La viuda de Sala dejó a sus hijos sin dividendos de las empresas, que el año pasado ganaron 8 millones

Las sociedades que llevaba el yerno detenido estaban en pérdidas


redacción / la voz

Mientras la Policía Nacional continúa la investigación sobre el crimen de la viuda del expresidente de la extinta Caja Mediterráneo (CAM) Vicente Sala, María del Carmen Martínez, ocurrido el pasado 9 de noviembre en Alicante, el suceso adquiere cada vez más tintes de novela negra. Como principal ingrediente, el poderoso dinero, aderezado con celos y ambición. Es con ese menú con el que los investigadores llegaron a la detención de Miguel López, el marido de la hija menor del matrimonio Sala, dueño de un imperio que el año pasado facturó más de 250 millones y arrojó unos beneficios de 8,1 millones de euros.

Los sectores del entramado de esta familia alicantina compuesta por los cuatro hijos de los Sala Martínez (tres mujeres y un varón) van desde los concesionarios de vehículos e inmobiliarias hasta empresas de resinas, plásticos y cauchos con filiales en Argentina, Colombia, Brasil, Perú, México Uruguay, Estados Unidos, Reino Unido y Alemania.

Mientras Vicente Sala regentó los negocios, la familia era una seda, pero ya meses antes de fallecer, en el 2011, otorgó una serie de poderes a su vástago que no sentó bien a sus hijas. Su testamento (un 20 % para cada descendiente, un 17,5 % y la acción de oro -poder de decisión y veto- para la viuda, y un 2,5 % para su cuñada) podría haber igualado expectativas y calmado envidias. Pero nada más lejos. La pugna comenzó entonces por el control de las empresas.

Dos bandos

Surgieron entonces dos bandos diferenciados, madre y primogénito por un lado, y las tres hermanas por otro. Antes del verano del 2016, matriarca e hijo constituyeron tres sociedades administradoras, suplentes de otras que agrupaban los negocios. Y en septiembre, la madre, echando mano de su acción de oro, cambió el consejo de administración, en el que estaban todos los hijos, por un administrador único, Vicente Sala júnior. Así, además de poner en manos del vástago la gestión del grupo, pese a que las tres hermanas unidas detentaban la mayoría del patrimonio, se dejaron de repartir sustanciosos dividendos (unos 300.000 euros anuales) y se asignaron salarios por trabajo (unos 3.000). María del Carmen Martínez testó un 13,3 % a su hijo Vicente, y un 1,4 %, que se corresponde con la legítima, a cada una de sus hijas, Mar, Antonia y Fuensanta. Al marido de esta última, el ahora detenido, se le había cedido la gestión de un concesionario de vehículos, Novocar, donde fue asesinada la matriarca del clan, y una agencia de alquiler de coches. Pero los balances de estos negocios habían pasado de ser referencia en la provincia a cosechar en manos de Miguel López, amante de las armas, pérdidas de cientos de miles de euros.

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