Una sola ley en cinco meses y medio

La fragmentación del Congreso en tantos grupos parlamentarios obliga al Gobierno a legislar casi por goteo y siempre negociando, lo que condiciona su programa


madrid / colpisa

En los cinco meses y medio transcurridos desde la investidura de Mariano Rajoy, las Cortes Generales han alumbrado una única ley. Es la trasposición de una directiva europea diseñada para facilitar la restitución de bienes culturales que hayan sido sacados ilegalmente del territorio español o de cualquier otro país comunitario. Y estaba pendiente desde el 2015. En este tiempo, el Gobierno ha registrado otros cinco proyectos de ley, incluidos los Presupuestos Generales del Estado, pero, salvo este último, solo uno responde a su propia iniciativa y versa sobre un asunto tan poco polémico o ideológico como los precursores de explosivos. El resto es todo normativa comunitaria del 2014 o incluso de finales del 2013.

Los datos hablan de las dificultades que afronta el Ejecutivo para desarrollar su programa electoral con garantías de éxito en un Parlamento de 350 escaños en el que solo cuenta con el apoyo seguro de los 137 diputados del PP. Aunque, de momento, se lo toman con cierta filosofía. «Si esta hubiera sido la composición de la Cámara en el 2012, ahora mismo estaríamos intervenidos», dice un colaborador de Mariano Rajoy. «Afortundamente, en los años de mayoría absoluta hubo tal renovación normativa que podríamos estar sin legislar los próximos diez años», añade casi sacando pecho.

Desmontar la herencia

El problema, frente a ese ejercicio de satisfacción, es que en estos momentos hay una oposición más que dispuesta a desmontar su herencia. Aunque todavía está por ver su capacidad de ponerse de acuerdo en el desarrollo de articulados completos, el Congreso ya ha empezado a discutir proposiciones para derogar algunos aspectos de la reforma laboral aprobada en el 2012 o para modificar la llamada ley mordaza. El Ejecutivo actual ha tenido que aceptar incluso negociar una nueva ley de educación que sustituya a la polémica Lomce ante la más que evidente mayoría de varios sectores en su contra.

Es verdad que, en un período de tiempo similar, en la pasada legislatura (dejando al margen la fallida del 2016), el Gobierno de Rajoy tampoco había logrado terminar la tramitación de muchas leyes. Hasta junio, salieron adelante cuatro, entre ellas, los presupuestos y la ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. La diferencia es que, sabedor de que entonces no tendría problema para aprobarlos, en los primeros cinco meses y medio del mandato, desde la Moncloa ya se habían enviado a las Cortes hasta trece proyectos (frente a los cinco de ahora).

A modo de lamento, en la Moncloa aducen que si se dejaran a un lado prejuicios y estrategias partidistas su labor sería mucho más sencilla. Sobre todo, en determinadas cuestiones. «En los últimos meses ha habido una votación que ha reflejado claramente cuál es la mayoría natural de la Cámara y fue la de las medidas para evitar la ocupación de pisos vacíos», aseguran. Es una propuesta del partido catalán PDECat que contó con el respaldo del PP, Ciudadanos, PNV y Coalición Canaria.

Un 30 % de las proposiciones de la legislatura anterior

Lo que sí parece evidente es que, con una fragmentación en el Congreso como la actual, el juego se reparte entre todos y también la oposición tiene una oportunidad de legislar como nunca. Es pronto para ver cómo evolucionarán, pero los grupos ya han presentado 73 proposiciones, que es ya un 30 % de lo que se molestaron en intentar «colar» en la legislatura anterior.

El recurso del decreto ley continúa vivo, pero es menos frecuente

En la época de mayoría absoluta, el PP legisló mucho por decreto, fórmula pensada para casos de «extraordinaria y urgente necesidad». Solo en el primer semestre, aprobó más de una veintena, la gran mayoría, medidas económicas con las que pretendía responder a la profunda crisis. El primero, al llegar Rajoy a la Moncloa, incluyó una subida de impuestos, la congelación del salario de los funcionarios y un ajuste de 9.000 millones, pero le seguirían el recorte en Sanidad y Educación, la paralización de la ley de dependencia, la reforma del sistema financiero... Ahora también ha echado mano del decreto ley, pero su contenido es igualmente indicativo de que ya no puede aplicar el rodillo. Lleva doce y, de momento, ha conseguido que el Congreso los convalide todos menos uno, el de la estiba. Queda otro, el dela oferta de plazas para profesores, Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Cuerpos de policía de las comunidades, pendiente de discusión en el pleno.

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