Víctimas del Yak-42 recurren contra la decisión de Cospedal de negarles indemnizaciones

Consideran un agravio el trato respecto a los afectados por un incendio cuando era presidenta regional

Rajoy y Cospedal saludan a los representantes de la Asociación de Víctimas del Yak-42
Rajoy y Cospedal saludan a los representantes de la Asociación de Víctimas del Yak-42

madrid / colpisa

Seis viudas y 12 huérfanos de los cuatro comandantes y dos suboficiales muertos en el siniestro del Yak-42 en Turquía en el 2003 han presentado un recurso de reposición ante la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, en contra de la resolución que reconocía la responsabilidad patrimonial del Estado en la tragedia aérea, pero no el cobro de indemnizaciones. Argumentan que la batalla judicial ha durado 14 años, «pero si en el 2003 el Gobierno hubiese admitido su responsabilidad nos hubiéramos ahorrado tanto el desgaste emocional como un gran desembolso económico». «El hecho de que existan indemnizaciones asignadas por otras vías no excluye el deber resarcitorio de la Administración, cuando ha existido una responsabilidad por un comportamiento», han justificado.

Diferencias de criterio

Por ello, añade el recurso, «no tenemos que soportar la resignación al saber que ningún responsable de la tragedia vaya a pagar por no haberla evitado, y que dicha responsabilidad no conlleve un resarcimiento».

Ponen como ejemplo el «agravio comparativo» con familias del propio accidente o el daño psicológico sufrido al saber que la tragedia se podía haber evitado Para ello demuestran la diferencia de criterio al dictaminar la culpa y las indemnizaciones: Dos sentencias por un mismo hecho, 40 % de diferencia. En la vía civil contra la compañía aérea del Yak-42 y su contratista, ambas fueron condenadas en el 2006 a pagar a cada familia unos 200.000 euros. Esta sentencia fue anulada por un defecto de forma. En el 2010, un juez condenó a pagar 120.000 euros por fallecido.

Además consideran que es un agravio con las víctimas del incendio forestal de Guadalajara en el que murieron 11 trabajadores de la Junta de Castilla-La Mancha en el 2005. Las familias cobraron en función de los seguros de vida suscritos, cantidades idénticas a las que pudieron cobrar las del Yak-42. También iniciaron un proceso de responsabilidad patrimonial contra el Gobierno de Castilla-La Mancha y tras el cambio de Gobierno que Cospedal pasó a dirigir, firmó en mayo del 2013 una ley de compensación a las víctimas: «Como reconocimiento a todos ellos y a su labor de lucha incansable y admirable, y en el ánimo de honrar la memoria», dijo.

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