Empresarios catalanes avisan de que no le darán a la Generalitat sus datos fiscales

Piden amparo al Defensor del Pueblo frente al anuncio de la agencia tributaria catalana

C.R.
La Voz / Colpisa

Ante los planteamientos desafiantes de los secesionistas, desde el Gobierno de Carles Puigdemont y el Parlamento autonómico, la sociedad civil de Cataluña alza cada vez más su voz. Ayer fue el presidente de Empresarios de Cataluña -organización que agrupa a unos 400 industriales-, Josep Bou, quien se quejó de las gestiones de la Generalitat para abrir una agencia tributaria catalana, cuya creación fue anulada en julio del año pasado por una sentencia del Tribunal Constitucional. Bou acudió a la sede del Defensor del Pueblo a pedir «amparo» para que las empresas catalanas no tengan que entregar datos fiscales a la planeada agencia tributaria de la Generalitat. Y solicitó a la titular de ese organismo, Soledad Becerril, protección para los empresarios.

La queja del presidente de 400 patronos catalanes hace referencia a las palabras del secretario de Hacienda de la Generalitat, Lluís Salvadó, sobre cómo lograr una base de datos para una hacienda catalana «enfrentada a la española». «Se nos va a exigir que demos toda la documentación de la Seguridad Social de nuestros trabajadores. La gran mayoría de empresarios de Cataluña no lo van a hacer, porque creemos en la legalidad. No podemos asistir con los brazos cruzados y dejar que la Generalitat nos imponga o sancione por no entregar la documentación», alertó Bou.

«Que se aplique la ley»

El empresario basa sus protestas en informaciones que denuncian la puesta en marcha de una agencia tributaria que dejaría «como residual o inexistente la del Estado». «No nos podemos imaginar que a un empresario de Gerona se le presenten dos recibos a pagar. Es de ciencia ficción», afirmó. Y reclamó que se «aplique» la ley en Cataluña, porque, si no, «lo que puede pasar es que la democracia quede deshecha. Si se salta la ley, se violenta la democracia». Así, lamentó el «camino» en el que entró Cataluña, donde considera «se van a vivir situaciones difíciles en los próximos meses». Con todo, dijo que confía plenamente en el Estado y en que la ley se aplicará. Por otro lado, avisó de que, si desapareciese la Agencia Tributaria del Estado, muchas empresas catalanas se deslocalizarían «en defensa de los intereses» de sus negocios. «Tendríamos una inseguridad jurídica tan grande que nos sería muy difícil seguir en Cataluña», alertó.

El Gobierno insta al Ejecutivo de Puigdemont a no engañar a los catalanes con su «compromiso» de celebrar un referendo

El Gobierno catalán en bloque, desde el presidente, al vicepresidente, los consejeros, los secretarios departamentales y los directores generales, se comprometió ayer con la «convocatoria y celebración» del referendo sobre la independencia previsto para septiembre. En un momento en que se suceden los choques entre los dos socios en Junts pel Sí y entre los miembros de la Generalitat, y cuando además aumentan las voces que aseguran que la votación no podrá realizarse, el independentismo institucional buscó una imagen de unidad y de autoafirmación en un acto celebrado en el Palau de la Generalitat, del que surgió un manifiesto que convierte la voluntad de poner las urnas en una promesa por escrito y firmada por el Ejecutivo catalán en su totalidad.

Puigdemont y Junqueras redoblan el desafío, advirtiendo al Gobierno de que van a por todas y que no tienen intención de recular. El texto suscrito, de hecho, está lleno de referencias a episodios trágicos como la Guerra Civil o la dictadura. La Generalitat, a través del manifiesto, afirma que el asesinato por el régimen franquista del expresidente Lluís Companys es el «paradigma» de hasta dónde puede llegar el Estado español para reprimir los «anhelos de libertad» de los catalanes. Un texto muy duro y que incluye una argumentación tan absurda como si se incluyera la ocupación musulmana de la Península en el siglo VIII.

Las diferencias internas

Lo que no incluye el manifiesto suscrito, que carece de valor jurídico, es la fecha y la pregunta del referendo, como había pedido la CUP, que sigue con la mosca detrás de la oreja y para la que no es necesario reafirmar el compromiso con la consulta porque se suponía que ya estaba claro. Para los anticapitalistas, el acto de ayer responde a las diferencias que se han aireado en los últimos tiempos entre el PDECat y Esquerra, primero en el Gobierno catalán, como consecuencia de las licitaciones relacionadas con la votación y también después de que Puigdemont pidiera a los consejeros a los que les pudieran temblar las piernas que se aparten, pero sobre todo a raíz de la grabación y filtración de unas declaraciones del número tres de la exCDC, en las que admitió que, si el proceso fracasa, los nacionalistas deberán buscar un candidato de perfil «autonomista».

Con esa idea de la CUP coincidió ayer el secretario general del PP catalán, Santi Rodríguez, al considerar que el acto unitario de la Generalitat a favor del referendo ha sido una iniciativa de contrición ante las «traiciones partidistas» del PDECat y ERC. Añadió que «tras el espectáculo que han dado, necesitaban un acto de contrición», y ha considerado que la verdadera motivación era demostrar que no están peleados cuando, en realidad, todo el mundo sabe que se están traicionando entre ellos.

Desde Madrid, el Gobierno central insistió ayer en que no negociará la celebración de un referendo porque «ni puede ni quiere». «No vamos a cambiar la posición», afirmó el ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, quien restó trascendencia al manifiesto, ya que a su juicio no tiene valor jurídico y «no aporta nada». «Carece de efectos y ese mensaje debe llegar a los ciudadanos con nitidez para que no se les engañe» prometiéndoles «cosas que no son», dijo. El Gobierno recordó una vez más que la Constitución es «meridianamente clara» y una consulta que afecta a la soberanía del pueblo español y en la que participase solo una parte de la ciudadanía «es ilegal e inconstitucional».

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