Interior prepara varios escenarios en función de lo que haga la banda
09 abr 2017 . Actualizado a las 05:00 h.Técnicos de Instituciones Penitenciarias y juristas de los ministerios de Justicia e Interior y del Gobierno debaten desde hace semanas diversos escenarios de «movimientos» -rechazan hablar de acercamientos- de presos de ETA para el caso, que consideran «muy próximo», de que la banda terrorista formalice su disolución. Según diversos responsables de la lucha antiterrorista, no hay todavía «ningún plan específico» cerrado a la espera de ver cómo evolucionan los acontecimientos y, sobre todo, hasta valorar el «alcance» de esa hipotética desaparición de la organización y la «calidad» de su desarme. Los trabajos se han acelerado desde que, el pasado 17 de marzo, ETA anunció la entrega de armas, paso previo, entienden, a su desaparición.
El mensaje oficial de Interior, no obstante, es que ETA tiene que cumplir, además de entregar las armas, otras cuatro condiciones si quiere cambios en la política penitenciaria: disolverse, manifestar su arrepentimiento, pedir perdón a las víctimas y resarcir el daño. Se trata de unas condiciones más duras, incluso, de las que había fijado Fernández Díaz, quien había apuntado que la disolución y el desarme podrían abrir la puerta a ese acercamiento. La tesis del exministro tiene muchos defensores en Instituciones Penitenciarias y en otras áreas del Ejecutivo, partidarios de «valorar» de alguna manera el fin de la banda.
La dispersión de los presos de ETA, aplicada desde 1985 por todos los Gobiernos desde el de Felipe González y avalada por los tribunales, es la herramienta central con la que cuenta Interior, ya que el resto de las medidas ?aislamiento o clasificaciones en diferentes grados? pueden ser matizadas por los juzgados. La dispersión ha sido un «pilar fundamental» en la lucha antiterrorista, en tanto en cuanto «debilitaba» la capacidad de la dirección de ETA para imponer su doctrina a la colectivo de reclusos y, por tanto, facilitaba la reinserción de los presos
«Pero si desaparece la banda su poder de influenciar a sus recursos, por ende, también desaparecería, por lo que cabría estudiar movimientos de unos presos que ya no serían parte de un grupo criminal organizado, porque este, simplemente, ya no existiría», apuntan altos responsables de la seguridad del Estado. Pero, al mismo tiempo recuerdan que es la propia normativa penitenciaria la que subraya el tratamiento «individual» de cada recluso. Lo que no está en la mente de nadie un «movimiento masivo» como el que llevó a cabo el Ejecutivo de Aznar en 1999.