Rajoy garantiza que no habrá consulta el 1-O y ofrece recuperar la normalidad

Gonzalo Bareño Canosa
Gonzalo Bareño MADRID / LA VOZ

ESPAÑA

SERGIO PEREZ | Reuters

Recurre ante el Constitucional contra la ruptura exprés de Cataluña con España

29 jul 2017 . Actualizado a las 13:55 h.

«El Gobierno vela por la legalidad y defiende las instituciones autonómicas catalanas y a sus funcionarios, que no pueden ser utilizados en una actuación contraria a derecho». Mariano Rajoy justificó este viernes de esa manera el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Ejecutivo, tras consultar al Consejo de Estado, contra la reforma del reglamento del Parlamento catalán que facilita la ruptura inmediata con España. Lo que pretende la Generalitat con esa maniobra, según Rajoy, es «aprobar por trámite de urgencia y sin las más elementales garantías democráticas las leyes con las que se pretende liquidar la soberanía nacional, la Constitución y el propio Estatuto». Y en ese empeño, según dijo, «se puede estar vulnerando el derecho de participación política de la minoría parlamentaria».

Confía en el apoyo de Sánchez

Durante una rueda de prensa en la Moncloa en la que hizo balance de su gestión política antes de irse de vacaciones, Rajoy explicó que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, comunicó previamente la presentación del recurso a sus interlocutores en el PSOE y en Ciudadanos. Pese a las acusaciones de inmovilismo sobre Cataluña que le lanza Pedro Sánchez, y al rechazo del PSOE a medidas como la amenaza de paralizar el crédito a Cataluña si vulnera la ley, Rajoy está convenido de que en las «decisiones importantes» habrá total acuerdo con los socialistas.

Y ante el creciente desafío del presidente catalán, Carles Puigdemont, volvió a ser contundente al asegurar que el 1 de octubre «no habrá referendo de autodeterminación porque es ilegal y va contra la arquitectura institucional de Cataluña». Aun así, insistió en que mantiene la disposición al diálogo con el único margen de que la soberanía nacional no puede discutirse. «Nadie puede pretender que negocie la ruptura de una Constitución que no es patrimonio mío, ni del Gobierno, ni siquiera del Parlamento; es del conjunto de todos los españoles», señaló.

El Gobierno está convencido de que el Constitucional invalidará las leyes que facilitarían la independencia exprés y que, por tanto, el referendo no podrá celebrarse. Su hipótesis es que, ante ese bloqueo, la Generalitat acabará convocando unas nuevas elecciones autonómicas, que podrían hacerse coincidir con la fecha del 1 de octubre. Pero Rajoy no quiso aventurar este viernes en público esa posibilidad. Señaló que a él nunca le ha gustado adelantar los comicios y que la fecha de las elecciones catalanas es facultad exclusiva de Puigdemont.

Radicalismo y exageración

En todo caso, el tiempo para esa solución que evitaría un conflicto de gravísimas consecuencias se agota, porque el plazo máximo para que las elecciones se convoquen para el 1 de octubre es el 8 de agosto, dentro de poco más de una semana. Rajoy se mostró indirectamente optimista y puso ya la vista en lo que ocurrirá al día siguiente del 1 de octubre, asegurando que será necesario «recuperar la normalidad». «Mesura, moderación y sentido común, eso es lo que tiene que venir después del 1 de octubre», dijo, y añadió que ya ha hablado sobre ese escenario, sin concretar nada con el socialista Pedro Sánchez y con otros dirigentes.

Lo que al Gobierno no le parece normal es que un presidente autonómico como Carles Puigdemont anticipe que va a desobedecer al Tribunal Constitucional y a incumplir las leyes, porque eso es «una muestra de radicalismo y una exageración». Algo, que, según dijo, «no puede ocurrir en un país civilizado». No se puede consentir que haya gobiernos que se salten la ley, explicó, porque entonces «¿con qué autoridad se le puede decir un ciudadano que cumpla la ley?».

