El expresidente del Palau reconoce donativos de Ferrovial a cambio de obra pública
09 mar 2017 . Actualizado a las 05:00 h.La larga sombra de la corrupción que desde hace tiempo se cierne sobre la antigua Convergència se confirmó con pelos y señales ayer en el juicio del caso Palau. Por primera vez en sede judicial y en público, dos de los principales acusados, Félix Millet y Gemma Montull, confirmaron lo que hasta la fecha era una acusación de la Fiscalía, que la formación nacionalista se financió a través del Palau de la Música y recibió comisiones ilegales de la empresa Ferrovial a cambio de concesiones de obras públicas del Gobierno catalán. Lo que Pasqual Maragall definió en el 2005 como «ustedes tienen un problema que se llama 3 %», Millet lo tradujo: «Ferrovial hacía donaciones para que el dinero fuera a Convergència a cambio de obra pública». No era el 3 % que decía el expresidente socialista de la Generalitat, era el 4 %.
Se esperaba con expectación la declaración de la hija del exnúmero dos del Palau, Gemma Montull, que fue directora general de la entidad cultural, pero en cambio el que cantó el gordo fue el presidente de la institución, Félix Millet, quien admitió, como ya hizo en el 2009, que se apropió de fondos del Palau, si bien no asume las cantidades que le imputa la Fiscalía (cerca de 30 millones), pero inculpó por primera vez a Convergència, algo que no hizo durante la fase de instrucción. Un cambio que hace suponer un acuerdo entre sus abogados y el ministerio público para que tirara de la manta a cambio de una rebaja en la petición de pena.
Según el relato de ambos -este jueves completa la terna de declaraciones Jordi Montull-, Ferrovial, a través de la intermediación del Palau, donaba el 4 % del coste de cada obra que se le adjudicaba. La mordida se la repartían entre los mediadores -Millet y Montull, que se quedaban el 1,5 %- y la formación política, el 2,5 %. A cambio, el partido garantizaba que la constructora ganara concursos públicos de la Generalitat. El dinero llegaba al Palau en concepto de patrocinio, pero como reconoció Montull, el «patrocinio real era muy inferior, ya que la mayoría del dinero iba para comisiones». Usaban además tres métodos de pago a la fenecida Convergència: las entregas en efectivo, facturas falsas y donaciones a la fundación Trias Fargas, dependiente de ese partido.
Tanto Millet como la hija de Montull cargaron las tintas sobre otro de los acusados, el extesorero Daniel Osácar, quien sustituyó a Carles Torrent, que también estaba imputado en la causa, pero falleció. Aunque la investigación apuntó a que un alto cargo de CDC estaba al corriente de la trama, aunque «no pudo ser identificado», según el juez instructor, los dos acusados limitaron las responsabilidades a Osácar y Torrent.
Rechazo y asco
La declaración de Millet y la de la hija de Montull cayó como una bomba en el soberanismo, solo comparable a la confesión que hizo Jordi Pujol en el 2014 sobre la fortuna que mantuvo oculta al fisco durante décadas. Como entonces, la comparecencia de Millet abrió la caja de los truenos en las fuerzas soberanistas, más necesitadas que nunca de la unidad, y a las que el juicio del Palau les pasará factura porque su frágil cohesión puede saltar por los aires. Esquerra se apresuró a distanciarse de sus socios. «Lo que hemos escuchado nos produce rechazo y un asco profundo», afirmaron los republicanos. La CUP fue más allá y apuntó contra Artur Mas, hasta el punto de reclamar su comparecencia parlamentaria porque «no podemos que se relacione la corrupción con el independentismo».
Carles Puigdemont marcó distancias y replicó que su Gobierno «no tiene ningún caso de corrupción política». En cualquier caso, una de las claves del proceso soberanista está en saber cuántos casos más pueden tolerar Esquerra y la CUP sin romper el frente independentista, y cuánto están dispuestos a quemarse en esa tarea, sobre todo el vicepresidente y líder de los republicanos, Oriol Junqueras.
