El principal órgano consultivo catalán confirma que el referendo sería ilegal

Advierte que la partida presupuestaria prevista para la consulta es inconstitucional


Barcelona / Colpisa

La hoja de ruta independentista recibió ayer un soberano varapalo. El revés en esta ocasión no llegó de la mano del Consejo de Ministros ni de una resolución del Tribunal Constitucional, sino de un organismo de la Generalitat. El Consejo de Garantías Estatutarias, lo más parecido a un tribunal constitucional catalán, advirtió a Carles Puigdemont de que el referendo es inconstitucional y la referencia concreta al mismo que el Gobierno catalán ha incluido en los presupuestos del 2017 va contra la Carta Magna y contra el propio Estatuto de Autonomía de Cataluña.

Se trata de una de las disposiciones adicionales del proyecto de cuentas públicas, que proclama que «el Gobierno, dentro de las disponibilidades presupuestarias para 2017, debe habilitar las partidas para garantizar los recursos necesarios en materia de organización y gestión para hacer frente al proceso refrendario sobre el futuro político de Cataluña en el marco de la legislación vigente en el momento de su convocatoria». Un texto, con el que el Ejecutivo catalán hizo más digeribles sus cuentas para la CUP, que exigía partidas específicas para la consulta secesionista, pero que a juicio del Consejo de Garantías incumple el Estatuto y la Constitución.

Los dictámenes de la entidad consultiva, cuya función es velar por que las leyes que impulsan la Generalitat y la Cámara catalana se adecúen al Estatuto y a la Constitución, no son vinculantes, aunque son de calado político y más aún en este caso en que el órgano de la Generalitat cuestiona la ley de presupuestos, una de las más importantes de cualquier gobierno. El Consejo de Garantías se ha pronunciado después de que Ciudadanos, PP y el PSC lo solicitaran, al entender que la Consejería de Economía, dirigida por Oriol Junqueras, se extralimitaba en sus atribuciones.

Al organismo, compuesto por nueve consejeros, seis a propuesta del Parlamento catalán y tres por parte del Ejecutivo autonómico, no se le puede acusar de ser proclives a las tesis españolistas, y de hecho sus informes nunca han estado en cuestión. Pero en esta ocasión ha señalado que la disposición adicional referida al referendo «no supera el test de adecuación constitucional y estatutaria».

En la medida en que el referendo está fuera de las competencias de la Generalitat, según recuerda el constitucional catalán, «los presupuestos no pueden prever, aunque sea en forma condicional o potencial, disposiciones normativas en relación con competencias o facultades que no le son propias» al Gobierno autonómico. Avisa asimismo a Puigdemont y Junqueras de que el «poder legislativo presupuestario no es un poder libre, sino que debe responder al modelo de reparto de competencias que delimitan la Constitución y el Estatuto».

Dinero para consultas

En cambio, el Consejo de Garantías no ve problemas en los 5,8 millones de euros de gasto asignados en las cuentas para «procesos electorales y consultas ciudadanas». Una partida que la oposición cree que también está destinada a la consulta junto con un fondo de contingencia de 330 millones, que Junqueras incluyó como inversión oculta para el referendo, pero disfrazada con otro nombre para que no fuera impugnable.

A pesar de la contundencia de la resolución del organismo autonómico, la Generalitat ni se inmutó y expresó que el dictamen no varía sus planes. «Convocaré el referéndum», afirmó el presidente de la Generalitat. «La partida económica con el dinero reservado para hacer el referéndum está perfectamente avalada; por tanto, el referéndum se hará», avisó.

El Ejecutivo catalán tiene que decidir si respeta la recomendación del Consejo Consultivo o tira por la calle del medio, con el riesgo de servir en bandeja la impugnación de los partidos de la oposición y la posterior suspensión por parte del Tribunal Constitucional de la parte referida de los presupuestos de la comunidad autónoma.

