La convocatoria del referendo ilegal de independencia del 9 de noviembre del 2014 puede salirle caro a Artur Mas. No solo en términos jurídicos, sino también económicos. El Tribunal de Cuentas ha abierto un procedimiento por el cual se exigirán al ex presidente catalán, ya inhabilitado para ejercer cargos públicos, y a sus colaboradores en la convocatoria de aquella consulta, el pago de los más de cinco millones de euros que le costó al erario público la celebración de ese referendo. La Generalitat presentó un recurso para frenar la apertura de este proceso, pero el tribunal ya ha notificado a las partes el rechazo del escrito. Y, en otro auto, de la que es responsable la consejera del órgano de fiscalización Margarita Mariscal de Gante, insta al nombramiento de un delegado instructor para que, de acuerdo con la ley, requiera a los presuntos responsables de aquel acto ilegal para que depositen el importe de lo gastado irregularmente, además de los intereses correspondientes. En caso de no abonar esa cantidad o una fianza que la cubra, serán apercibidos de embargo de sus bienes y cuentas corrientes.
El instructor que se nombre deberá determinar en qué partidas presupuestarias se produjeron anomalías debido a la celebración de la consulta del 9N y qué cantidades de lo gastado tendrían que devolver al erario público los responsables. El Tribunal de Cuentas acelera así los trámites de este procedimiento, de manera que Artur Mas y sus colaboradores podrían tener que hacer frente a los gastos ocasionados por aquella consulta antes de que llegue la fecha del 1 de octubre, en la que la Generalitat tiene previsto celebrar otro referendo, igualmente prohibido por el Tribunal Constitucional y que por tanto acarrearía consecuencias similares para sus organizadores y responsables.
Daño a los fondos públicos
Además de a Artur Mas, la medida afectaría a las exconsejeras de la Generalitat Irene Rigau y Joana Ortega, y al exconsejero Francesc Homs, que deberían responder con su propio patrimonio. Los cuatro fueron condenados ya por un delito de desobediencia, pero no fueron acusados de malversación. La decisión del Tribunal de Cuentas es ahora consecuencia de una denuncia que interpusieron en su día tres asociaciones contrarias al referendo -Sociedad Civil Catalana, Acción Cívica y Cultural y Abogados Catalanes por la Constitución- contra los dirigentes políticos que, a pesar de las advertencias del Tribunal Constitucional, desobedecieron a los magistrados y siguieron adelante con la consulta. La apertura de diligencias obtuvo el respaldo de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas.
