Las víctimas del accidente del Yak-42 irán a la Justicia al asumir Defensa su responsabilidad

La Audiencia Nacional dirimirá la negativa del ministerio a abonar nuevas indemnizaciones


madrid / colpisa

Las víctimas del accidente del Yak-42, en el que fallecieron 62 militares españoles el 26 de mayo del 2003 en Trabzon (Turquía), volverán a la vía judicial si el Ministerio de Defensa se niega, como ayer avanzó, a cumplir la obligación patrimonial del Estado con los familiares después de que este asumiera la responsabilidad de la Administración militar en el accidente.

El departamento dirigido por María Dolores de Cospedal hizo pública ayer la resolución del expediente administrativo relativo a las solicitudes de indemnización formuladas por los allegados de los militares muertos, después del dictamen preceptivo del Consejo de Estado del 20 de octubre del 2016.

Defensa reconoce la responsabilidad del Estado «tras años de procedimientos administrativos y judiciales, ya que han podido constatarse hechos anteriores a la fecha del siniestro que habrían permitido a la Administración militar ponderar el especial riesgo concurrente en el transporte de tropas en que se produjo el accidente». De este modo, «con motivo de esa actuación de transporte de tropas de las Fuerzas Armadas (...) se originó, desgraciadamente, unas lesiones antijurídicas que los familiares perjudicados no tienen el deber de soportar. Estas lesiones han de ser debidamente reconocidas por este ministerio, evidentemente conforme a las normas vigentes en materia de reparación de esos daños causados».

De una manera concreta, la resolución administrativa incide en que el acuerdo de ventas suscrito con Namsa (agencia de la OTAN), como responsable de contratar el vuelo, no supone «un total y completo traslado de las responsabilidades sobre la ejecución del contrato a Namsa con simultáneo y total desapoderamiento de competencias de seguimiento y control por parte de la Administración militar concernida. Así se desprende de la interpretación literal de sus cláusulas del contrato».

No aparecen otros contratos

Precisamente, y en cuanto a los contratos y a la documentación a la que ha podido acceder Defensa para su informe, «se ha podido constatar de forma fehaciente que no se abonó precio alguno por el vuelo siniestrado al recibirse una comunicación oficial en ese sentido de NSPA (actual agencia que sustituye a Namsa en el marco de la OTAN), de fecha de 16 de enero del 2017. De igual manera, ha resultado verificado que de la cantidad de 149.000 euros en que consistía el precio contratado, 95.360 euros correspondían al pago de las horas de vuelo, 38.740 euros al precio del combustible y 14.900 euros a varias tasas.

Sin embargo, «y a pesar de las nuevas indagaciones realizadas en el ámbito de este ministerio, no se ha logrado obtener más documentación sobre el aspecto concreto de las subcontrataciones de los diferentes vuelos de transportes de tropas que pudieron efectuarse al amparo de las previsiones del contrato celebrado entre Namsa y Chapman Freeborn, la contratista alemana del Yak-42 que fue condenada a indemnizar con 6,2 millones a los familiares.

En cualquier caso, según la resolución de Defensa, la asunción de responsabilidad administrativa no significa el abono de nuevas indemnizaciones, como reclamaban algunos de los familiares desde el 2004. Ante esta decisión, las familias tienen previsto recurrir a la jurisdicción contencioso administrativa de la Audiencia Nacional, según fuentes del caso.

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