Puigdemont no logra el apoyo del Pacto del Referéndum a la votación unilateral
ESPAÑA
Pese a ello, anuncia que «en pocos días» comunicará la fecha del referendo
07 jun 2017 . Actualizado a las 05:00 h.El proceso soberanista catalán llega a su momento decisivo con el problema de siempre, que no es otro que el independentismo tiene mayoría absoluta de escaños en la Cámara catalana, pero no tiene la mayoría social. Junts pel Sí y la CUP obtuvieron el 47,8 % de los votos en las pasadas elecciones, por debajo del 50 % de los sufragios. Ese es el apoyo con el que cuenta Carles Puigdemont para celebrar un referendo unilateral entre finales de septiembre y principios de octubre. Un respaldo importante, pero insuficiente, según pudo comprobar el presidente de la Generalitat en la reunión del Pacto Nacional por el Referéndum celebrada ayer en el Parlamento catalán.
Este organismo, que agrupa a casi un centenar de entidades de la sociedad civil catalana que están a favor de que Cataluña decida su futuro en una consulta acordada, evitó dar un apoyo abierto a la consulta unilateral. «El Pacto ni avala ni desautoriza ninguna de las decisiones que tome la Generalitat», afirmó su máximo responsable, Joan Ignasi Elena. De hecho, horas antes de la reunión, desde el Palau de la Generalitat deslizaron que Puigdemont no pediría a las entidades que tomaran una posición explícita de respaldo a la consulta no pactada, en parte porque durante los últimos días ya había pulsado la opinión de alguna de las entidades participantes y se exponía a recibir algunas negativas. Entre otros, el de Catalunya en Comú, el emergente pero potente partido de Ada Colau.
Los comunes de la alcaldesa, que no acudió al encuentro porque está de baja maternal, defienden la celebración de una consulta, pero acordada con el Gobierno central. Como expresaron Pablo Iglesias y Xavier Domènech, la izquierda alternativa considera «legítima» una consulta unilateral, pero para poder hablar de un referendo tiene que ser vinculante, con garantías democráticas y con efectos jurídicos, no un nuevo 9N, como entienden que se hará de nuevo en esta ocasión.
Rumbo a la consulta
Después de la carta que Puigdemont envió a Rajoy para negociar la consulta y que el presidente del Gobierno respondió de inmediato cerrando todas las puertas a la celebración de un referendo, el independentismo cree que ha llegado la hora de poner en marcha la vía unilateral. Esta apuesta formal por la consulta a las bravas y sin el acuerdo del Gobierno quedará plasmada esta semana -«en pocos días», dijo en la reunión- cuando el presidente de la Generalitat anuncie de manera solemne la fecha y la pregunta del referendo. En cualquier caso, la Generalitat insiste en que no cerrará la puerta al diálogo hasta el «último minuto de la prórroga» y que siempre tendrá una rendija abierta por si Rajoy se aviene a sentarse a hablar de la consulta.
Esta doble posición del Ejecutivo catalán quedó simbolizada en el Pacto Nacional por el Referéndum. La entidad anunció que da por concluida su labor, pero no desaparece. Su comisión ejecutiva anunció su dimisión, aunque no quiere decir que el Pacto no pueda volver a reunirse en el futuro. «El Pacto debe seguir, está vivo. Se convocará cada vez que los acontecimientos políticos lo requieran», expresó Elena.
Desde el Ejecutivo catalán consideraron compatible apostar por la vía unilateral y mantener en la reserva el Pacto. Así, Puigdemont mata dos pájaros de un tiro. Evitó a sus miembros tomar posición ni a favor ni en contra de la vía unilateral, lo que hubiera fracturado este organismo, y al mismo tiempo le permite decir que mantiene la puerta abierta al diálogo.
Reclaman al presidente catalán que garantice la seguridad de los funcionarios
Algunos de los presentes a la reunión de las entidades favorables al derecho a decidir, como los sindicatos UGT y CC. OO, reclamaron a Puigdemont que garantice la seguridad jurídica de los funcionarios después de que el Gobierno central haya advertido estos días que la primera obligación de un empleado público es la «lealtad» a la Constitución y que su incumplimiento puede llevar a incurrir en responsabilidades disciplinarias e incluso penales.
El presidente de la Generalitat concluyó su intervención con un llamamiento a la tranquilidad a los funcionarios y garantizándoles seguridad jurídica. «Estamos con vosotros», afirmó. El Gobierno catalán se ha visto obligado a «preservar» a los trabajadores públicos de la mesa de contratación de las empresas que fabricarán las urnas. Ante la negativa de los funcionarios a exponerse, esta mesa la integran solo altos cargos.