El Gobierno advierte a Bildu de que decidirá caso por caso el futuro de los presos de ETA

El Ejecutivo defiende la dispersión pero con una justificación innovadora: ya no arguye que sea para debilitar a la banda, sino por motivos organizativos

La diputada de EH Bildu, Marian Beitialarrangoitia registró en noviembre del 2016 una extensa batería de preguntas sobre posibles cambios en la política de dispersión
La diputada de EH Bildu, Marian Beitialarrangoitia registró en noviembre del 2016 una extensa batería de preguntas sobre posibles cambios en la política de dispersión

Madrid / Colpisa

El Gobierno no da señales de que piense flexibilizar la política penitenciaria para los reclusos de ETA. El Ejecutivo de Mariano Rajoy avisa a EH Bildu de que el futuro de los presos terroristas será siempre «individualizado» y que seguirá la aplicación de criterios «científicos» penitenciarios, valorando la «peligrosidad» de cada uno de los encarcelados.

El Ejecutivo, además, insiste en que no se plantea una solución general para los reclusos y reitera que la denegación de beneficios a los que están «calificados de peligrosidad extrema» continuará hasta que estos, siempre de forma individual, den «signos inequívocos» de haber roto con la «disciplina interna» de ETA.

Estas premisas aparecen en una respuesta parlamentaria a la diputada de EH Bildu Marian Beitialarrangoitia, quien en noviembre del 2016 había registrado una extensa batería de preguntas sobre posibles «cambios en relación con la política de dispersión aplicada a los presos vascos».

Diagnóstico de peligrosidad

La respuesta del Ejecutivo, fechada el pasado 28 de febrero, defiende la dispersión, pero con una justificación innovadora. Ya no arguye que sea para debilitar a la banda, sino por motivos organizativos. «El estudio y análisis de las variables que intervienen en la clasificación penitenciaria en grados comporta también que se determine el diagnóstico de la peligrosidad criminal de cada recluso» y con ello «la asignación de un programa de tratamiento individualizado tendente a su inserción social», señala el texto. «Esto conlleva que cada penado sea destinado a un centro penitenciario y, dentro del mismo, al departamento adecuado para la consecución de los fines establecidos en la Constitución».

El documento abunda en que la ley ampara la aplicación de «elementos diferenciales» a los miembros de «organizaciones terroristas y de organizaciones criminales». E insiste en que el fin del aislamiento de los miembros de ETA más recalcitrantes solo pasa por ellos mismos y no por circunstancias externas. Entre las variables que Instituciones Penitenciarias puede «valorar» para «acordar la progresión a segundo grado» (y posibles permisos), está que se aprecien en el interno «signos inequívocos» de «haberse sustraído a la disciplina interna de la organización terrorista de que se trate». Pero no solo. El Ejecutivo apunta como condiciones también sine qua non «la petición de perdón a las víctimas y la asunción del pago de los daños causados».

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