, lo que obedeceremos es el mandato de los ciudadanos y el Parlamento porque eso es la democracia», aseguró Turull.

Desde la CUP describieron la situación de una manera gráfica: «El Constitucional va a trabajar intensamente estos días, serán horas perdidas», según la diputada Mireia Boya. Los antisistema están encantados por haber impuesto su tesis a sus socios y contemplan un escenario casi revolucionario para los próximos meses. «Habrá ley de transitoriedad si el pueblo la defiende, primero votando en el referéndum y después en la calle defendiendo el resultado», dijo otra parlamentaria, Gabriela Serra.

Proceso más largo

Después de las destituciones de consejeros y altos cargos en julio, la determinación del secesionismo con el referendo ilegal es absoluta, aunque empiezan a reconocer que el tiempo se les echa encima. El 1 de octubre habrá urnas, colegios abiertos y papeletas, aseguraron ayer tanto Puigdemont como Turull. El compromiso del presidente de la Generalitat, según afirmó en una entrevista con ciudadanos en Facebook, es organizar una votación «políticamente vinculante». De tal manera que si gana el sí, se aplicará la ley de transitoriedad y se pondrá en marcha un proceso de ruptura que prevé «corto» si el Gobierno central se sienta a negociar, pero «más largo» si pone trabas. En cualquier caso, Puigdemont emplazó a Rajoy a sentarse a hablar a partir del 2 de octubre sobre los términos de la «transición» hacia la independencia. También dijo que si el Gobierno central hubiera aceptado el pacto fiscal que propuso Mas o que si se hubiera respetado el Estatuto, Cataluña no estaría en la situación en la que se encuentra, a punto de entrar en colisión con el resto de España. Puigdemont confirmó además que, según sus previsiones, en cuanto convocara las supuestas elecciones constituyentes, en torno a la primavera del año que viene, se apartará de la primera fila política.

Enfrentamiento sobre el calendario y la convocatoria

C. R.

La Abogacía del Estado ya prepara los recursos para frenar las leyes de ruptura

N. v.

Registrada este lunes en el Parlamento catalán la ley de transitoriedad de Junts pel Sí y la CUP, la Abogacía del Estado ha comenzado a examinar el texto en previsión de que el Gobierno resuelva interponer un recurso de inconstitucionalidad que frene su tramitación parlamentaria. Fuentes de la Moncloa recuerdan que, por ahora, la presentación del marco legal para separar Cataluña de España no pasa de ser un anuncio más del bloque secesionista sin ningún valor jurídico. Pero del mismo modo garantizan que una vez se active el proceso para su aprobación, el Ejecutivo actuará de inmediato para dejar la norma sin efecto. Los servicios jurídicos del Estado ya procedieron del mismo modo el pasado julio, cuando los partidos independentistas registraron en la Cámara autonómica la ley del referéndum. En realidad, el recurso, según el Ejecutivo, está listo desde hace semanas, pero no se dará ningún paso en falso mientras el Parlamento catalán mantenga paralizados los dos textos legales.

Fuentes del PP dan por sentado que tanto la ley del referendo como la de transitoriedad quedarán suspendidas de inmediato. El secretario general de los populares en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro, advirtió de que «no entrarán en vigor ni tendrán ningún efecto político ni jurídico».

PSOE: retirar las urnas

En esta estrategia, que pasa por cerrar el paso a la Generalitat en los tribunales, Rajoy cuenta con el respaldo tanto del PSOE como de Ciudadanos. Con ambas formaciones, así como con los socialistas catalanes, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría mantiene contacto permanente y, según ha dicho ella misma en numerosas ocasiones, los dos partidos están puntualmente informados de cada decisión que se toma en la Moncloa para afrontar el reto secesionista. La portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, argumentó ayer que «un partido con vocación de gobierno» debe respaldar al Ejecutivo en la defensa de la legalidad. E incluso se mostró partidaria de «retirar las urnas» de las calles si el 1 de octubre la Generalitat cometiese un delito con la celebración del referendo. «Si el Tribunal Constitucional se pronuncia, la política, como respetuosa que tiene que ser con el Estado de derecho, tiene que aceptar lo que diga el tribunal», anticipó, aun matizando que habrá que ver cómo procede el Gobierno catalán.

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