Huyen de la grave crisis institucional que afronta el país latinoamericano
17 jun 2017 . Actualizado a las 05:00 h.«Antes de verme obligado a huir era muy feliz, vivía junto a mi familia y contaba con un trabajo». Alfredo Mendoza, de 39 años, es un técnico que tuvo que marcharse de Venezuela cuando las autoridades del país le acusaron de sabotear la central hidroeléctrica en la que trabajaba, con el objetivo de perjudicar al Gobierno bolivariano. Antes que enfrentarse a los cargos que se le imputaban, huyó a España, donde se le concedió protección internacional.
Este mismo camino del exilio lo tomaron el año pasado 3.690 compatriotas, hasta el punto de que ese país, sumido en una grave crisis institucional, lidera por primera vez la lista de solicitantes de asilo en España, por delante de Siria (2.975) y Ucrania (2.570). Según el informe anual de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), en el 2016, el Ministerio del Interior registró 15.755 solicitudes de asilo, una protección que, según el derecho internacional, debe de otorgarse a toda persona fuera de su país de origen en caso de persecución por su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social o por sus opiniones políticas. Esta cifra supone un récord histórico, que además multiplica por seis el número de demandas presentadas en el 2015. Aun así, España sigue en el furgón de cola de la UE en solicitudes. Aunque al alza, las registradas el pasado año apenas representan el 1 % del total europeo. A modo de comparación, en Alemania pidieron asilo 745.265 refugiados, en Italia 123.370 y en Francia 83.485.
Tardanza en resolver
Según denuncia CEAR, una de las mayores lagunas de España es la tardanza a la hora de resolver las peticiones de protección internacional. En los despachos de Interior se amontonan 22.000 expedientes que «se corresponden con 22.000 vidas en una espera imposible», critica la directora general de esta ONG, Estrella Galán. España también suspende en lo que concierne al acuerdo de los países de la Unión Europea para acoger a los refugiados sirios o afganos que huyen de las guerras civiles que asolan sus respectivos países. Los socios comunitarios se comprometieron en el 2015 al reparto de 160.000 refugiados con el fin de aliviar la presión migratoria que sufren países como Grecia, Italia y Alemania. La cuota fijada para España es de 17.000, pero año y medio después de aquel acuerdo apenas han llegado 1.300 personas, lo que supone menos de un 8 % de lo comprometido por el Gobierno de Mariano Rajoy. El Ejecutivo, no obstante, se escuda en que los huídos tienen entre sus objetivos asentarse en Alemania, el Reino Unido o los países nórdicos, y que son pocos los que están dispuestos a pedir asilo en España.
Lina es una siria de 43 años que sí tenía España entre sus destinos preferentes. Fue así, explica, porque aquí tiene familiares. No quería abandonar su país, pero un atentado cerca del colegio de sus niños en Damasco la convenció. Ella se considera afortunada. Hoy trabaja en CEAR y asegura que volvería a Siria «solo cuando haya paz».