Gürtel, Pública, Lezo. Tres tramas corruptas entrelazadas, con múltiples tentáculos, que tienen algo en común, el saqueo generalizado de las arcas públicas madrileñas con el protagonismo activo de dirigentes de muy alto nivel del PP. Un sistema de robo generalizado en plena crisis económica en el que confluyen políticos, empresarios y buscavidas, unidos y coordinados con el único objetivo del lucro mutuo. En el fondo, la presunta financiación ilegal del PP, con la fórmula comisiones a cambio de adjudicaciones de obras y contratos. Por un lado, Ignacio González; por el otro, Francisco Granados. Cada uno al frente, según los autos judiciales, de una organización criminal. Enemigos íntimos, pero con sus propios territorios para practicar la rapiña. Tú por aquí y yo por allá. Siempre presuntamente. Ambos entre rejas. Su jefa, Esperanza Aguirre, no se enteraba de nada, aunque los patrimonios de su mano derecha y de su mano izquierda crecían de forma exponencial y eran incompatibles con sus sueldos. Ahora se escandaliza entre pucheros cuando había recibido múltiples avisos de lo que estaban haciendo sus dos máximos colaboradores. Por otro lado, aparecen siempre los mismos nombres de empresas y empresarios que presuntamente sobornan y financian a los políticos y a su partido.
Los ciudadanos asisten atónitos a un bombardeo de informaciones que dan cuenta de personajes sin escrúpulos que depredan los recursos que deberían ser de todos. No hay que caer, sin embargo, en el desánimo, en dar por descontada la corrupción, en banalizarla como si formara parte del paisaje, sino que se deben exigir responsabilidades, no solo judiciales a los que se lo han llevado, sino también políticas a los que lo han consentido durante muchos años y no han hecho nada para cortar esta hemorragia que desangra la democracia. No son casos aislados, esto ya no lo puede sostener nadie con un mínimo de sentido común, sino, hay que insistir, un sistema criminal organizado para robar.