El alto tribunal avala en una sentencia la práctica de deportaciones exprés de Interior
08 ene 2017 . Actualizado a las 05:00 h.El Ministerio del Interior por fin tiene el más alto respaldo judicial a una de sus más efectivas armas contra la yihad. Era la sentencia más esperada por los servicios antiterroristas y el Supremo les ha dado la razón. El alto tribunal avala la práctica de Interior de llevar a cabo deportaciones automáticas de radicales islámicos envueltos en investigaciones yihadistas, aunque los detenidos hayan sido absueltos o las causas contra los mismos hayan sido archivadas sin llegar siquiera a juicio. La Sala de lo Contencioso del Supremo, que da luz verde a estos destierros «administrativos» basados en la ley de extranjería, otorga la razón a la Audiencia Nacional, que en diciembre del 2015 ya había zanjado que librarse de una «imputación delictiva» no era suficiente para evitar la expulsión si hay indicios de amenaza para la «seguridad nacional».
La repercusión de esta sentencia del Supremo -según fuentes judiciales y policiales- será «importantísima», ya que Interior ha expulsado a más de un centenar de supuestos yihadistas sin condena alguna desde los atentados del 11M del 2004. Hasta ahora, estos fallos no habían llegado al alto tribunal porque en la inmensa mayoría de los casos los deportados y sus abogados tiraban la toalla, ya que los extranjeros hacía meses, o incluso años, que estaban fuera de España y, casi siempre, ilocalizables.
Hasta que llegó el caso de la defensa del argelino Nouh Mediouni, que se empeñó y ha llegado hasta la última instancia aunque con un varapalo judicial que legaliza este tipo de prácticas. Mediouni fue detenido en abril del 2013 por la policía acusado de ser miembro de la denominada célula de Anghala, vinculada a Al Qaida en el Magreb Islámico (AQMI). Mediouni estuvo diez meses en prisión. El 4 de febrero del 2014, el juez Santiago Pedraz le puso en libertad tras archivar las diligencias contra él al entender que no había pruebas suficientes para mantener la acusación de integración, ni siquiera colaboración, en banda terrorista, ya que no se pudo confirmar que el argelino llegara a incorporarse al AQMI.
Pocos días después, el 26 de febrero, la Secretaría de Estado de Seguridad decretó la expulsión del territorio nacional y la prohibición de regresar en diez años del magrebí recién excarcelado y residente en Zaragoza desde hacía casi una década. Interior alegó una «infracción muy grave» a la ley de extranjería por «participar en actividades contrarias a la seguridad nacional» y al mismo tiempo le acusó de ser una «una amenaza grave para la seguridad nacional».
«Administrativa»
Su abogado recurrió ante la Audiencia Nacional la pena «administrativa» de destierro con el argumento central de que al «no constar reproche penal (…) no procedía continuar con el procedimiento de expulsión de un ciudadano con situación regular en España, basándose en unos indicios que ya había sido rechazados por la autoridad judicial».
Sin embargo, la Audiencia Nacional rebatió esas tesis con el argumento de que una cosa era la falta de pruebas para condenarle «penalmente» y otra muy diferente, los indicios «suficientes» que llevaron a la sanción administrativa de la expulsión. «El interés jurídicamente protegido por la sanción penal y el tutelado en la relación administrativa, es totalmente distinto», zanjo el tribunal de la calle Génova. Para la Audiencia Nacional, concurrían los «supuestos» para la pena «administrativa» dada que la «conducta» Nouh Mediouni «aparece incardinada en el ámbito de un grupo ideología yihadista, que por su propia naturaleza puede ser extremadamente grave para la seguridad nacional».
Ahora el Tribunal Supremo ha hecho suyas al cien por cien las tesis de la Audiencia Nacional y rechaza el recurso de amparo del expulsado, sentando así jurisprudencia. El alto tribunal niega que la deportación suponga una violación de la presunción de inocencia porque, a pesar de su absolución «penal», la Audiencia Nacional sí que «concluyó de forma razonable y coherente» que en la investigación policial había «pruebas suficientes» de que su conducta, sin llegar a ser delictiva, si que era sancionable administrativamente con la expulsión.
El alto tribunal también rechaza que la deportación sea una conculcación del principio non bis in idem (no se puede juzgar dos veces por la misma causa), pues no considera que no se produjo este hecho.
El PP pide que las empresas tecnológicas colaboren contra el ciberterrorismo
El PP considera que el terrorismo representa hoy la «principal amenaza» contra la democracia y la convivencia en libertad, una lucha que, a su entender, debe continuar en el ciberespacio. Por eso, dice que las autoridades, en colaboración con las empresas tecnológicas, deben prevenir el ciberterrorismo y la difusión de propaganda terrorista en Internet y en las redes sociales. Así se recoge en la ponencia Europa y nuestro papel en el mundo que el partido llevará a su congreso nacional, que se celebra en Madrid entre los días 10 y 12 de febrero. Este documento, ha sido coordinado por el vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado.
El PP señala que también deben impulsar «la ciberprotección de las administraciones públicas, infraestructuras críticas y empresas, así como aumentar la sensibilización y concienciación» de los ciudadanos. «Y sobre todo dar la batalla ideológica contra el yihadismo como alternativas al radicalismo», añade.
Desafíos
En el documento, el PP dice que la lucha contra el terrorismo debe tener dos grandes vertientes. En primer término, evitar la preparación de atentados dentro del territorio europeo y para ello ve necesario adaptar el marco legal y la acción policial para afrontar el desafío que suponen los retornados, aquellos ciudadanos comunitarios que se desplazan a zonas en conflicto para unirse a organizaciones terroristas y que posteriormente regresan a sus países. La segunda vertiente, agrega, pasa por perseguir y combatir «las causas profundas que originan el terrorismo y apostar por la integración social.