Catalá plantea excluir a los parlamentos autonómicos de la elección de jueces
ESPAÑA
El ministro de Justicia pide consenso para reducir la cifra de aforados y acabar con las puertas giratorias
06 dic 2016 . Actualizado a las 05:00 h.El ministro de Justicia, Rafael Catalá, presentó este lunes en el Congreso las líneas generales de la agenda política de su departamento para esta legislatura. Un programa que desarrolla una batería de reformas de calado para cambiar la cara a la Administración judicial. Incluye, entre otras medidas, una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (código procesal penal) o modificaciones en la Ley Orgánica del Poder Judicial (regula el funcionamiento de la Justicia). Para ello se ha creado una subcomisión parlamentaria que negocie las propuestas y, sobre todo, que logre el consenso necesario para llevarlas a cabo.
Una de las cuestiones que pivotó en la intervención de Catalá fue la puesta en marcha de propuestas para reafirmar la independencia del Consejo del Poder Judicial (CGPJ). Detalló la necesidad de revisar el sistema de nombramientos de vocales del órgano de gobierno de los jueces para que los togados tengan el «máximo protagonismo» en el proceso. Un asunto, avanzó el ministro, en el que «parece que hay consenso pleno».
Continuó con la revisión del sistema de elección de presidentes de tribunales y magistrados del Tribunal Supremo, que vendría incardinada con la filosofía de la anterior propuesta, y la introducción de criterios de transparencia y objetividad en todos los concursos y designaciones, estableciendo comisiones de expertos en su valoración. Para ello, anunció un asunto trascendente y, hasta cierto punto, simbólico por el peso que tiene el poder legislativo en los nombramientos de órganos judiciales. Se refirió Catalá a la supresión de la posibilidad de que los parlamentos autonómicos propongan magistrados de los tribunales superiores de Justicia. Esto supone quitar a las Cámaras regionales el comodín de plantear el nombre de un juez para formar parte de la Sala Civil y Penal de los tribunales superiores. El asunto no es baladí, ya que esta sala es la responsable de tratar los procedimientos contra los aforados autonómicos, por ejemplo. Sin ir más lejos, en la causa por la consulta del 9 de noviembre del 2014 en Cataluña, el magistrado Joan Manel Abril, instructor de la causa en el está investigado el expresidente Artur Mas, fue propuesto por designación autonómica con los votos de CiU. Circunstancia que levantó ciertas controversias, aunque al final Mas se sentará en el banquillo acusado de desobediencia y prevaricación, por lo que le piden diez años de inhabilitación.
Catalá también ofreció a los grupos parlamentarios la regulación de las denominadas puertas giratorias entre la justicia y la política. Esto supone reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial y revisar la regulación actual, que permite que jueces y magistrados alternen, «sin solución de continuidad», su labor jurisdiccional con el desempeño de cargos políticos. «Es la mejor forma de blindar el concepto constitucional de independencia judicial», aseguró el ministro.
Con respecto a la figura de la acusación popular en los procedimientos judiciales, busca restringir su figura prohibiendo la presencia en estas causas de los partidos políticos y sindicatos. Mientras que en materia de lucha contra la corrupción anunció la posibilidad de limitar los aforamientos relativos a los 2.000 cargos políticos (de los 10.000 existentes), un asunto legislativo de calado por cuanto afecta a la Constitución y a los propios Estatutos de Autonomía.
Del mismo modo, pidió «firmeza» a los diputados de la oposición para articular por ley la prohibición de indultos a condenados por corrupción. Una normal ad hoc pese a que el Gobierno no ha concedido la media de gracia por estos casos en los dos últimos años, según Catalá.
Las asociaciones judiciales exigen un nuevo estatuto de los fiscales antes de darles la instrucción
Rafael Catalá volvió a anunciar una reforma que ya han planteado los ministros que le antecedieron en el cargo, tanto de su propio partido, Alberto Ruiz-Gallardón, como del PSOE, Francisco Caamaño. Por esa razón, la oposición acogió con beneplácito la propuesta de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sin ninguna duda la reforma judicial de mayor peso de la legislatura. Se trata de una nueva norma que entregará a los fiscales la instrucción de los procedimientos penales, como ocurre en casi toda Europa, y que supondrá la modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para cambiar la estructura jerárquica y dependiente de la carrera, como ocurre en la actualidad.
Como ocurrido en los anteriores intentos de reforma en este mismo sentido, las principales reticencias provienen de los jueces, que cuestionan que los fiscales dispongan de la independencia necesaria para encargarse de la instrucción de las causas. En su opinión, el actual sistema, con juez instructor que no puede intervenir en el posterior juicio, es el que mejor asegura la imparcialidad en la investigación de la causa. Para garantizar los derechos de los procesados, las asociaciones de jueces considera que en todo caso, y en el supuesto de que finalmente se cambie el sistema, es imprescindible que previamente se modifique el estatuto de los fiscales para eliminar cualquier atisbo de dependencia, funcional y orgánica, del ministerio público respecto del Gobierno de turno, como ocurre ahora.