En el ojo del huracán después de una larga lista de polémicas intervenciones

Ya antes de que el PSOE y Ciudadanos solicitaran su destitución, el fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, se encontraba en el ojo del huracán, acusado de parcialidad a favor del PP. A los críticos ya les resultó sospechoso su nombramiento, en febrero pasado, para el cargo que ahora ocupa, porque de los siete candidatos posibles era el único sin experiencia en este campo y porque se había significado como defensor de los populares en otras iniciativas que tomó como fiscal superior de Madrid, entre los años 2003 y 2015, cuando pasó al Supremo. Estas son algunas de sus actuaciones más controvertidas:

Espionaje en Madrid. En el año 2009 se descubrió que Francisco Granados, entonces consejero de Interior de Madrid, había encargado espiar a sus rivales en el Gobierno autonómico. Moix quiso pasar por alto el caso, y declaró entonces que «la labor de un detective no es delito». Después de ser tres veces archivada y otras tantas reabierta, la causa fue desestimada.

Persecución al 15M. A finales del 2011, en la apertura del año judicial 2012 en Madrid, Moix fue vehemente en su condena a los manifestantes. «Es un delito ocupar ilegalmente una vía pública porque quiero, por mi voluntad […]. Ha habido una tolerancia mal entendida» y una «simpatía hacia el infractor».

Caso Madrid Arena. Tras la avalancha en esa instalación municipal, en la que murieron cinco jóvenes, el fiscal desestimó la imputación de todos los cargos del Ayuntamiento de Madrid presuntamente implicados en la falta de medidas de seguridad. Finalmente, el Ayuntamiento fue considerado responsable civil subsidiario y dos cargos de seguridad fueron condenados.

Escrache a Sáenz de Santamaría. En abril del 2014, miembros de la Plataforma Antidesahucios se manifestaron delante del domicilio de la vicepresidenta del Gobierno. Moix recurrió el archivo de la denuncia reclamando que se procesara a los manifestantes por los delitos de coacciones, manifestación ilícita, desórdenes públicos y desobediencia a la autoridad. La jueza desestimó esta petición y recriminó al fiscal que acusara de delitos sin base jurídica.

El incidente de tráfico de Esperanza Aguirre. En ese mismo mes, la presidenta de la Comunidad de Madrid protagonizó una persecución policial después de aparcar con su coche en zona prohibida y derribar la moto de uno de los agentes que intentaban identificarla. En la denuncia se la acusaba de un delito de desobediencia a la autoridad. Moix no vio desobediencia y pidió que se la acusara de una falta. El caso se archivó.

Caso Blesa. Moix fue el responsable de la querella contra el juez Elpidio Silva por prevaricación e impedimentos a la defensa efectiva de Miguel Blesa, procesado por el caso de las tarjetas black. Silva fue condenado a 17 años de inhabilitación. El fiscal no vio indicios de delito en los miles de correos electrónicos que demostraban las evasiones tributarias en Caja Madrid, pero sí observó «encaje penal» en la difusión de esos mensajes en la prensa.

Caso Bankia. En abril del 2015, el fiscal ordenó el registro del domicilio y la detención de Rodrigo Rato por alzamiento de bienes y otros delitos. Moix se saltó el procedimiento, porque la investigación correspondía a la Fiscalía Anticorrupción. Tras el arresto, solicitó que Rato no ingresara en prisión. El juez que veía la causa desestimó esta petición. Esta fue su última polémica desde la Fiscalía madrileña.

La conversación entre Ignacio González y Eduardo Zaplana en la que el primero dice que les convendría situar a Moix al frente de Anticorrupción ha acabado de minar la reputación del fiscal.