El Gobierno lleva al Constitucional las nuevas resoluciones independentistas

CRISTIAN REINO MADRID / COLPISA

ESPAÑA

Quique García | EFE

Pide también la intervención de la Fiscalía contra quienes las promovieron

15 oct 2016 . Actualizado a las 09:57 h.

La propuesta de negociar un referendo sobre la independencia, lanzada esta semana por Carles Puigdemont en su visita a Madrid del pasado lunes, recibió ayer un nuevo y sonoro portazo por parte de Mariano Rajoy. Una semana después de que la Cámara catalana aprobara una resolución de Junts pel Sí y la CUP (con la abstención de Catalunya sí que es Pot), en la que las fuerzas secesionistas se comprometían a convocar una consulta, tengan o no el aval del Estado, el Gobierno central volvió a exhibir firmeza jurídica ante el desafío secesionista y anunció que reclamará al Tribunal Constitucional la anulación de algunos de los acuerdos validados por el Parlamento catalán.

La Cámara catalana fijó la nueva hoja de ruta con la que el presidente de la Generalitat pretende alcanzar la independencia en un año. Su intención es celebrar un referendo vinculante sobre la secesión de Cataluña, «como muy tarde», en septiembre del 2017. En caso de que la opción independentista obtuviera más del 50 % de los votos en esa hipotética consulta, la Cámara catalana proclamaría la república catalana. Y durante los seis meses siguientes a la consulta, se celebrarían elecciones constituyentes.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, expresó ayer que, a juicio del Ejecutivo central, la Cámara catalana aprobó el pasado 6 de octubre seis resoluciones que podrían ser ilegales, pues podrían incumplir una sentencia de la corte de garantías del pasado 2 de diciembre. Aquel fallo declaró inconstitucional la resolución por la que el Parlamento autonómico declaró el «inicio del proceso político en Cataluña tras los resultados electorales del 27 de septiembre de 2015».

Sáenz de Santamaría anunció además que reclamarán al Tribunal Constitucional que requiera personalmente a la presidenta de la Cámara autonómica, a los demás miembros de la mesa, a su secretario general, así como al presidente de la Generalitat y demás miembros del Gobierno autonómico, para que «se abstengan de realizar actuaciones tendentes a dar cumplimiento a las resoluciones impugnadas». Y también, que se deduzca «testimonio de particulares» para que el ministerio fiscal, si lo estima procedente, «ejerza las acciones que correspondan ante el tribunal competente acerca de la eventual responsabilidad en que pudieran haber incurrido».

Forcadell, otra vez

De esta manera se complica la situación en la que se encuentra Carme Forcadell, pendiente de la querella criminal que ultima la Fiscalía, por haber permitido la votación de un texto que fijaba el camino hacia la desconexión con el resto de España y que estaba anulado por el alto tribunal.

El pleito catalán se encuentra en estos momentos empantanado en iniciativas aprobadas por la Cámara catalana que a continuación son anuladas por el Tribunal Constitucional a instancias del Gobierno central.

Sáenz de Santamaría instó una vez más a Puigdemont a que aparque la vía rupturista, ya que a su entender no lleva a ningún lado, y le recordó que «ningún» Gobierno español podrá negociar un referendo. «Ni el señor Puigdemont ni el señor Rajoy ni los del Partido Socialista ni los de ERC pueden negociar nada que corresponda al conjunto de los españoles; no están legitimados. Decidir qué es España y cómo se organiza lo decidieron el conjunto de los españoles en la Constitución», reiteró la vicepresidenta del Gobierno.

Los secesionistas pierden fuelle y se alejan de la mayoría absoluta, según el CIS catalán

Si hoy se celebraran elecciones catalanas, un año después de las autonómicas del 27S, Junts pel Sí volvería a ganar de manera clara, ya que obtendría más votos que todas las demás formaciones juntas. La coalición en la que están integrados el Partit Demòcrata Català y Esquerra Republicana, no obstante, perdería fuelle. Según una encuesta del CEO, el instituto demoscópico de la Generalitat, Junts pel Sí tiene un 31,5 % de intención directa de voto, lo que supone un retroceso de tres puntos y medio respecto a un sondeo de julio y de ocho puntos en relación a los comicios de hace un año. La mayoría absoluta de escaños que tienen entre Junts pel Sí y la CUP estaría en peligro (el CEO no hizo traslación del resultado en escaños), ya que los anticapitalistas, a su vez, están en caída libre. Hoy sacarían el 3,1 % de los votos, cuando hace un año superaron el 8%.

