Rajoy rechaza hablar con Puigdemont si prosigue con su «golpe de Estado»

Nuria Vega MADRID / COLPISA

ESPAÑA

Javier Lizon | Efe

Califica de disparate la ley de ruptura, que «solo pasa en las peores dictaduras»

24 may 2017 . Actualizado a las 05:00 h.

El Gobierno aunó ayer su mensaje frente al avance de los planes secesionistas de la Generalitat catalana. La consigna general consistió en calificar de intento o amenaza de «golpe de Estado» la hoja de ruta independentista que establece el referendo en otoño y que podría desembocar en una ruptura unilateral con el resto de España. Hace días que en la Moncloa preparan toda su artillería dialéctica para combatir el discurso de Carles Puigdemont y denunciar sus intenciones. «Esto solo pasa en las peores dictaduras», llegó a censurar Mariano Rajoy en la sesión de control del Senado.

En el Ejecutivo no se refieren únicamente a la convocatoria de la consulta. Desde el lunes, han concedido toda credibilidad al borrador publicado sobre la ley de transitoriedad jurídica, que contemplaría la secesión inmediata en caso de que el referendo sobre la independencia de Cataluña no pueda llevarse a efecto. Sobre ese plan que la Generalitat estaría trabajando «en secreto», como apuntó Soraya Sáenz de Santamaría, ha construido el Gobierno su ofensiva. El presidente, que compareció el lunes de manera excepcional en la sede central del PP tras el comité ejecutivo nacional para responder por anticipado al ultimátum de Puigdemont, rechazó ayer al dirigente catalán como interlocutor si persiste «el chantaje». «Yo estoy dispuesto a hablar de todas las cosas que sean razonables, lo que no estoy dispuesto es a hablar con quien, en el caso de que yo no haga lo que él diga, me amenaza con una ley de transitoriedad jurídica para irse de España y hacer uno de los mayores disparates que se ha anunciado en muchos años», advirtió en el Senado.

Cacicada

Del mismo modo, reprochó a Esquerra querer «aprobar en 24 horas una constitución para un país», sin debate con la oposición y «liquidando la soberanía nacional». «Es una de las mayores cacicadas que he visto», elevó el tono Rajoy en el hemiciclo.

La única vía alternativa que propone el jefe del Ejecutivo para encauzar un conflicto enquistado y que parece entrar en una fase decisiva es el Congreso. Las Cortes son el «cauce democrático» que ofrecen en la Moncloa a Puigdemont. El presidente nunca aceptará una negociación bilateral, «de gobierno a gobierno», para convocar una consulta. Pero sí está dispuesto a debatir en la Cámara baja las reivindicaciones de la Generalitat.

Esquerra, en cambio, es consciente de que cualquier reforma constitucional que se plantee para transferir al Gobierno catalán la competencia en materia de referendo está abocada al fracaso y se niega a someter su propuesta a la «mayoría absolutísima» de PP, PSOE y Ciudadanos. Esa fue la advertencia que ayer trasladó la senadora Mirella Cortés: habrá consulta sí o sí. «Nos veremos en las urnas este otoño -anticipó- no hay ni un paso atrás».

Sin embargo, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, dejó claro que «la democracia tiene el poder para evitar el referendo». El Gobierno puede emplear todas sus herramientas para impedir la consulta, aunque la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, no quiso especificar qué instrumentos estaría dispuesto a activar el Ejecutivo. «Inicialmente», no tiene «ninguna intención», insistió, de utilizar la fuerza. «Si algo ha demostrado este Gobierno es que el sentido de la proporcionalidad es una prioridad», subrayó. Queda por ver hasta dónde son capaces de llegar unos y otros.

