El ministro Zoido ofrece a la oposición algunos retoques a la ley mordaza

Es consciente de que si se empecina en su defensa a ultranza, al final el Parlamento terminará derribándola porque toda la oposición está de acuerdo con liquidar el texto


madrid / colpisa

El Ministerio del Interior quiere, al menos, salvar de la quema el armazón de la polémica ley mordaza. Juan Ignacio Zoido, en su primera intervención en la comisión de Interior del Congreso, «tendió la mano» a la oposición para hacer retoques en la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana. No habló de reforma, ni mucho menos de derogación de la ley aprobada en el 2015 con los únicos votos de la mayoría popular. El nuevo ministro dejó claro que el Gobierno aspira a calmar las aguas con cambios menores para una ley que sigue considerando «tremendamente eficaz». 

Zoido llegó al Congreso sabedor de que si el Ejecutivo se empecina en su defensa a ultranza de la ley mordaza, al final el Parlamento terminará derribándola porque toda la oposición está de acuerdo con liquidar el texto. El pasado 1 de diciembre el PSOE presentó una proposición de ley orgánica para forzar al Congreso a acelerar los debates y enterrar la norma que introdujo, entre otros aspectos, las multas de hasta 600.000 euros para los promotores o participantes en protestas ante las cámaras parlamentarias; las sanciones por fotografiar a miembros de las fuerzas de seguridad o desobedecer sus órdenes; los registros en lugares públicos, o las expulsiones en caliente de inmigrantes.

El ministro quiso dejar claro desde el principio -aunque sin decirlo- que no acepta la tesis del PSOE de usar como base la Ley de Seguridad Ciudadana que estuvo vigente hasta el 2011, conocida como ley Corcuera, y a partir de ese texto introducir las mejoras que se pacten. Zoido quiere que los cambios se hagan sobre el texto vigente. Zoido apostó por preservar al máximo la estructura de una ley que calificó de «garantista con los derechos y libertades de todos los ciudadanos» y que, a pesar de lo que se ha dicho sobre ella, «garantiza el ejercicio del derecho de manifestación y también el de los que no se quieren manifestar».

Según el titular de Interior habría que salvar lo máximo posible de la ley mordaza porque «responde a una demanda de amplios sectores de la sociedad y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y ha sido «tremendamente eficaz para el bienestar de los ciudadanos». «Ahora bien, eso no quiere decir que no piense que esta ley se puede mejorar. Todo es mejorable», reconoció el ministro. Una de cal y otra de arena, para, de nuevo, dar otra de cal y enfriar la expectativas de una reforma en profundidad. «Modificaciones», puede. Pero el Gobierno no apoyará una «derogación», que «generaría un vacío normativo de imprevisibles efectos». «Por eso les insisto en poner rumbo al consenso y buscar el acuerdo siempre que sea posible, en artículos concretos, en aspectos definidos y no sobre argumentarios vacíos, eslóganes y apodos», clamó el ministro.

Desde la oposición se recogió el guante, sobre todo por parte del PSOE y Ciudadanos, que también abogan por no derogar completamente la actual ley para no dejar un vacío legal. El socialista Antonio Trevín, le tendió la mano, aunque con sorna. Propuso al ministro que se «deje ayudar» por la oposición para «dejar de sufrir en silencio por la herencia recibida» en referencia a la ley mordaza.

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