El resultado de la encuesta del CEO es una advertencia a la CUP, que se resiste a aprobar los presupuestos de la Generalitat. Puigdemont lleva semanas amenazando a los antisistema que si no dan luz verde a sus cuentas, tendrá que adelantar los comicios autonómicos en los próximos meses.

El independentismo obtuvo el 47,8 % de los votos en el 27S y hoy estaría en el 34,6 %, aún más lejos de la mitad más uno que pide el presidente del Gobierno catalán para culminar el proceso. El sondeo del centro de estudios del Gobierno catalán concluye además que la segunda fuerza en la Cámara catalana ya no sería Ciudadanos, sino Catalunya sí que es Pot, la alianza en la que se integra Podemos en Cataluña, que avanzaría más de tres puntos, mientras que la formación naranja se dejaría seis puntos porcentuales. El PSC, que perdería dos puntos, también superaría a Ciudadanos. En última posición quedaría el PP.

PP y CUP, poca fidelidad

La encuesta también analiza las fugas de voto entre partidos. Junts pel Sí destaca por tener un electorado fidelizado, ya que un 84,6 % de los votantes sostienen que volverían a apostar por esta coalición de partidos. Por el contrario, los dos partidos con más fugas de votos son el PP y la CUP: los populares logran fidelizar únicamente el 48,5 % de los votantes, mientras que un 12 % de los que los votaron no quieren volver a votar. En el caso de los anticapitalistas, solo un 54,1 % de sus electores mantienen su apoyo a la formación.

Puigdemont amenaza con movilizaciones en la calle

Los independentistas catalanes, a pesar de las dificultades jurídicas con las que tropieza su desafío, advierten de que no piensan quedarse de brazos cruzados ante las respuestas del Gobierno. Su baza está en la respuesta de la calle. El presidente de la Generalitat ya ha anticipado que si Artur Mas es condenado en el juicio por desobediencia con la consulta del 9N «habrá una respuesta, esto no quedará solo en un comunicado».

El presidente del Ejecutivo catalán no moderó el lenguaje. Ayer coincidió con el ministro de Justicia, y en su presencia avisó a Rajoy de que «la judicialización de la política es el camino inverso a llegar a acuerdos, pero es un camino que no tiene efectos prácticos para detener la voluntad del pueblo de Cataluña; más bien al contrario». Añadió que «a toda propuesta catalana de diálogo, de oferta y de negociación, le corresponde su impugnación española».

En cualquier caso, y también en presencia de Rafael Catalá, Puigdemont aseguró que Cataluña proseguirá su camino hacia la independencia, y lo hará con «rigor, certeza y seguridad». Y obviando los escándalos que afectan a su comunidad, incluido un antecesor suyo como Jordi Pujol, afirmó que «queremos construir un modelo de país jurídicamente sano, alejado de malas praxis, riesgos o tentación que aún hoy podemos reconocer a nuestro alrededor».

La exconsejera de Educación Irene Rigau, también procesada por la consulta del 9 de noviembre del 2014, apeló asimismo a la movilización popular. «Hará falta la fuerza de la población» para afrontar la «mentalidad muy cerrada y reaccionaria» del Estado español y poder culminar el proceso, dijo.

Las respuestas de los dirigentes catalanes fueron afeadas no solo por los dirigentes del PP. También el líder de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, criticó las palabras de Puigdemont. «Vivimos en un Estado de derecho, las leyes están para cumplirse y nadie puede ponerse por encima de la ley», señaló, antes de precisar que «sería muy peligroso o grave que desde las instituciones catalanas se pretendiese desoír, desconocer, vulnerar o desacatar decisiones judiciales».

Las provocaciones de los independentistas subirán hoy varios grados, ya que buena parte de los líderes catalanes acudirá al homenaje por el 76º aniversario de la ejecución del presidente Lluís Companys.