Los independentistas esconden la ley del referendo para intentar burlar al Gobierno
ESPAÑA
El Ejecutivo y el Constitucional, preparados para frenar hoy su trámite si es necesario
16 ago 2017 . Actualizado a las 05:00 h.El Parlamento catalán reabre hoy sus puertas tras el paréntesis estival para encarar la recta final de lo que pretende ser la ruptura con el resto de España. Lo hará con todas las miradas puestas en la Mesa de la Cámara que celebra la primera reunión del curso político sin que, de momento, tenga en el orden del día abordar la admisión a trámite de la proposición de ley que debe amparar el referendo previsto para el 1 de octubre, y que previsiblemente se aprobará en el primer pleno ordinario del 6 de septiembre La inclusión de la norma en la agenda del órgano rector del Parlamento catalán se daba por hecho después de que Junts pel Sí y la CUP la registraran a finales de julio. Por regla general, todas las leyes inscritas en la Cámara autonómica son valoradas en la primera convocatoria de la Mesa que se celebre. Un funcionamiento que, en esta ocasión, su presidenta, Carmen Forcadell ha ignorado, si bien el orden del día podría ampliarse en el último momento, aunque tampoco se descarta que se aplace para más adelante.
Por el momento, el bloque soberanista guarda sus cartas y un total secretismo sobre los plazos de la tramitación de la normativa que daría el supuesto paraguas legal para la consulta secesionista. Carles Puigdemont y sus socios tratan de evitar así que el Gobierno central pueda truncar sus planes. El Ejecutivo de Mariano Rajoy tiene decidido recurrir de inmediato la tramitación parlamentaria de dicha norma en caso de que la Mesa del Parlamento de Cataluña decida dar hoy el primer paso. La reunión extraordinaria del Consejo de Ministros que el presidente ha convocado para hoy por la tarde para analizar la crisis de la huelga del aeropuerto de El Prat podría servir también para aprobar la presentación de un recurso de inconstitucionalidad.
Un recurso que el Tribunal Constitucional podría llegar incluso a valorar esta misma tarde. Los doce magistrados que integran el pleno del alto tribunal han interrumpido sus vacaciones para responder al recurso que la Generalitat presentó contra la suspensión de la reforma del reglamento del Parlamento catalán, de forma que pudiera tramitar de forma exprés el plebiscito. Todo indica que el alto tribunal rechazará la pretensión del Gobierno de Puigdemont, como ya hizo en un auto referido a la consulta independentista del 9 de noviembre del 2014.
Pero el impulso a la ley del referendo no tendría por qué llegar necesariamente de la mano de la Mesa que preside Forcadell. Existen otros atajos parlamentarios con los que el soberanismo podría colar por la puerta de atrás dicha norma. Uno de ellos, el que suena con más fuerza, sería acogerse al artículo 83.1 del reglamento, que permite alterar el orden del día del pleno si así se acuerda, a petición de dos grupos parlamentarios o una quinta parte de los diputados -Junts pel Sí y la CUP suman mayoría absoluta con 71 diputados de 135-. La ley no requeriría haber sido admitida a trámite por el órgano rector, ya que el precepto precisa que si «hay un acuerdo explícito por mayoría absoluta», el proyecto de ley se podría incluir sin necesidad de ello.
Vías alternativas
No sería la primera vez que se utilizar esta fórmula para votar una propuesta no prevista inicialmente en el pleno. Hace unas semanas se modificó para votar dos iniciativas de la CUP y Catalunya Sí que es Pot en las que se instaba al Ejecutivo catalán a presentar acusación en el caso Palau, relativo a la supuesta financiación irregular de la antigua Convergència. En todo caso, este mecanismo permitiría al Gobierno de Puigdemont mantenerse en la idea que quiere instalar de que no desobedece a los tribunales, sino que obedece al Parlamento autonómico, tal y como declaró la semana pasada el consejero de Territorio, Josep Rull.
Otras de las opciones que Junts pel Sí y la CUP podrían considerar sería fiarla a que la presente el Gobierno de Puigdemont como proyecto de ley, ya que los plazos de aprobación son más cortos y podría reclamarse el procedimiento de lectura única sin desobedecer ninguna suspensión del Constitucional. La última, es la posibilidad de que el Ejecutivo catalán tire de decreto ley, una vía aún más rápida porque entraría en vigor el día después de su publicación en el BOE catalán. Sea cual sea la vía elegida, el Gobierno la recurrirá inmediatamente.
