El Gobierno no prevé castigar la publicación de informes judiciales secretos

Afirma que las palabras del fiscal general son una «opinión personal», aunque pide «mesura» a los medios de comunicación

.Las más de 76.000 páginas y 33 anexos que forman el sumario del caso Nóos.
Las más de 76.000 páginas y 33 anexos que forman el sumario del caso Nóos.

Colpisa

El Gobierno no tiene entre sus planes regular o castigar la divulgación de los sumarios judiciales declarados secretos, pero quiere que los medios de comunicación sean más «cautelosos» al difundirlos y que respeten la presunción de inocencia.

La polémica surgida esta semana por los informes de la Guardia Civil incorporados en el sumario del caso Púnica y que apuntan a la presidenta de la Comunidad de Madrid, así como otros documentos judicializados aireados por los medios de comunicación no van a precipitar reformas legales, como las sugeridas por el fiscal general. El portavoz gubernamental fue contundente y señaló que las palabras de José Manuel Maza sobre la limitación de las filtraciones, y en su caso las sanciones, son «una reflexión personal» con la que el Ejecutivo no se siente concernido. El Gobierno, resaltó este viernes Iñigo Méndez de Vigo, «no se siente en modo alguno vinculado» con esas opiniones del fiscal general.

El ministro señaló que, en todo caso, esas reformas legales que afectan a las libertades de información y de expresión «no hay que hacerlas en caliente» a rebufo de una polémica o de una situación particular. «Hay que haberlas meditado» y «consensuado» con el resto de fuerzas políticas.

Méndez de Vigo pidió, no obstante, a los medios de comunicación que tengan «mesura» al publicar esas informaciones bajo secreto judicial y aconsejo «comprobar» las fuentes y tener «cierta cautela» a la hora de emitir juicios de valor sobre las personas afectadas.

Maza y también el fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, se mostraron favorables a la adopción de reformas legales para frenar la difusión de informes judiciales bajo secreto del sumario y recordaron que en países como Alemania está prohibido hacerlo. Hicieron esas apreciaciones ante la publicación de grabaciones de la operación Lezo que ha llevado a la cárcel al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y con informes policiales del caso Púnica que han puesto en entredicho la financiación del PP y la actuación de Cifuentes en la Asamblea de Madrid.

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