Mas, conminado a pagar de su bolsillo lo que gastó ilegalmente en el referendo

La convocatoria del referendo ilegal de independencia del 9 de noviembre del 2014 puede salirle caro a Artur Mas. No solo en términos jurídicos, sino también económicos. El Tribunal de Cuentas ha abierto un procedimiento por el cual se exigirán al ex presidente catalán, ya inhabilitado para ejercer cargos públicos, y a sus colaboradores en la convocatoria de aquella consulta, el pago de los más de cinco millones de euros que le costó al erario público la celebración de ese referendo. La Generalitat presentó un recurso para frenar la apertura de este proceso, pero el tribunal ya ha notificado a las partes el rechazo del escrito. Y, en otro auto, de la que es responsable la consejera del órgano de fiscalización Margarita Mariscal de Gante, insta al nombramiento de un delegado instructor para que, de acuerdo con la ley, requiera a los presuntos responsables de aquel acto ilegal para que depositen el importe de lo gastado irregularmente, además de los intereses correspondientes. En caso de no abonar esa cantidad o una fianza que la cubra, serán apercibidos de embargo de sus bienes y cuentas corrientes.

El instructor que se nombre deberá determinar en qué partidas presupuestarias se produjeron anomalías debido a la celebración de la consulta del 9N y qué cantidades de lo gastado tendrían que devolver al erario público los responsables. El Tribunal de Cuentas acelera así los trámites de este procedimiento, de manera que Artur Mas y sus colaboradores podrían tener que hacer frente a los gastos ocasionados por aquella consulta antes de que llegue la fecha del 1 de octubre, en la que la Generalitat tiene previsto celebrar otro referendo, igualmente prohibido por el Tribunal Constitucional y que por tanto acarrearía consecuencias similares para sus organizadores y responsables. 

Daño a los fondos públicos

Además de a Artur Mas, la medida afectaría a las exconsejeras de la Generalitat Irene Rigau y Joana Ortega, y al exconsejero Francesc Homs, que deberían responder con su propio patrimonio. Los cuatro fueron condenados ya por un delito de desobediencia, pero no fueron acusados de malversación. La decisión del Tribunal de Cuentas es ahora consecuencia de una denuncia que interpusieron en su día tres asociaciones contrarias al referendo -Sociedad Civil Catalana, Acción Cívica y Cultural y Abogados Catalanes por la Constitución- contra los dirigentes políticos que, a pesar de las advertencias del Tribunal Constitucional, desobedecieron a los magistrados y siguieron adelante con la consulta. La apertura de diligencias obtuvo el respaldo de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas.

En su auto, Mariscal de Gante, que fue ministra de Justicia en el primer Gobierno de José María Aznar, considera que en la denuncia interpuesta se identifica «de manera suficientemente precisa unos hechos de los que pudiera haber derivado un daño a fondos públicos generador de responsabilidad contable». En esa denuncia se especifica que se para celebrar aquella consulta ilegal se gastaron 14.837 euros en la web del referendo; 70.532,08 euros en papeletas y sobres; 2,8 millones de euros en ordenadores portátiles; 828.171,42 euros en publicidad institucional; 1.409,26 euros en el seguro para los voluntarios; 1,1 millones de euros en apoyo informático y 307.962,71 euros en envío de información.

C's presenta en la Cámara catalana una moción en la que pide convocar ya elecciones

La Cámara catalana votará en el pleno de la semana que viene una moción de Ciudadanos en la que se insta al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a convocar «de manera inmediata» unas elecciones autonómicas en Cataluña dado el «fracaso en la consecución de los objetivos independentistas». El texto se someterá a votación en el último pleno antes de las vacaciones de verano.

En la moción, Ciudadanos constata el «fracaso en la consecución de los objetivos independentistas» que Puigdemont «se había fijado en el plazo de 18 meses». Según Ciudadanos, «en este período de tiempo la trayectoria del Gobierno de la Generalitat ha estado dominada por la orientación hacia un referendo ilegal que no se podrá celebrar y no hacia los auténticos problemas del día a día de los catalanes».

El expresidente de la Generalitat asegura que no tiene tanto dinero

El expresidente de la Generalitat Artur Mas consideró ayer «insólito e impresentable» que el Tribunal de Cuentas haya dado un paso más para que él pague los gastos de la consulta soberanista del 9N y aseguró que no tiene el «dinero suficiente» para hacer frente a esa condena. Mas, que ya fue condenado a dos años de inhabilitación por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por su papel en el 9N, considera que la actuación del Tribunal de Cuentas «no es presentable desde el punto de vista de un Estado de derecho». «La gente que hicimos el 9N -argumentó- ya hemos sido juzgados por la vía penal, pero no se nos condenó por el delito de malversación de fondos públicos. ¿Ahora nos quieren volver a juzgar por algo que ya ha sido juzgado? Esto demuestra que España es un Estado de no derecho», protestó el expresidente catalán.

Por su parte, la diputada de JxSí y exconsejera de Enseñanza, Irene Rigau, también fue muy crítica con la decisión y afirmó que «España es un Estado fracasado que no ha sabido crecer democráticamente». Acusó al Tribunal de Cuentas de tratar de infundir miedo a la gente con decisiones como la de ayer, pero advirtió: «Ante el miedo, ilusión. La sonrisa no nos la quitarán. A mí tampoco».