La manifestación de los sindicatos policiales para reclamar «respeto» de los políticos es una reacción a la presión que los radicales vienen ejerciendo contra la policía autonómica
24 ene 2017 . Actualizado a las 07:52 h.La manifestación que la pasada semana convocaron en Barcelona los sindicatos policiales para reclamar «respeto» de los políticos es una reacción a la presión que los radicales vienen ejerciendo contra la policía autonómica, intensificada desde que la Audiencia Nacional ha ordenado detener a quienes ataquen a la Corona o inciten a la sedición. Por este último delito se investiga a Joan Coma, concejal de la CUP en Vich. Tras su arresto por agentes autonómicos, la formación ha reclamado el cese del consejero de Interior, Jordi Jané, y exige a la Generalitat que deje de transmitir y obedecer órdenes «de los órganos judiciales españoles». La diputada Anna Gabriel señaló: «Nos inquieta mucho que tengamos unos responsables políticos que no son lo bastante conscientes del momento político que vive el país». Pero el enfrentamiento no se debe al «momento político»; viene de muy atrás.
Poco después de que comenzase el despliegue de los Mossos d’Escuadra, a finales de los noventa, activistas radicales crearon una coordinadora que catalogaba, y denunciaba, las intervenciones de la policía autonómica. Uno de los primeros choques puestos en el disparadero fue un desalojo en Gerona, en agosto del 2000, en el que resultó herido un activista y que provocó una intensa reacción popular. El herido era Xavier Navarro, que llegó a líder de la CUP local.
En el 2003, los Mossos realizaron un espectacular despliegue en Torá (Lérida) para detener a tres jóvenes acusados de reventar cajeros automáticos. Los detenidos denunciaron torturas. Tras cuatro años de espera, el juicio deparó para ellos penas leves.
«Fuerzas de ocupación»
En el 2005, las fiestas de enero de Arenys de Mar acabaron con varios contusionados y tres detenidos. A partir de ahí la izquierda radical comenzó a emplear el eslogan «los Mossos también son fuerzas de ocupación».
Tras el 15M (2011), un centenar de personas resultaron heridas en el desalojo de la plaza de Cataluña de Barcelona. Un subinspector de los Mossos fue condenado por golpear a varios manifestantes, entre ellos David Fernández, luego diputado de la CUP.
En el 2012, el coordinador territorial de los Mossos, David Piqué, afirmaba que los radicales violentos «pueden esconderse en una cueva o en una cloaca, que es donde se esconden las ratas». En octubre pasado, Benet Salellas, diputado anticapitalista, se tomaba la revancha: «Hoy, las ratas estamos aquí», dijo en el Parlamento. Su desquite sentó mal. Piqué había fallecido un mes antes.
También en el 2012 se produjo el caso de Esther Quintana, que perdió un ojo por el impacto de un proyectil de los antidisturbios. Felipe Puig, entonces consejero de Interior, presentó hasta nueve versiones diferentes del incidente. La CUP consiguió, al llegar al Parlamento, que se prohibiera el uso de pelotas de goma.
También obtuvo que el cuerpo policial borrase una página web en la que figuraban fotos de activistas sospechosos de actos violentos. Este verano ha logrado que los agentes con bajas prolongadas tengan que dejar sus armas en la comisaría. En plena campaña de persecución de la desobediencia soberanista, es previsible que la tensión siga en aumento.