Empresarios catalanes piden que se les proteja frente a las leyes secesionistas

cristian reino BARCELONA / COLPISA

ESPAÑA

Solicitan el amparo de la defensora del pueblo por vulneración de sus derechos

21 abr 2017 . Actualizado a las 05:00 h.

El empresariado catalán es uno de los colectivos que se ha mostrado más abiertamente en contra del proceso independentista. Hoy, cuatrocientos de ellos integrados en la organización Empresaris de Catalunya trasladarán esta preocupación hasta la defensora del pueblo, Soledad Becerril, a la que pedirán amparo y protección ante las leyes independentistas tramitadas por el Parlamento de Cataluña destinadas a dotar a la comunidad de un ordenamiento jurídico, fiscal y político distinto al español.

En los últimos meses, la Cámara catalana impulsó, gracias a la mayoría que conforman Junts pel Sí y la CUP, tres leyes denominadas por los secesionistas de desconexión con España. Se trata de la transitoriedad jurídica, la de creación de estructuras de estado (hacienda catalana y seguridad social propia) y la de proceso constituyente. Los independentistas pretenden continuar con el proceso de tramitación a pesar de todos los dictámenes jurídicos desfavorables y de la oposición frontal de la oposición catalana. Hoy, Josep Bou, presidente del colectivo empresarial acudirá a la sede del Defensor del Pueblo para registrar un documento pidiendo que la institución proteja jurídicamente los derechos de los trabajadores y las empresas frente a los planes de los grupos secesionistas del Parlamento catalán.

Investigación a Forcadell

El independentismo lleva meses anunciando que una de las bazas con las que cuenta para culminar el proceso será la movilización que provoque una eventual inhabilitación de Carme Forcadell. El soberanismo confiaba en que el juicio y la sentencia contra la presidenta de la Cámara catalana tuvieran lugar en septiembre, que es cuando el Gobierno catalán firmará la convocatoria de la consulta. Sin embargo, los planes secesionistas podrían frustrarse, si el juez atiende la petición de la Fiscalía, que le reclama más tiempo para la investigación de las dos querellas interpuestas contra la expresidenta de la ANC por desobedecer resoluciones del Tribunal Constitucional y por las que podría ser inhabilitada.

El ministerio público reclama al juez que declare el caso «causa compleja», lo que le permitiría prorrogar la instrucción hasta otros 18 meses.

Campaña del PP contra las «coacciones»

El presidente del PP catalán, Xavier García Albiol, presentó una campaña divulgativa que los populares llevarán a cabo a pie de calle para alertar de «la coacción y las amenazas» que, según él, sufren los no independentistas. Se repartirán unos 600.000 mil dípticos en 96 municipios con argumentos legales, económicos y emocionales a favor de la unidad. La campaña pretende «tocar la fibra» de la ciudadanía que no quiere la independencia, sean de izquierdas o derechas, según Albiol.