El Gobierno estrangula la financiación del referendo independentista catalán
ESPAÑA
Lleva al Constitucional las partidas de los Presupuestos de Puigdemont para la consulta
01 abr 2017 . Actualizado a las 05:00 h.Mariano Rajoy ha atacado el flanco más sensible del referendo sobre la independencia de Cataluña, el de su financiación. La Abogacía del Estado presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional contra las partidas de los Presupuestos catalanes dotadas con fondos para cubrir los gastos de la consulta. La simple admisión a trámite de la impugnación congelará los poco más de seis millones de euros dispuestos para ese fin. Rajoy también pedirá en su recurso que se advierta al presidente de la Generalitat y a sus consejeros que la desobediencia de las disposiciones que adopte el tribunal lleva aparejadas consecuencias legales, «incluso penales».
Solo un día después de que el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña publicara los Presupuestos para el 2017, el Consejo de Ministros aprobó ayer que jefe del Ejecutivo recurra ante el Constitucional la disposición adicional de la que cuelgan las tres partidas para costear la consulta separatista. El Gobierno dio el visto bueno al informe presentado por la Abogacía del Estado, y decidió impugnar con un lenguaje más áspero que nunca las pretensiones de la Generalitat de Cataluña. Además de recordar que la convocatoria de referendos es «una competencia estatal» recogida en la Constitución, subraya que la consulta prevista para septiembre, no es «un referendo cualquiera sino aquel con el que se pretende culminar el llamado proceso constituyente en Cataluña, ignorando que el Constitucional ha declarado reiteradamente que el derecho a decidir solo puede ser válido en el marco y con el respeto a los procedimientos constitucionales.
Una dureza que contrastó con el anuncio amable de Rajoy del pasado martes de invertir 4.200 millones de euros en infraestructuras para Cataluña en cuatro años, y que suscitó las quejas de otros territorios temerosos de verse discriminados.
El Gobierno ha decidido alternar el palo y la zanahoria, y ayer fue el turno del garrote. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría volvió a la sala de conferencias de prensa de la Moncloa después de cinco meses de ausencia para asestar el primer golpe legal a la consulta soberanista. Sostuvo que es «un hecho inédito» y «no muy comprensible» que el Parlamento catalán, con mayoría de fuerzas independentistas catalanas y con la anuencia del Gobierno de Puigdemont, decidiera seguir adelante con los Presupuestos y su capítulo de gastos para el referendo después de recibir el aviso de que eran ilegales por parte del Consejo de Garantías Estatutarias, un organismo dependiente de la Generalitat, y de los propios letrados del Parlamento de Cataluña.
Dos enmiendas
Las advertencias solo sirvieron para maquillar la disposición adicional 40 que fija las medidas para «la organización y gestión» del referendo a través de dos enmiendas, una de la CUP, que planteó la consulta unilateral, y la otra de Catalunya Sí que es Pot, coalición que incluye a Podemos y que defendió una votación pactada con el Estado. Todo ello se hizo a sabiendas, según Sáenz de Santamaría, de que constituía una flagrante vulneración de los artículos 1, 2, 9 y 168 de la Constitución.
Para dotar de recursos la gestión del referendo se aprobaron tres partidas en los Presupuestos, de 407.450 euros, 800.000 y cinco millones. En total, algo más de 6,2 millones de euros que el Gobierno también ha impugnado.
Pero no solo las ha recurrido sino que Rajoy, como firmante del escrito, solicitará la suspensión automática de los preceptos denunciados. El tribunal, con toda seguridad, atenderá la demanda gubernamental y dejará sin fondos oficiales la preparación y celebración del referendo cuando en teoría solo faltan cinco meses para que se celebre. Claro que los independentistas, con «la astucia» que llevan a gala, pueden recurrir a otra partida de los Presupuestos, la del fondo de contingencia dotada con 330 millones de euros y prevista para afrontar desastres naturales.
Los socialistas anuncian que también recurrirán las cuentas
El PSOE y el PSC presentarán el martes su recurso ante el Constitucional contra la disposición adicional de los Presupuestos de la Generalitat que regula la celebración del referendo. Los socialistas catalanes pidieron la colaboración del PSOE porque se requiere la firma de 50 parlamentarios del Congreso o del Senado para presentar una impugnación en la corte de garantías. El PP y Ciudadanos también redactarán un recurso conjunto porque la formación de Albert Rivera no alcanza la cifra mínima exigida con sus representantes en ambas cámaras legislativas. Entregarán su escrito la próxima semana.
Ibarra propone dos consultas para solucionar la «imposición»
El expresidente de la Junta de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra propuso ayer la convocatoria de dos referendos para acabar con la «imposición» del independentismo catalán: uno a nivel nacional y otro en Cataluña, a celebrar ambos el mismo día.
Rodríguez Ibarra considera que el problema nacionalista comenzó en 1993, «con el objetivo de minimizar el Estado y sus elementos de cohesión». Ese año, el presidente del Gobierno, el socialista Felipe González, cedió a las comunidades autónomas el 15 % del IRPF, porque no tenía mayoría absoluta. «Necesitaba apoyos y una de las condiciones de los nacionalistas catalanes fue ceder parte del IRPF», lo que se hizo «con gran escándalo de la derecha», recordó el político socialista en su intervención en un foro en Cáceres.
Campuzano releva a Homs como portavoz en el Congreso
El hasta ahora número dos del PDECat en el Congreso, Carles Campuzano, será el nuevo portavoz del partido en la Cámara baja en sustitución de Francesc Homs, inhabilitado por el Tribunal Supremo a un año y un mes por el juicio del 9N. El también diputado Jordi Xuclà será coordinador de los 12 diputados y senadores del partido en las Cámaras baja y alta, respectivamente -cargo que también ejercía Homs-, mientras Josep Lluís Cleries sigue siendo el portavoz en el Senado.
La Generalitat advierte de que las urnas no se podrán evitar
Carles Puigdemont replicó a la decisión del Gobierno de impugnar los Presupuestos del referendo con la advertencia a Mariano Rajoy de que por muchos recursos que presente no conseguirá impedir la consulta. Un referendo, que en el viaje que ha efectuado esta semana a Estados Unidos ha situado a finales de septiembre, y que ayer insistió en que era «un compromiso irrenunciable» de las fuerzas que lideran el proceso soberanista. «Que el Gobierno haga lo que quiera, pero no podrá detener la voluntad de los catalanes», aseguró desde Nueva York.
El hecho de que el recurso de la Moncloa incluya la petición al Tribunal Constitución de que haga una advertencia sobre las consecuencias penales para Puigdemont y los miembros de su gabinete no implicará, según el presidente de la Generalitat, ningún obstáculo añadido porque, recordó, ya lleva acumulados cuatro avisos de este tipo por parte del tribunal. El jefe del Ejecutivo catalán anunció que «plantará cara y se defenderá» y remarcó que las advertencias por la vía penal «agravan el problema». «Poniendo palos en las ruedas no podrá evitar» el referendo, insistió.
A su juicio, y a pesar de que el recurso del Gobierno supone la suspensión automática de las partidas impugnadas, la «acción» del Ejecutivo catalán no quedará paralizada. Puigdemont considera que tiene un «amplio margen de maniobra» para «seguir llevando adelante» la hoja de ruta secesionista, pues continúa «manteniendo la competencia» para convocar «elecciones y consultas». La decisión del presidente de la Generalitat de convocar el referendo es firme y la pregunta que se hace el Ejecutivo autonómico y que se hacen los líderes independentistas es hasta dónde está dispuesto a llegar Rajoy para frenar la votación.