La otra derivada política es para el PDeCAT, que sigue a la búsqueda de un candidato. Ningún acusado apuntará contra Mas, pero el expresidente de la Generalitat era el responsable del partido cuando sucedieron los hechos que se juzgan.
El exresponsable del Palau admite que la institución abonó incluso las bodas de sus hijas
Félix Millet, antiguo patricio de la burguesía catalana, se presentó en el juicio como un hombre mayor, de salud delicada y con problemas de audición. Sentado en una silla de ruedas y en ocasiones con respiración forzada, reconoció que se lucró a costa del Palau, aunque no admitió ni de lejos los 30 millones que le imputa el fiscal. Asumió que las bodas de sus dos hijas se pagaron con fondos del Palau y que lo hizo para darle «publicidad» al templo modernista como salón de banquetes.
También aceptó que hizo obras en sus casas de lujo con cargo al Palau, además de viajes y que se asignó un sueldo de 800.000 euros y de 200.000 para Montull porque consideraba que se lo había ganado al evitar la quiebra de la institución cultural. «Cobraba de muchos sitios», dijo, a lo que el fiscal replicó: «Me estoy dando cuenta». Eso sí, reconoció que se equivocó con el desfalco: «Fue un error brutal. Me siento culpable. Me equivoqué, lo lamento».
Gemma Montull, entre lágrimas, también se vino abajo. «Yo no me he quedado ni un euro», aseguró. La ex directora general de la institución e hija del número dos del Palau reconoció los pagos de Ferrovial a cambio de la adjudicación de obras públicas, pero aseguró que ella se limitó a hacer lo que le mandaban. Entre lágrimas, se defendió con el argumento de que su autonomía era nula. «Millet era el jefe supremo, más que supremo», hasta el punto de que «nadie cuestionaba lo que quería y decía», declaró Montull. La justificación para esa obediencia ciega era que Millet era «una persona honorable» que era atendido «por todo el mundo y todas las personalidades». En cualquier caso, Gemma Montull insistió en que ella no se quedó «ni un solo euro», y que el «80 %» de todo el dinero que se desviaba del Palau iba a parar a las manos de Millet, presidente de la institución.
La oposición exige a Mas que dé explicaciones y asuma responsabilidades
Pase lo que pase con el referendo que los secesionistas quieren celebrar en septiembre, las elecciones en Cataluña están a la vuelta de la esquina, motivo por el que la oposición aprovechó la confesión de Félix Millet para cargar contra el PDeCAT y para reclamar la comparecencia en la Cámara catalana de Artur Mas, que era el responsable de CDC cuando sucedieron los hechos, y la asunción de responsabilidades políticas por la financiación ilegal confesada por los exresponsables del Palau de la Música.
«Millet está cantando la Traviata, diciendo lo que muchos catalanes ya sospechábamos: Convergència ha cobrado comisiones por adjudicaciones de contrato», afirmó la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas. La formación naranja emplazó a Artur Mas a dar la cara en el Parlamento catalán para explicar «si sigue poniendo la mano en el fuego por los Bárcenas» de su partido. El expresidente catalán dijo en su momento que ponía la mano en el fuego por la honradez del extesorero Daniel Osácar. En principio, se prevé que Mas ofrezca su respuesta a los hechos confesados una vez declaren los principales acusados en el juicio.
El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, recordó al expresidente de la Generalitat que lo que le dijo Maragall sobre el 3 % era cierto. Artur Mas siempre negó que hubiera cualquier tipo de irregularidad, apuntó Iceta, que entiende que el tiempo ha desmentido al presidente del PDeCAT, que tendría que «asumir responsabilidades políticas», el habitual eufemismo para exigir su dimisión.
El coordinador y futuro presidente del PP catalán, Xavier García Albiol, fue aún más explícito: «No existe estelada suficientemente grande para tapar toda la porquería de CDC», dijo.
Joan Coscubiela, diputado de Catalunya sí que es Pot, alianza de la que participa Podemos, no fue tan crudo y se limitó a instar a los dirigentes de la antigua Convergència a dar explicaciones y a asumir «de una vez por todas» responsabilidades por este caso de corrupción.