La Constitución ampara que el Gobierno suspenda las competencias de una comunidad si esta no cumpla con sus obligaciones legales
02 feb 2017 . Actualizado a las 05:00 h.La tensión entre la Generalitat y el Gobierno alcanzó ayer el punto más álgido de esta legislatura. La apuesta firme del independentismo por el referendo secesionista obtuvo la respuesta del Ejecutivo, que en privado no descarta ninguna medida jurídica o coercitiva para impedir la consulta. «No se va a celebrar», advirtió a última hora de la tarde el secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro.
La propia vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, encargada del diálogo político con Cataluña, recurrió en el Congreso a la Constitución para «poner freno a los abusos de los gobernantes» y replicar a los diputados de Esquerra. Y la primera sesión de control al Gobierno en este 2017 evidenció que unos y otros se encuentran en trincheras opuestas. Fuera del hemiciclo, fue Mariano Rajoy quien censuró a quienes en Cataluña «quieren lisa y llanamente, y además lo dicen, hacer las cosas saltándose la ley».
Y fuentes de la Moncloa subrayaron que la situación ya no es comparable a la del 9 de noviembre del 2014. La «consulta alternativa» que planteó el expresidente Artur Mas tras la prohibición del Tribunal Constitucional contaba con la colaboración de voluntarios y asociaciones civiles y carecía de solidez. Esta vez, sin embargo, se pretende que el referendo sea vinculante.
La Carta Magna ampara que el Gobierno suspenda las competencias de una comunidad en caso de que esta no cumpla con sus obligaciones legales o atente gravemente contra el interés de España. El artículo 155 de la Constitución otorga al Ejecutivo esa capacidad siempre y cuando se haya requerido antes al presidente autonómico y la decisión cuente con la mayoría absoluta del Senado. A día de hoy bastaría con los votos del PP. Todos los escenarios se han estudiado en los departamentos ministeriales del Gobierno. Pero en la Moncloa insisten en que siempre se procederá de manera «proporcional». Por ahora, el Ejecutivo advierte que cada paso que dé la Generalitat fuera de la ley será recurrido ante los tribunales. Aunque Bermúdez de Castro cree que la convocatoria de la consulta nunca se producirá y se muestra convencido de que el Gobierno catalán «no va a llegar a forzar tanto la máquina».
De estar equivocado, la «operación diálogo» emprendida por Sáenz de Santamaría habría fracasado en sus primeros meses. En este tiempo ni tan siquiera ha llegado a tener lugar el encuentro entre Rajoy y Carles de Puigdemont.