La oposición ve desautorizado al Ejecutivo y exige elecciones

Los grupos de la oposición en Cataluña consideran que el Gobierno de Carles Puigdemont ha quedado desautorizado tras el dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias sobre el presupuesto, y le exigieron que rectifique definitivamente en su hoja de ruta o que convoque elecciones cuanto antes. «Hasta aquí hemos llegado. Hoy es el game over de Puigdemont, su aventura ha terminado. Ya no hay más personas que le puedan decir que lo que está haciendo es saltarse las leyes», afirmó Fernando de Páramo, de Ciudadanos, formación que lidera la oposición y que se plantea acudir al Tribunal Constitucional si la Generalitat no modifica el texto cuestionado por el organismo catalán.

En la misma línea, Miquel Iceta, líder del PSC, aseveró que «si el único objetivo de este Gobierno era hacer un referéndum, se ha quedado sin objetivo». Por tanto, a su juicio, la legislatura «ha terminado» y lo que debería hacer el presidente de la Generalitat es «convocar lo antes posible unas nuevas elecciones». «No es Madrid, no es el Constitucional, no son los unionistas, sino un organismo de la Generalitat que hace un análisis jurídico del texto de los presupuestos y dice que el referéndum que quieren hacer, no se puede hacer», añadió. Los socialistas también recurrirán al alto tribunal si Puigdemont no sigue el dictamen y da marcha atrás en el proceso que lleva a la convocatoria del referendo.

Según Catalunya sí que es Pot, la coalición que engloba a Podemos, la resolución «desautoriza en toda regla la estrategia de unilateralidad del Gobierno catalán». «Esto ya no lo dice el Tribunal Constitucional, sino el Consejo de Garantías Estatutarias, y lo hace por unanimidad», recordó Joan Coscubiela, quien anunció que su partido exigirá explicaciones a Puigdemont.

El coordinador del PPC, Xavier García Albiol, mientras, señaló que «ya basta» de que la Generalitat practique el «bandolerismo político». En el caso de que el Gobierno catalán apruebe los presupuestos con la polémica disposición sobre el referendo, el PP anunció asimismo que presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional.

El equivalente al Constitucional, elegido en Cataluña

El Consejo de Garantías Estatutarias es el equivalente al Tribunal Constitucional en Cataluña. Introducido en el Estatuto del 2006, su misión es velar por la conformidad de las normas catalanas con la Constitución y el Estatuto. Está integrado por nueve consejeros, seis de los cuales son elegidos por el Parlamento catalán y tres por el Ejecutivo entre expertos constitucionalistas. Sus dictámenes no son vinculantes.

Los secesionistas mantienen su desafío, aunque tengan que enmendar la ley

Como ha venido haciendo tras recibir otros reveses anteriores, la Generalitat insistió ayer en que no dará marcha atrás con el referendo, incluso si tiene que reformar el reglamento del Parlamento autonómico por la puerta de atrás, como ha ocurrido con la pretensión de aprobar sin debate la ley de transitoriedad jurídica. Una pretensión que chocó también con la oposición de los letrados de la propia Cámara, que negaron que se pueda utilizar el trámite de urgencia para aprobar la norma llamada a ser la más trascendente en casi 40 años de autonomismo sin discusión ni presentación de enmiendas.

Junqueras, como titular de la Consejería de Economía, insistió en el «compromiso» del Ejecutivo con la celebración del referendo pese al dictamen del Consejo de Garantías, si bien abrió la puerta a introducir algún cambio en el texto de la disposición. «La Generalitat siempre estudia los dictámenes del Consejo de Garantías y siempre mantiene todos los compromisos y en particular el del referéndum», remató.

Los dos partidos que integran la coalición gobernante, PDECat y ERC, estudian ya por separado el informe con vistas a una reunión posterior en la que tratarían de consensuar una enmienda al texto legislativo, pero manteniendo la partida de 5,8 millones para los procesos electorales, que no ha sido cuestionada por el dictamen del órgano consultivo.

Sin embargo, a CUP advirtió, para dejar las cosas claras, de que los presupuestos se pueden modificar para introducir mejoras sociales, pero «en ningún caso sería comprensible que se diera un paso atrás con la cuestión del referéndum». El apoyo de los antisistema es necesario para que el proyecto de presupuestos salga adelante.

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