La trama dirigida por González se embolsó más de 81 millones con solo dos operaciones

Los autos revelan el modo de actuar de la red y apuntan que el dinero fue ingresado en una cuenta común en Suiza

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m. balín
madrid / colpisa

Los primeros autos del juez Eloy Velasco en la operación Lezo conocidos ayer dan cuenta de la envergadura de la trama corrupta que dirigía Ignacio González. El magistrado afirma que la compra ruinosa en el 2013 de la sociedad brasileña Emissao Engenharia e Construçoes por parte del Canal de Isabel II encubrió en realidad un pelotazo de 25 millones de dólares (21,4 millones de euros según el cambio de la época) para los investigados. De acuerdo con el juez, ese dinero terminó en una cuenta común que los encausados tenían en Suiza. A ese desfalco hay que sumar el dinero que los imputados saquearon de la empresa de suministro de aguas de Madrid en otras operaciones internacionales, fundamentalmente en Colombia, que causaron un perjuicio a la entidad cercano a los 60 millones de euros.

El magistrado revela el modo de operar de ese gran desfalco en los autos de prisión de la exdirectiva financiera del Canal de Isabel II María Fernanda Richmond y del exgerente de la empresa Adrián Martín. «En el año 2013 se observan irregularidades para la adquisición hipervalorada ficticiamente de la empresa brasileña Emissao, intervenida por empresas instrumentales». González y los suyos, señala el juez, obviaron en esa compra todos los preceptos legales. Hicieron la transacción «en contra de la opinión de los auditores independientes, con el pago de comisiones prohibidas, sin informes de secretarios técnicos ni interventores, ni autorización de la Consejería de Hacienda».

Desvío de dinero público

Todo fue orquestado, prosigue Velasco, para «posibilitar por parte de los investigados desvíos de dinero público madrileño (25 millones), que así pasaban a cuentas bancarias en terceros países con opacidad con respecto de las titularidades reales, con la consiguiente desaparición del patrimonio de la empresa pública madrileña». La UCO entiende que aquella operación, diseñada desde un principio para «descapitalizar» el ente público «se hizo a través de un complicado entramado financiero dirigido a encubrir que la gran parte del dinero perdido iba a volver en el extranjero a los principales implicados de la red de González.

La compra, que se hizo a través de Inassa, la filial sudamericana de Canal, se materializó a través de una sociedad instrumental en Uruguay (Soluciones Andinas de Agua). El Canal de Isabel II desembolsó a través del banco Royal Bank of Canada, en Suiza, y de Bradesco, portugués, un precio desorbitado por aquella empresa. Según los atestados de la UCO, pagó 21,4 millones de euros al cambio de la época. Solo un mes después el valor de Emissao en las cuentas del Canal de Isabel II era de 10,6 millones. En el 2014 su valor había descendido a 5,4 millones. Y en el 2015, Emissao daba pérdidas a la empresa de aguas madrileña por valor de 5,5 millones. Velasco insiste en que la operación de Brasil no tenía sentido ninguno, más allá del enriquecimiento ilícito de los implicados. No había, dice, «razones jurídicas económicas» que justificaran la adquisición, que se realizó además «a través de un entramado societario opaco».

Los detenidos en la operación Lezo obviaron por completo el informe de la consultora KPMG, que en la práctica «debió llevar a la paralización inmediata de la adquisición» de la empresa brasileña. El juez zanja, haciéndose eco de los informes de la UCO, que en ningún caso la compra de la compañía sudamericana fue una operación empresarial ruinosa fruto de la mala gestión. La adquisición de Emissao Engenharia e Construçoes fue una operación «premeditada de sobrevaloración del precio de compra» para que los implicados se enriquecieran gracias al dinero público de la Comunidad de Madrid, desviado a paraísos fiscales.

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