Puigdemont niega ahora la promesa de secesión en 18 meses

cristian reino BARCELONA / COLPISA

ESPAÑA

Quique García / Efe

El presidente catalán ha asegurado que él nunca dijo que se alcanzaría la secesión en ese tiempo

13 jul 2017 . Actualizado a las 05:00 h.

Era la gran promesa de Junts pel Sí y la CUP: transición nacional de 18 meses y declaración de independencia. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont se desmarcó ayer y cuando ya se ha cumplido ese plazo afirmó que él nunca había asegurado que se alcanzaría la secesión en ese tiempo. Solo que dejaría a Cataluña a las puertas de la independencia. La oposición acusó al presidente de la Generalitat de engañar a los catalanes con falsas promesas, entre las que incluyeron la celebración del referendo, que según Ciudadanos, PSC, Catalunya Sí que es Pot y el PP tampoco se producirá.

Anulación de adhesiones

Societat Civil Catalana (SCC) pidió ayer la anulación de las adhesiones de la Universidad de Barcelona y de la Pompeu Fabra al pacto nacional por el referendo porque considera que es una decisión «ilegítima» e «ilegal». Además, SCC cree que la decisión es «absolutamente opaca, tomada a espaldas del alumnado y del resto de la comunidad universitaria», en la que ni siquiera se ha consultado al claustro ni a ningún otro órgano de representación. Además, desde la organización consideran que tampoco se ha propiciado antes un debate «con garantías, abierto y transparente, como parece exigible en cualquier entorno que se precie de democrático». La universidad debe garantizar el libre debate de ideas en igualdad de condiciones. Tomar parte y convertir una ideología en oficial atenta contra lo anterior, socava la neutralidad que deben mantener las instituciones públicas», concluye el texto de la SCC.

El CSIF explica a los funcionarios cómo actuar ante una orden ilegal

La Central Sindical Independiente de Funcionarios de Cataluña (CSIF) acaba de editar un folleto explicativo que se ha empezado a difundir entre los empleados públicos en Cataluña en el que ofrecen consejos para evitar cumplir cualquier «orden ilegal» que puedan recibir por parte de la Generalitat de cara a la celebración del referendo. Se trata de un texto que, mediante un modelo de preguntas y respuestas, ayuda a resolver las dudas que genera este proceso.

El Ejecutivo hurga en las desavenencias entre los consejeros de la Generalitat

Mariano Rajoy lanzó ayer un mensaje de serenidad frente al referendo ilegal de Cataluña. El presidente aseguró en los pasillos del Congreso que él, personalmente, está «muy tranquilo» e insistió en que no permitirá que la Generalitat lleve a cabo la consulta el 1 de octubre. «El Gobierno -dijo- sabe perfectamente lo que tiene que hacer y no va a contribuir a esa subida de tono de las declaraciones que están haciendo algunos».

En una semana en la que se ha puesto en evidencia la división que se vive en el Ejecutivo catalán y en el propio partido de Artur Mas y Carles Puigdemont, en la Moncloa casi se frotan las manos. «Con lo primero que va a acabar ese referendo ilegal y divisivo es con el Gobierno de la Generalitat», argumentó en la Cámara baja Soraya Sáenz de Santamaría.

La vicepresidenta hurgó además en el temor palpable de algunos miembros del Ejecutivo catalán a tener que responder con su patrimonio o verse inhabilitados para el ejercicio de cargo público por incumplimiento de la ley. «Van a la búsqueda de valientes para no asumir su responsabilidad, pero uno no puede excusarse toda la vida detrás de los medios de comunicación, de los funcionarios, del resto de los partidos; esto no da más de sí y el empecinamiento en mantener esta situación va a hacer mucho daño a la sociedad catalana, pero primero a su Gobierno», reiteró.

A pesar de sus esperanzas en que el proceso independentista descarrile por sí solo, el Gobierno asegura también que tiene todos los escenarios previstos, pero se niega a adelantar acontecimientos. De momento, se limitará a esperar a que el Parlamento autonómico apruebe la ley con la que Junts pel Sí pretende dar cobertura legal al referendo. En cuanto lo haga, será recurrida al Tribunal Constitucional, lo que provocaría su suspensión inmediata y previsiblemente su anulación en un breve plazo.