Vaticina que el fracaso de Puigdemont es cuestión de tiempo
18 jul 2017 . Actualizado a las 05:00 h.El Gobierno está convencido de que es cuestión de tiempo que Carles Puigdemont reconozca su fracaso con el referendo independentista. Soraya Sáenz de Santamaría emplazó al presidente catalán a que admita «ahora» o que espere al 1 de octubre para aceptar que es imposible llevar a cabo la consulta. Lo hizo tras finalizar la reunión de seguimiento de la conferencia de presidentes que tuvo lugar ayer en Madrid. La número dos del Ejecutivo se ratificó en que «no se va a celebrar» porque, además de ser ilegal, la Generalitat no va a tener los medios materiales y humanos para hacerla.
Para la vicepresidenta, la dimisión del director general de los Mossos es un síntoma más de la «gravísima dinámica» en que está inmerso el presidente catalán y su número dos al situar a independentistas dispuestos a todo al frente del proceso y prescindir de los altos cargos que se niegan a vulnerar el marco legal. Eso es lo que ha ocurrido, a su entender, con Alberto Batlle, al que se «ha obligado a dimitir por motivos políticos» por la única razón de ser una persona «moderada y sensata» que pretendía «hacer bien su trabajo, respetar la ley y cumplir con su obligación».
Arsenal
Sáenz de Santamaría, que incluyó por primera vez a su interlocutor Oriol Junqueras en el mismo paquete de irresponsabilidad que Puigdemont, volvió a apelar a la «reflexión» de los gobernantes soberanistas para que analicen adónde están llevando a Cataluña. «En cualquier democracia -aseguró- un Gobierno como ese habría durado dos telediarios»; el de Puigdemont, concedió, va a durar «un poquito más», solo hasta que se convenza de que va rumbo «al fracaso».
En la Moncloa albergan la esperanza de que junto a las trabas jurídicas del Constitucional, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y el Tribunal de Cuentas, surtan efecto las carencias humanas y materiales, y el presidente catalán acepte que no tiene con qué ni con quién hacer la consulta. De momento carece de urnas, papeletas y censo, y se enfrenta a serias dificultades para tener colegios electorales por la orden enviada a los alcaldes para que no cedan instalaciones municipales. Tampoco podrá contar con la colaboración de los secretarios de los ayuntamientos, y va a tener difícil que los Mossos se impliquen en las tareas de orden público. «Es el referendo de la nada», suele decir el portavoz Íñigo Méndez de Vigo.
Esas penurias se suman a las actuaciones judiciales impulsadas por el Ejecutivo de Rajoy contra los gobernantes y parlamentarios que participen en los preparativos de la consulta, ya sea con la aprobación de leyes o con la toma de decisiones ejecutivas. El círculo se completa con la ausencia de avales internacionales al proceso soberanista.
Por si todo ese arsenal jurídico, político y material fuera insuficiente, Méndez de Vigo volvió a avisar ayer de que el Gobierno está dispuesto a poner en marcha «todas» las medidas a su alcance para impedir la consulta. Una advertencia que tiene mucho de postureo, porque Rajoy no contempla la aplicación de las medidas legales más drásticas, como pueden ser la inhabilitación de los miembros del Gobierno catalán o la intervención de la Generalitat al abrigo del artículo 155 de la Constitución. El Ejecutivo de Rajoy, además, tiene confianza en que los Mossos no van a cambiar su postura de respeto a la legalidad si el Gobierno catalán sigue adelante con la consulta.