El órgano, que estudiará el supuesto uso de medios del Ministerio del Interior por parte del exministro, fijará las comparecencias en dos semanas
09 mar 2017 . Actualizado a las 14:35 h.La comisión de investigación sobre el supuesto uso de medios del Ministerio del Interior por parte del exministro Jorge Fernández Díaz, la primera en los últimos 13 años, echó a andar este jueves después de seis meses de retrasos, aunque no será hasta el 21 de marzo cuando comience a fijar las comparecencias.
Por el momento la tarea de los grupos será la de presentar sus propuestas de trabajo a la comisión, que se volverá a reunir dentro de semanas. Todos sus miembros coinciden en que el exministro Jorge Fernández Díaz y el exjefe de la Oficina Antifraude de Cataluña Daniel de Alfonso estarán en esa lista de citados. Y es que la investigación, impulsada por el PSOE y los nacionalistas catalanes y vascos, y apoyada por Podemos y Ciudadanos, nace precisamente después de que se destaparan en julio las conversaciones entre ambos dirigentes.
Se ha constituido finalmente este jueves y acordado por unanimidad que el el diputado del PNV Mikel Legarda sea su presidente, mientras que PP y PSOE ocuparán las vicepresidencias y Ciudadanos y Podemos se harán cargo de sendas secretarías. «El objetivo es tratar de determinar el grado de correspondencia y responsabilidad de estos hechos con la denuncia del Congreso que motivó la creación de esta comisión», explicó Legarda a los periodistas al término de esta primera reunión, que calificó de «cordial» y en la que se sentaron las bases del «guion» para continuar los trabajos.
La primera tras el 11M
Esta comisión es la vigésima de la democracia y la primera en 13 años, después de la de los atentados de Madrid del 11M. Desde el inicio de la democracia ha habido otras 19 comisiones de investigación en el Parlamento, casi todas en el Congreso, excepto una para investigar el aceite adulterado a principios de los años ochenta que fue mixta con el Senado y que precisamente tuvo su sede en la Cámara Alta, que también acogió otra sobre los GAL en los noventa.
Son comisiones no permanentes, que crea el Congreso, el Senado o ambas cámaras conjuntamente para investigar cualquier asunto de interés público. Las comparecencias solicitadas por la misma son de carácter obligatorio.
Es, por tanto, la primera comisión de investigación que se constituye en esta legislatura, aunque hay aprobada otra más para indagar sobre la crisis bancaria y este miércoles se registraron peticiones cruzadas sobre la financiación del PP -por parte del PSOE, Podemos y Ciudadanos- y de todos los partidos -por parte del PP-.
Ya en la I legislatura, con mayoría absoluta de UCD, se constituyó la primera comisión de investigación, el 28 de diciembre de 1979, con el fin de investigar posibles malos tratos en las cárceles del País Vasco. Un año después se creó otra comisión para investigar sobre RTVE y, al año siguiente, una comisión especial de investigación conjunta del Congreso y el Senado, sobre la comercialización fraudulenta de aceite de colza adulterado.
Durante la II legislatura, con mayoría absoluta del PSOE, se constituyeron otras tres comisiones de investigación: una sobre el caso Rumasa, otra para indagar las dos catástrofes aéreas ocurridas en Barajas los días 17 de noviembre y 7 de diciembre de 1983, y una más sobre financiación de los partidos políticos.
En la III, también con mayoría absoluta del PSOE, solo se creó una comisión de investigación sobre incompatibilidades y tráfico de influencias. La IV vio desarrollarse dos comisiones de investigación: una sobre supuestas irregularidades durante las elecciones generales del 29 de octubre de 1989 y otra relativa a la compra de terrenos por parte de Renfe o de su filial Equidesa, para financiar infraestructuras ferroviarias en San Sebastián de los Reyes y Alcobendas.
Con los socialistas en mayoría relativa, la V legislatura fue la más activa en este campo y acogió tres comisiones de este tipo en el Congreso y una en el Senado. La primera, en marzo de 1994, con el fin de investigar la gestión de los fondos presupuestarios asignados a la Dirección General de la Guardia Civil, durante la etapa presidida por Luis Roldán. Dos meses después, otra sobre la actuación del exgobernador del Banco de España Mariano Rubio, y, un año después, la tercera, que se encargó de investigar el proceso de privatización de la empresa pública Intelhorce. No dio tiempo a aprobar un informe porque se disolvieron las Cortes en enero de 1996, por lo que caducó la comisión.
En el Senado, por su parte, se creó en noviembre de 1995 una comisión de investigación para determinar las responsabilidades políticas en la creación, actuación y financiación de los GAL, después de que se hubiera rechazado una propuesta similar en el Congreso un mes antes. También la Cámara Alta fue la sede de una comisión de estudio, aunque técnicamente no era de investigación, sobre la financiación de los partidos políticos, tras el caso Filesa y el caso Naseiro. Sin embargo, caducó al no haberse aprobado un informe final antes de la disolución de las Cortes.
Durante la VI legislatura, con el PP gobernando en minoría, se crearon en el Congreso dos comisiones de investigación: una para analizar la llamada «amnistía fiscal» y otra sobre el presunto fraude en la concesión de ayudas de la Unión Europea para el cultivo del lino. Con el PP con mayoría absoluta, en la VII legislatura sólo se creó una comisión de investigación, en septiembre del 2001, y fue la que se dedicó a investigar el caso de la agencia de valores Gescarteta.
Fue en la octava legislatura, con el PP gobernando de nuevo, en minoría, cuando se constituyó la última comisión de investigación hasta ahora. Su creación se aprobó en mayo del 2004 y tuvo como objetivo investigar sobre los atentados terroristas ocurridos en Madrid el 11 de marzo de ese año, tres días antes de las elecciones generales.