El fundador de Intervida denuncia a Baltasar Garzón y excargos de la Generalitat por estafa

Según el cofundador, Rafael Puertas, la entonces consellera y los administradores que se hicieron cargo de la entidad a propuesta de ella y del juzgado expoliaron la fundación


BARCELONA

El cofundador de Intervida Rafael Puertas ha anunciado este miércoles la presentación de una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra el exjuez Baltasar Garzón y varios antiguos cargos de la Generalitat de Cataluña, como la exconsellera de Justicia, Montserrat Tura, por la «estafa» que a su juicio, se habría perpetrado cuando en el 2007 fue intervenida la oenegé.

Aquel año, el Ministerio Fiscal se querelló contra los fundadores y la directiva de Intervida por un supuesto desvío del dinero recaudado mediante apadrinamiento de niños a actividades que no tenían nada que ver con el fin social de esta entidad sin ánimo de lucro que llegó a ser la tercera más grande de España por detrás de Cruz Roja y Cáritas. Tras cinco años de investigación y con Garzón fuera ya de la Audiencia Nacional, el caso fue sobreseído y Puertas fue absuelto.

Ahora, Puertas acusa de estafa, apropiación indebida y tráfico de influencias al exmagistrado, a Tura, a otros altos cargos de la Generalitat de Cataluña y a los administradores y empleados de Educo, la oenegé que nació de la fusión de Intervida con la organización local Educación sin Fronteras cuando ya se había dictado la absolución de Puertas. A Garzón además, le denuncia por denegación de auxilio, encubrimiento de delitos y omisión del deber de perseguir delitos.

Según Puertas, la entonces consellera y los administradores que se hicieron cargo de la entidad a propuesta de ella y del juzgado expoliaron la fundación: «La desmantelaron, desoyendo el mandato legal de preservar el buen funcionamiento».

Puertas asegura que tanto los administradores nombrados por Montserrat Tura cuando se ordenó la intervención judicial de la entidad como los gestores de la misma amparados por Garzón «supuestamente estafaron a 200.000 padrinos españoles», haciéndoles creer que su dinero llegaba a los menores apadrinados cuando ya no era así.

La denuncia, que tiene más de 200 páginas, argumenta en este sentido que tras la intervención, los ingresos de Intervida cayeron un 70 % mientras las contrataciones externas crecieron un 545 % hasta superar los dos millones de euros, y a pesar de ello el personal aumentó de 100 a 160 empleados.

Puertas ha afirmado que los administradores provisionales acabaron con el 80 % de los proyectos de la entidad, y dejaron en la «indigencia total» a cuatro millones de personas a las que atendía en media docena de países.

Además, ha asegurado que había «intereses ocultos» en la decisión de cerrar la oenegé, por ser una de las pocas entidades no politizadas ni religiosas, y ha calificado el caso como falso escándalo mediático.

Intervida era en el 2007 la tercera entidad sin ánimo de lucro más grande de España, por detrás de Cruz Roja y Cáritas, contaba con 346.561 socios y manejaba un presupuesto anual de unos 90 millones de euros, con el apadrinamiento de niños como principal fuente de ingresos.

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