El apoyo de la CUP a la violencia contra el turismo divide a los independentistas

Gonzalo Bareño Canosa
Gonzalo Bareño MADRID / LA VOZ

ESPAÑA

Los antisistema elevan la presión sobre la Generalitat a medida que se acerca el 1-O

02 ago 2017 . Actualizado a las 08:43 h.

A dos meses del 1 de octubre, fecha anunciada para la celebración del ilegal referendo independentista en Cataluña, la presión creciente de los radicales antisistema de la CUP sobre el Gobierno catalán está creado disensiones entre los soberanistas. El Ejecutivo de Carles Puigdemont se vio obligado ayer a desmarcarse claramente de la campaña de ataques violentos al turismo perpetrados en los últimos días por Arran, organización juvenil de la CUP, respaldados por la dirección de este partido, que da sustento parlamentario a Puigdemont. El consejero de Presidencia de la Generalitat, Jordi Turull, condenó «sin matices» esa campaña, aunque precisó que no tiene relación con el proyecto soberanista. «No tiene nada que ver con el proceso. El proceso político que vive Cataluña es absolutamente pacífico. Este ataque no responde a una estrategia o a una dinámica del proceso», señaló el consejero. 

La «violencia» de la Generalitat

Después de atacar un autobús turístico de Barcelona, los jóvenes de la CUP pincharon las ruedas de numerosas bicicletas de alquiler en la Ciudad Condal, en una acción que fue además grabada en vídeo, reivindicada y difundida en las redes sociales por Arran.

El Gobierno catalán no descarta emprender «acciones legales» por los daños ocasionados, pero de momento Turull se limitó a pedir «por favor» a Arran que «se replantee este tipo de acciones, del todo condenables». «Si consideran que hay violencia, cosa que nosotros no compartimos, la violencia con más violencia no se arregla». Turull se refería así a las declaraciones de la diputada de la CUP Mireia Boya, que defendió el vandalismo ejercido contra el turismo y arremetió contra la Generalitat. «Siempre nos pedís a nosotros que renunciemos a la violencia, cuando la violencia también la provoca el Govern», señaló. A pesar de lo señalado por Turull, la CUP ligó estas acciones al proceso independentista. Boya denunció la «política neoliberal» del consejero de Empresa y Conocimiento, Santi Vila, y le exigió que se comprometa a «poner fin a toda la política neoliberal hasta después del 1 de octubre», fecha del referendo.

«El modelo económico es violencia pura», insistió Boya, que justificó así unos ataques que Arran considera actos de «autodefensa». La CUP Capgirem Barcelona, grupo de esta formación en el Ayuntamiento, expresó su apoyo a los miembros de la organización juvenil que protagonizan los actos contra el turismo «ante los intentos de criminalización por parte de personas y partidos». En un comunicado, mostraron su rechazo al hecho de que el Ayuntamiento se persone como acusación. El alcalde accidental, Jaume Collboni, del PSC, consideró sin embargo «gravísimo» que se justifiquen estas acciones, advirtió de que en democracia «hay una línea roja que nunca se tiene que cruzar» y anunció acciones legales. 

Apuesta por la desobediencia

Paralelamente a esa agitación en la calle, la CUP presiona a la Generalitat para que acelere el desafío independentista. La propia Mireia Boya apostó ayer por «desobedecer» al Tribunal Constitucional para celebrar el referendo independentista el 1 de octubre pese a la prohibición del alto tribunal, y dijo esperar que «a nadie le tiemblen las piernas en los momentos decisivos que vendrán a partir de finales de agosto». Aseguró que la vía que ha suspendido el Constitucional, la de la reforma del reglamento del Parlamento catalán, no era la que más gustaba a la CUP. «Nos gusta mucho más el hecho de desobedecer», señaló, porque «no reconocemos este derecho español que se aplica de una forma muy interesada y muy aleatoria».

Una fuerza radical que se aprovecha de las debilidades del proceso soberanista

Toni Albir | EFE

La presión de la CUP sobre la Generalitat y sobre Junts pel Sí en momentos políticos clave no es nueva. El giro independentista de Artur Mas llevó a la paradoja de que este grupo antisistema, que con diez escaños es el que menos diputados tiene en el Parlamento catalán, tenga la llave de prácticamente todo lo que sucede en Cataluña desde las pasadas elecciones. Fueron ellos los que obligaron a Artur Mas a renunciar a la presidencia de Cataluña, negándose a darle sus votos, imprescindibles para la investidura. Esa situación ha provocado tensión en el PDeCAT, heredero de CDC, en donde los sectores más conservadores rechazan que un Gobierno encabezado por un partido que siempre ha sido liberal en lo económico se vea condicionado por las imposiciones de una fuerza radical, antisistema, asamblearia y políticamente impredecible, por más que compartan el objetivo de la independencia. La CUP es una organización de extrema izquierda surgida en 1979, aunque no se registró como partido hasta 1987, siendo considerada como sustituta del Moviment de Defensa de la Terra (MDT), que fue el brazo político de la banda terrorista Terra Lliure. De esos orígenes, del municipalismo y del movimiento okupa se nutren la mayoría de sus cuadros, que han sabido explotar la debilidad política del PDeCAT y de Carles Puigdemont para forzarlo a apostar por la vía independentista más radical.