Portazo del Consejo de Europa al aval al referendo que le pidió Puigdemont

La consulta debe respetar la Constitución y ser pactada con el Gobierno, recuerda la institución europea


Barcelona / Colpisa

Carles Puigdemont sigue sin encontrar aliados internacionales que avalen su plan de celebrar un referendo unilateral. Dos meses después de que el Carter Center, la organización del expresidente de EE.UU. Jimmy Carter, rechazara involucrarse en el proceso soberanista, la Comisión de Venecia ha cerrado las puertas al líder de la Generalitat. El órgano consultivo del Consejo de Europa, que asesora a los Estados miembros en asuntos constitucionales y en materia de referendos, ha remitido una carta al presidente catalán en la que apunta que la consulta debe «llevarse a cabo de acuerdo con las autoridades españolas» y respetando el marco constitucional. Dos condiciones que con toda seguridad no cumplirá la posible votación del próximo 1 de octubre, que contará con apoyos muy justos a nivel interno (los de Junts pel Sí y la CUP, que suman la mayoría de escaños pero no de votos) y ninguno externo.

El Parlamento de Cataluña aprobó hace un mes, con los respaldos de Junts pel Sí y Catalunya sí que es Pot y la abstención de la CUP, una resolución que instaba a la Generalitat a buscar el aval de la Comisión de Venecia para poder celebrar el referendo. Fue un movimiento de última hora de los comunes con el fin de condicionar su eventual respaldo al proceso, un apoyo que no acaban de otorgar, aunque tampoco se desmarquen por temor a que se les sitúe en el mismo frente que el PP y Ciudadanos. Puigdemont envió el miércoles pasado una carta a este organismo internacional, pero ni siquiera solicitó el aval a la consulta, sino que se limitó a pedir la «colaboración» en el proceso soberanista catalán y a informar de la negativa de Mariano Rajoy a negociar. La respuesta de la Comisión de Venecia, tres días después, sitúa a Puigdemont ante el espejo: o pacta el referendo, lo cual es casi imposible porque el Gobierno ya le ha cerrado todas las puertas, o difícilmente encontrará aliados más allá de los límites de la comunidad catalana.

Además, si bien la Generalitat pretende una votación con efectos vinculantes, la unilateralidad implica que la consulta no podrá diferir mucho de la del 9 de noviembre del 2014, con escasas consecuencias políticas. «Cualquier referendo -establece el presidente de la Comisión de Venecia, Gianni Buquicchio- debe llevarse a cabo de plena conformidad con la Constitución y con la legislación aplicable». De manera que el órgano del Consejo de Europa insta a Puigdemont a negociar con el Ejecutivo.

La respuesta de la Comisión de Venecia sirvió de combustible para la oposición, que cargó contra el dirigente nacionalista. «Es una patada en el trasero a Puigdemont y Junqueras, que dejen de hacer el ridículo», reprochó el presidente del PP catalán, Xavier García Albiol. «La Comisión de Venecia responde a Puigdemont: hay que cumplir con la Constitución y la legislación aplicable, obvio», subrayó la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas. Del mismo modo, la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, aprovechó la misiva para recordar al dirigente catalán que la única vía que le queda es la de explicar sus aspiraciones secesionistas en el Congreso de los Diputados.

La lectura que Puigdemont extrae de la carta, sin embargo, es diametralmente opuesta. El presidente de la Generalitat trasladó a través de la red Instagram su impresión de que la Comisión de Venecia en realidad «avala» la posición de su Ejecutivo y «emplaza» al Gobierno de Rajoy a sentarse a negociar un referendo. Buena parte de las conclusiones del organismo asesor europeo estarán sobre la mesa el martes que viene en la última reunión del Pacto Nacional por el Referéndum antes de que el jueves el presidente de la Generalitat anuncie la fecha y la pregunta de la consulta. Será un paso simbólico que pondrá en marcha la vía unilateral.

Órgano consultivo de 61 países

La Comisión de Venecia, de la que forman parte 47 países europeos y 14 del resto del mundo, asesora al Consejo de Europa en cuestiones de derecho internacional y constitucional para mejorar el funcionamiento democrático de los Estados.

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