El presidente del Tribunal de Justicia catalán advierte de que cumplirán la Constitución

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Jesús María Barrientos, aseguró ayer que «ningún juez o magistrado va a aplicar ni va a exigir el cumplimiento de una ley que no esté en ese alineamiento constitucional». Barrientos, en un acto en Gerona, evitó pronunciarse sobre la ley catalana de transitoriedad jurídica porque «se trata de un borrador». «De lo que no me cabe ninguna duda es de que el poder judicial en Cataluña tiene un alineamiento y un compromiso insobornable con el orden constitucional», reiteró el presidente del alto tribunal catalán.

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) se pronunció también sobre la ley de ruptura que prepara la Generalitat catalana. «Supondría un ataque intolerable al Estado democrático y de derecho, un acto de totalitarismo independentista dirigido a imponer por la fuerza de los hechos una determinada solución del conflicto a todos los catalanes, soberanista o no, y al resto de españoles, sin legitimidad democrática alguna y en contra de la legalidad constitucional», remarcaron desde el colectivo en un comunicado.

«Si alguien ha confundido la prudencia con la indiferencia, la equidistancia o incluso la anuencia, se equivoca. La sociedad puede tener la seguridad de que los jueces no abdicaremos de nuestro compromiso y actuaremos siempre con independencia y sujeción exclusiva a la Constitución y a la Ley, en garantía de los derechos de los ciudadanos, de la mayoría y de la minoría», detallaron desde la APM.

La Generalitat pedirá por carta la apertura de negociaciones

El presidente de la Generalitat oficializará en las próximas horas por carta la petición formal al Gobierno español de «la apertura de negociaciones sobre los términos y las condiciones del referéndum». Un día después de que Carles Puigdemont emplazara a Mariano Rajoy en Madrid a liderar una operación de Estado para buscar un encaje legal a la consulta y le advirtiera sobre su compromiso «inviolable» con el derecho de autodeterminación de Cataluña, la Generalitat anunció ayer los últimos pasos que tiene previsto dar antes de convocar el referendo unilateral, previsto para el 1 de octubre.

El presidente catalán hace oídos sordos a las reiteradas negativas del Gobierno de Rajoy, y reclama la creación de una mesa de diálogo de las dos administraciones que permita celebrar un referendo acordado. La Generalitat, según expresó la consejera de la Presidencia, Neus Munté, está dispuesta a hablar de «todo», pero no contempla de ninguna de las maneras renunciar a la consulta soberanista. Por tanto, exige una mesa formal de negociación, en la que el Gobierno catalán quiere acordar todo lo que tiene que ver con la consulta; es decir la fecha, la pregunta o todos los aspectos técnicos, como el censo o el mínimo de participación necesario para que el resultado sea válido. Descarta, en cambio, que las conversaciones sirvan para negociar otros aspectos, como explorar una tercera vía, un pacto fiscal o una reclamación de infraestructuras.

Consulta o independencia

Como aseveró Puigdemont en la conferencia que pronunció el lunes en Madrid, Rajoy tiene un ultimátum encima de la mesa. O negocia la consulta en la última oferta que le va a presentar o en unos meses tendrá que sentarse en una mesa, pero no para negociar el referendo, sino para discutir los términos de la separación. Por ello, desde el Palau de la Generalitat se exige al presidente del Gobierno una «respuesta concreta» a su carta y aunque Munté no quiso hablar de plazos, el calendario del soberanismo no se para con la vista puesta en un septiembre de alto voltaje. Eso sí, afirmó que el Ejecutivo catalán mantendrá una «voluntad de diálogo franca hasta el último minuto de la prórroga», una apelación con la que Puigdemont quiere trasladar toda la presión al presidente del Gobierno. El Ejecutivo autonómico pide a Rajoy una contestación que esté a la altura del momento y que no consista en calificar el proceso de golpe de Estado, según dijo la consejera de la Presidencias sobre las acusaciones vertidas por el Gobierno contra la ley de transitoriedad jurídica. En cuanto haya respuesta de la Moncloa, la cuenta atrás será imparable, la vía del acuerdo se dará por agotada y Puigdemont anunciaría el referendo unilateral.