Ofensiva parlamentaria de la oposición contra el Gobierno

La oposición ha lanzado una ofensiva parlamentaria para poner contra las cuerdas al Gobierno después de las informaciones aparecidas a raíz de la operación Lezo, que afectan a los Ministerios de Justicia e Interior y a la Fiscalía, acusados de connivencia con los implicados. El PSOE y Unidos Podemos han exigido la dimisión de Rafael Catalá. «El PP está demostrando que los antisistema son ellos y que hay una trama corrupta que está parasitando nuestras instituciones. Tenemos un Gobierno que es una máquina de corrupción», afirmó el secretario general de Podemos.

Por su parte, Ciudadanos pidió también que Juan Ignacio Zoido comparezca en el Congreso para explicar la reunión que su número dos, José Antonio Nieto, mantuvo en el ministerio con el empresario Pablo González, un día después de que Ignacio González se enterara de que él y su hermano estaban siendo investigados por la Guardia Civil por el caso del Canal de Isabel II. Su secretario general en la Cámara baja, Miguel Gutiérrez, señaló que «no parece que esté muy claro» si el Gobierno «trabaja para detener a los corruptos e investigar los casos de corrupción» o si «se está intentando blanquearlos o negociar con ellos». El responsable de Justicia Ignacio Prendes acusó al PP de saltarse la obligación de denunciar un presunto delito que tiene cualquier ciudadano «corriente y moliente».

Unidos Podemos y Compromís registraron en la Cámara baja una petición para celebrar en un plazo máximo de 48 horas un pleno monográfico sobre la operación Lezo en el que Mariano Rajoy dé explicaciones sobre las diferentes informaciones y actuaciones judiciales que se han sucedido a lo largo de los últimos días y que afectan al PP y al Gobierno. Los socialistas prefieren que lo haga en la comisión de investigación sobre la financiación ilegal de su partido, ya que está obligado a decir la verdad.

Al margen de esta ofensiva parlamentaria, Izquierda Unida presentó ayer una querella en la Audiencia Nacional en la que pide que se impute a la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, al exministro Eduardo Zaplana, al secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, y también al propio PP. La intención de los denunciantes es conseguir con ello personarse como acusación popular en el proceso judicial derivavo de la operación Lezo. Para los responsables de Izquierda Unida en la Comunidad de Madrid, este caso de corrupción «va a ser uno de los más grandes de toda España».