El PP descarta aplicar el artículo 155 de la Carta Magna
A menos de dos meses para el 1 de octubre, los dirigentes del PP insisten en que el Gobierno no permitirá la celebración del referendo independentista que pretende convocar para esa fecha la Generalitat. El portavoz en el Congreso, Rafael Hernando, garantizó ayer que el Estado de derecho tiene «distintos mecanismos» para defenderse y para contrarrestar el proceso soberanista en Cataluña. El dirigente popular descartó definitivamente que entre esos mecanismos el Ejecutivo baraje la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Según explicó Hernando en una entrevista a Europa Press, recurrir a este artículo «en estos momentos» ya no resolvería la situación, tanto por razones de tiempo como de tipo jurídico.
Apuesta por otras fórmulas, en su opinión «más oportunas y realistas» para frenar el desafío soberanista. Así, la vía por la que el Gobierno de Mariano Rajoy apostaría -y en la que juega un papel destacado el Tribunal Constitucional- sería la de movilizar al aparato judicial para que sean los tribunales los que respondan al «incumplimiento de la ley» o decidan si se cometen delitos «como el de sedición o sublevación» ante el orden jurídico. Sendas faltas que podrían tener consecuencias penales y políticas para sus promotores. «Nosotros estaremos respaldando las medidas que sean razonables y eviten esa situación», insistió Hernando. A este respecto, el portavoz parlamentario del PP remarcó los casos del expresidente de la Generalitat Artur Mas y del exconsejero Francesc Homs, condenados por la consulta del 9N, además del proceso abierto contra la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y los miembros de la Mesa de la Cámara autonómica.
Hernando cerró así la posibilidad de que el PP aproveche su mayoría absoluta en el Senado para aplicar por primera vez este artículo de la Carta Magna, que permite «obligar» a un Gobierno autonómico al «cumplimiento forzoso» de sus obligaciones, pero no precisa cómo.
Machado, Goya, Larra, Quevedo y hasta La Pasionaria, fuera del callejero por españoles
T. N.
La cruzada antiespañola en algunos sectores independentistas catalanes ha llegado al extremo de que se cuestiona a algunos de los más destacados representantes de la cultura española. Un informe elaborado a propósito de la ley de memoria histórica sobre el callejero de Sabadell, la quinta ciudad más poblada de Cataluña, incorpora propuestas tan polémicas como la de retirar el nombre de Antonio Machado de una plaza porque se trata de un poeta «españolista y anticatalanista». Por esta o similares razones, como la de «ser hostil a la lengua, cultura y nación catalanas» o la de representar «el modelo seudocultural franquista», en el informe se propone retirar del nomenclátor de la ciudad a Goya, Luis de Góngora, José de Espronceda, Ramón de Campoamor, Tirso de Molina, Leandro Fernández de Moratín, Tirso de Molina y Mariano José de Larra, Quevedo, e incluso a Dolores Ibarruri la Pasionaria y Rafael de Riego, autor del himno de la república.
El autor del informe, por el que el Ayuntamiento de Sabadell ha pagado 600 euros, es Josep Abad, un historiador afiliado a la Asamblea Nacional Catalana, que en su momento llegó a escribir que «los dirigentes españoles tienen muy claro que los catalanes no son españoles sino que son una colonia, y como tal son tratados».
Críticas generalizadas
El alcalde de la ciudad, Maties Serracant, de la CUP, que gobierna en una coalición con ERC, se vio obligado a salir al paso de la polémica para asegurar que «Machado se queda, lo que es necesario eliminar del nomenclátor son los nombres de fascistas». El consistorio argumentó que el informe de Abad tenía como objetivo «disponer de una radiografía del nomenclátor del municipio» y que, en ningún momento, se ha hecho una «propuesta con nombres concretos». Sin embargo, sí ha sido enviado tal cual a las entidades locales para que lo informen antes de pasar a discusión en el pleno con vistas a la aprobación final.
La oposición reaccionó con dureza y exigió no solo la retirada del informe sino, incluso, la dimisión de la concejala que lo encargó, Montserrat Chacón, por no retirarlo, y que no se pague un estudio adjudicado sin concurso y que ha sido elaborado con criterios «excluyentes y carentes de rigor», según Ciudadanos, y es un ejemplo de la «españofobia más absurda», según el PP.