Federic Aran deja su cargo por lealtad al exconsejero Jordi Jané, que renunció el viernes. El Gobierno catalán reactiva la compra de urnas para el 1-O
18 jul 2017 . Actualizado a las 14:07 h.El director del servicio de emergencias 112, Federic Aran, también ha dimitido de su cargo en la Consellería de Interior por lealtad al exconsejero Jordi Jané, que renunció el pasado viernes. Aran se reunió anoche con el nuevo consjero de Interior, Joaquim Forn, y le comunicó su dimisión por motivos personales y profesionales y por lealtad a Jané, del ala moderada del PDeCAT, que le nombró hace poco más de dos años, después de que este abandonara el Gobierno el pasado viernes, a dos meses y medio de la fecha anunciada por el Ejecutivo catalán para la celebración del referendo del 1 de octubre.
La renuncia del responsable del teléfono de emergencias 112 se suma a la que ayer formalizó por motivos políticos el director de la Policía autonómica Albert Batlle, que hoy será sustituido por Pere Soler Campins.
El Gobierno catalán reactiva la compra de urnas para el 1-O
El Gobierno catalán ha reactivado este martes la compra de urnas para el referendo del 1 de octubre con la aprobación de un decreto que traspasa la competencia en «proceso electorales y consultas populares» al Departamento de Vicepresidencia que lidera Oriol Junqueras -hasta ahora dependía de la Consejería de Gobernación-.
Lo ha explicado en rueda de prensa el nuevo portavoz del Govern y conseller de Presidencia, Jordi Turull, tras la primera reunión del Consell Executiu en la que han debutado los cuatro nuevos miembros del Ejecutivo catalán: el propio Turull, Joaquim Forn, Clara Ponsatí y Víctor Cullell.
Turull ha explicado que, una vez aprobado este decreto, el Gobierno catalán empezará a analizar y compartir los varios itinerarios para adquirir esta urnas, que no ha precisado, y ha asegurado que todo este proceso será «dentro de la ley y la legislación vigente».
Zoido espera que los Mossos no sean obligados a incumplir la ley con su nuevo jefe
Tras la dimisión de Albert Batlle, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha confiado hoy en que los Mossos d'Esquadra cumplan con las obligaciones que tienen asumidas por ley y no sean obligados a incumplirla.
«Sin duda alguna la dimisión ayer del director de los Mossos y la de hoy del director del 112 pone de manifiesto la deriva radical y sus graves consecuencias de la actitud que está tomando la Generalitat», ha dicho Zoido.
Una situación que lamenta «muchísimo» porque «cualquier persona que respete la ley y lo único que quiera es cumplir bien con su trabajo, está siendo obligado a dimitir». «Es muy lamentable», ha apostillado.
De todos modos, Zoido no tiene la menor duda de que los Mossos van a cumplir con su obligación y, de hecho, no se le pasa por la cabeza que «no vayan a ser fieles cumplidores con las obligaciones que tienen asumidas por su condición». Y has enfatizado: «Espero que a nadie se le pase por la cabeza que puedan ser condicionados u obligados a que hagan una cosa distinta de la que la ley les obliga».
A su juicio, la «deriva tan radical» que está tomando el Gobierno de la Generalitat «se está alejando de todo lo que es el sentido común y de la prudencia que cualquier gobernante tiene que tener», es decir, del cumplimiento de la ley y el estado de derecho.
Porque para Zoido, el Gobierno presidido por Carles Puigdemont se está alejando de lo que piensa la sociedad catalana, que «es una sociedad plural, pero al mismo tiempo integradora y respetuosa con el imperio de la ley y el cumplimiento estricto de todas las leyes».
A pesar de las dimisiones y los nuevos cargos, Zoido no contempla otro escenario que ese cumplimiento de la ley y ha dicho que serán los Mossos «quienes tendrán que hacerlo».
Preguntado si el Gobierno central va a actuar si la Generalitat aprueba la compra directa de urnas, Zoido se ha remitido a las actuaciones que se están llevando a cabo en los últimos meses frente a cualquier acto que suponga el incumplimiento de la ley «de una manera flagrante». Cuando sea así, «será sin ninguna duda combatido».
«Que a nadie le quepa la menor duda» de que ante esa «deriva radical» el Gobierno de España estará a la altura y «no hará dejación de funciones».
Al mismo tiempo, mantendrá el diálogo con toda la sociedad catalana y trabajará por resolver los problemas de sus ciudadanos.
