Jordi Baiget aseguraba en una entrevista que temía por su patrimonio familiar ante posibles acciones judiciales
04 jul 2017 . Actualizado a las 07:40 h.El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reiterado que el referendo que el Govern pretende celebrar el 1 de octubre será «vinculante» y «oficial», ya que estará organizado por el ejecutivo catalán, a diferencia de la consulta soberanista que se realizó el 9 de noviembre del 2014. Puigdemont ha hecho estas declaraciones en el acto de celebración del quince aniversario de Comertia, poco después de haber cesado de forma fulminante al consejero de Empresa y Conocimiento, Jordi Baiget, después de que éste expresara en público sus dudas sobre la realización del referéndum de octubre.
Baiget afirmaba que «el Estado tiene tanta fuerza que probablemente» no se podrá celebrar y se hará «alguna cosa diferente que se puede parecer al 9N». Se trataba del primer miembro del gabinete de Carles Puigdemont que reconoce públicamente que puede que el 1 de octubre no haya referendo. En una entrevista en El Punt Avui, el conseller ha admitido además que teme por su patrimonio familiar ante posibles acciones judiciales.
Unas afirmaciones que ha ratificado posteriormente en declaraciones a los medios, en las que ha aseverado que si bien está «firmemente comprometido» con que el Govern y el Parlament aprobarán la legislación necesaria para que los catalanes puedan votar el 1-O, no pueden cerrarse a «otras alternativas» para que los catalanes puedan pronunciarse en el caso de que el Estado vete ese referéndum. «No podemos cerrar ninguna opción para que el pueblo de Cataluña reaccione en el caso de que el Estado español quiera impedir que se celebre el 1 de octubre, y el 9N fue un primer acto de autodeterminación de la ciudadanía de este país», ha asegurado.
En una conferencia posterior, otro conseller del ala más moderada del Govern, Santi Vila (Cultura), ha coincidido con Baiget en que la participación será «la clave» que determinará el éxito o fracaso del referendo que acabe haciendo el Govern, y ha dado su apoyo al presidente Carles Puigdemont, como también ha ratificado Baiget.
Desde La CUP, no obstante, se ha pedido el cese inmediato del conseller Baiget: «Aquel conseller que piense que el 1 de octubre será un 9N y tenga miedos patrimoniales debería apartarse. Sin más excusas ni dilaciones. Responsablemente», ha dicho la diputada Mireia Boya.
Por el contrario, el presidente del PPC, Xavier García Albiol, ha asegurado que al conseller Baiget «se le ha escapado en público» lo que piensa todo el Govern en privado, incluido el presidente Puigdemont, y ha exigido una convocatoria anticipada de elecciones.
La diputada de Ciudadanos Lorena Roldán ha asegurado que las declaraciones Baiget demuestran la «crisis interna» del Govern, que «no podrá cumplir» su compromiso de celebrar un referéndum, el líder del PSC, Miquel Iceta, ha dicho puede haber varios consellers que compartan las afirmaciones del conseller de que «probablemente» no se podrá celebrar el referéndum de independencia.
Desde el Gobierno, su portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, ha criticado por su parte el «oscurantismo» y la «pérdida de neutralidad» con la que la Generalitat está elaborando la ley del referéndum y la de desconexión, y se ha quejado de que ya sólo «parece obedecer a los deseos de los políticos secesionistas». En rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, Méndez de Vigo ha hecho así alusión a una información del diario El País y Catalunya Ràdio según la cual Junts pel Sí y la CUP han elaborado una «Ley del referéndum de autodeterminación» que invoca acuerdos de la Asamblea General de la ONU reconociendo «el derecho de los pueblos a la autodeterminación» ratificados por España, así como dictámenes del Tribunal de la Haya, para convocar el referéndum.
En el preámbulo de la ley se alega que los Pactos sobre Derechos Civiles y Políticos y sobre Derechos Económicos Sociales y Culturales, aprobados por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1966 fueron ratificados y están en vigor en España desde su publicación en el BOE en 1977, y que en ellos se reconoce «el derecho de los pueblos a la autodeterminación como el primero de los derechos humanos». Apela también a dictámenes recientes del Tribunal internacional de justicia de La Haya en los que se indica que el derecho a decidir de los pueblos ha evolucionado a lo largo del siglo XX, tras el fin de la era del imperialismo, y que la única limitación a su ejercicio es el recurso ilícito a la fuerza u otras violaciones graves del derecho internacional.
La exposición de motivos añade que la elaboración de esta ley responde a un «acto de soberanía» que es «la opción necesaria para poder ejercer el derecho de los catalanes a decidir el futuro político de Cataluña, especialmente después de la ruptura del pacto constitucional español de 1978 que representa la anulación parcial y la completa desnaturalización del Estatut de Cataluña del año 2006».
Está previsto que mañana a mediodía los grupos independentistas expliquen en un acto en el Parlament, fuera del pleno, los detalles de la futura ley catalana del referendo, que deberá dar cobertura legal a la consulta del 1-0. Los partidos de la oposición han declinado asistir, excepto Podem y EUiA.