El Constitucional decidirá el lunes si para la reforma del Parlamento catalán

El pleno del Tribunal Constitucional se reunirá el lunes, a las 17.30 horas, para decidir si admite o no a trámite el recurso presentado este viernes por el Gobierno contra la reforma del reglamento del Parlamento de Cataluña. La admisión a trámite del recurso, avalado el jueves por un dictamen unánime del Consejo de Estado, conllevará también la suspensión automática del artículo diseñado por Junts pel Sí y la CUP para poder tramitar por la vía de urgencia las llamadas leyes de desconexión y, por lo tanto, dejará a la Generalitat sin la pretendida cobertura legal a la consulta. En el supuesto de que la Generalitat haga efectiva su amenaza de desobedecer esta decisión del Tribunal Constitucional, al Gobierno ya prácticamente solo le quedaría el recurso del artículo 155 de la Constitución. Fuentes de Moncloa no descartan su aplicación pero abogan por «no anticipar escenarios». Además, en el PSOE varias voces se han alzado en contra del uso de ese precepto constitucional.

Oriol Junqueras desafía a Hacienda y se niega a identificar a los interventores de la Generalitat

A. A.

Quique García | Efe

La Generalitat se niega a levantar el pie del acelerador en su desafío. No importa el ámbito en el que se le requiera desde el Estado central un paso atrás, ya sea el judicial, el político o el económico. El enésimo pulso entre administraciones se ha dado a raíz del requerimiento del Ministerio de Hacienda para que el Gobierno catalán certifique semanalmente sus gastos, una medida destinada a que Madrid pueda comprobar que ni un solo euro de dinero público va a parar a los preparativos de la consulta. El consejero de Economía y líder de Esquerra, Oriol Junqueras, cumplió este viernes con la obligación a medias. Sí envío los números al departamento que dirige Cristóbal Montoro, pero se negó a revelar el nombre de los interventores que realizaron este informe. Precisamente conocer a los autores de la auditoría es una de las exigencias de Hacienda, que el pasado jueves envió un requerimiento a la Generalitat en el que se la conminaba a dar esta información.

Pero Junqueras ha hecho caso omiso del ultimátum. En una carta dirigida este viernes a Montoro, notifica que él se hace cargo de toda la responsabilidad respecto a los certificados que se remitan. «En tanto que superior jerárquico de la interventora general, he asumido, y así se lo he comunicado, las funciones de recepción de los requerimientos de información que a aquella le puedan ser efectuados», afirma el consejero de Economía en la misiva.

Hacienda no esta dispuesta a ceder ante las maniobras de la Generalitat, no tanto porque sospeche que se están desviando fondos para la consulta sino porque la desobediencia de Junqueras supone un nuevo desafío directo al Gobierno central. Es más, según reconoció Montoro el pasado jueves, su departamento conoce a la perfección las identidades de los interventores, los mismos que ya elaboraban los certificados de gasto de forma mensual antes de que el Gobierno central decidiese estrechar el cerco sobre la Generalitat. Pero exige que se cumpla hasta la última formalidad, y la firma de los interventores en la documentación es una de ellas.

Código tributario

En el frente legislativo, las fuerzas independentistas aprobaron este viernes, con los votos favorables de Junts pel Sí y de la CUP, la ley del código tributario de Cataluña, embrión de una futura hacienda propia. Aunque es un primer paso en los planes secesionistas para la desconexión, la norma no desafía directamente al Estado, ya que se ha diseñado de forma minuciosa para que no desborde los límites del Estatuto de Autonomía ni la legislación vigente. El propósito es llevar a cabo una modificación en el futuro, esta ya sí con contenidos que exceden la Constitución. «Es una ley importante para el despliegue de la futura hacienda catalana», reconoció el consejero Lluís Salvadó.

El siguiente paso hacia la independencia se dará el lunes con el registro en el Parlamento autonómico de la ley del referendo, que entre otras cosas establece que se podrá declarar la independencia en 48 horas de imponerse el sí el 1 de octubre y no fija un mínimo de participación para dar validez a la consulta. En un gesto para la galería, los 71 diputados de Junts pel Sí y de la CUP estamparon su firma en el texto. La ley no se comenzará a tramitar hasta que sea admitida por la mesa de la Cámara autonómico, el próximo día 16. Se trata de una de las normas que las fuerzas secesionistas tienen intención de aprobar por la vía exprés con la reforma del Parlamento.