Antonio Luque, que fue concejal de Hacienda entre el año 2000 y mayo de 2003, ha afirmado que en el Ayuntamiento «no se movía ni se pagaba ni una sola peseta sin que el señor Gil lo autorizara previamente», ha asegurado que firmaba los decretos por los que se autorizaba el gasto «bajo la tutela del interventor» y que si no lo hubiera hecho «no hubiera durado un segundo».
En esa línea se ha manifestado Alberto García Muñoz, que fue edil de Hacienda entre mayo y agosto de 2003, quien ha dicho que «jamás habría ordenado un pago con reparos del interventor».
