Puigdemont recibe en su visita a Madrid el no del Gobierno y la comprensión de Podemos
ESPAÑA
El Ejecutivo rechaza su propuesta de negociar el referendo
11 oct 2016 . Actualizado a las 05:00 h.Tras superar la moción de confianza y después de que la mayoría de la Cámara catalana aprobara la semana pasada dos resoluciones favorables a la celebración de un referendo, uno pactado y el otro unilateral, el presidente de la Generalitat viajó a Madrid para defender la hoja de ruta que se propone culminar en un año. Lo único que consiguió fue el portazo del Gobierno y la indiferencia del resto de las fuerzas políticas, salvo Podemos, cuyo líder, Pablo Iglesias, se mostró comprensivo y, además de apoyar el derecho a decidir, aunque no de manera unilateral, se comprometió a votar en contra del suplicatorio de Homs.
El jefe del Ejecutivo catalán lanzó una penúltima oferta al Gobierno central para que se siente a negociar la resolución del llamado pleito catalán, que el dirigente nacionalista calificó de «anhelo de autogobierno» y voluntad de decidir su futuro en las urnas del 80 % de la sociedad catalana. Puigdemont extendió la mano al próximo presidente del Gobierno, al que pedirá cita en cuanto se desencalle la investidura, para pactar un referendo sobre la independencia, que es, a juicio del líder soberanista, la única solución que existe para resolver el contencioso. El Gobierno catalán se propone consumar la ruptura con el resto de España el año que viene, pero afirma que no cerrará nunca la posibilidad de pactar una consulta.
Puigdemont insistió en esta idea y se mostró dispuesto a acordar la fecha, la pregunta, los porcentajes para considerar válida la votación e incluso el tiempo que tendría que transcurrir hasta volver a promover un nuevo referendo. Si el Gobierno hiciera una propuesta para modificar el encaje de Cataluña dentro de España, como una reforma de la Constitución o un nuevo modelo de financiación, Puigdemont se mostró dispuesto a descafeinar la consulta y someter al veredicto de las urnas dos planteamientos: el que hace el independentismo y el que pudiera hacer el Estado. Lo que sí descartó es buscar una solución que no sea refrendada por la ciudadanía.
Pero el Gobierno reiteró por enésima vez al presidente catalán que su planteamiento independentista es un imposible. El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, sostuvo que su propuesta de pactar la fecha, las condiciones y la pregunta de un referendo es «contraria a las leyes» y el Ejecutivo central no permitirá bajo ningún concepto que «en España se incumplan las leyes». Catalá recordó a Puigdemont que el 9N fue un «simulacro», pero advirtió al gobernante catalán de que es «muy peligroso» que desde las instituciones se sugiera a los ciudadanos que se pueden incumplir las normas. «Es antidemocrático e irresponsable, deberían hacérselo mirar un poco», remachó.
La presencia del presidente de la Generalitat en un desayuno informativo, organizado por Europa Press, no concitó la atención que las declaraciones de unos y otros dirigentes nacionales suelen conceder a la cuestión catalana. En el acto no había ningún representante de alto rango del Gobierno central en funciones ni del PP ni ninguno de los primeros espadas de PSOE (solo Ángel Gabilondo), Podemos o Ciudadanos. En cambio, en el auditorio sí se encontraban diez embajadores acreditados en España, como los de Francia, Reino Unido, Bélgica, Dinamarca o Suecia. Aprovechando la presencia diplomática, Puigdemont trató de presentar su propuesta de celebrar un referendo como la mejor receta para acabar con la inestabilidad política en España. «Queremos sentarnos en una mesa política, no en el banquillo de los acusados», afirmó.
La acusación popular pide seis años de cárcel para Artur Mas por malversación
La acusación popular en el caso de la consulta soberanista del 9N, que ejercen el Sindicato Profesional de Policía y la Unión Federal de Policía, reclama seis años de prisión y 22 años de inhabilitación para el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, y para las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau por su participación durante el simulacro de consulta soberanista de 2014.
La opinión de la acusación popular no coincide con la de la Fiscalía, que en su escrito de acusación solicitó hace una semana penas de diez años de inhabilitación para Mas y nueve años para sus excolaboradoras, pero no pidió penas de cárcel para ninguno de ellos. La Fiscalía les acusa de haber cometido los delitos de desobediencia grave y prevaricación, mientras que la acusación popular, que entregó su escrito de acusación y reclamó la apertura de juicio oral, entiende que además de esos dos delitos, los exmiembros del Ejecutivo catalán cometieron el delito de malversación de fondos.
En un principio, la Fiscalía también incluyó el delito de malversación (que implica penas de prisión), pero finalmente lo descartó. Según la acusación popular, Mas, Ortega y Rigau malversaron fondos públicos en la medida en que realizaron gastos por valor de casi cinco millones de euros que «facilitaron la indispensable infraestructura informática y logística» de la consulta del 9N, un acto «ilegal que había sido prohibido por el Tribunal Constitucional días antes», según la acusación popular.
Después de que la Fiscalía y la acusación popular hayan presentado ya sus escritos de acusación, solo falta que el tribunal reciba la opinión de la defensa, que previsiblemente reclamará el archivo de la causa. Es el último trámite, antes de que el juez decrete la apertura de juicio oral y fije la fecha del juicio, que podría celebrarse en el segundo semestre del año que viene.