España desoye las recomendaciones del Consejo de Europa contra la corrupción

En dos años ha sido incapaz de aplicar las once propuestas, y seis ni las ha intentado

El grueso de las medidas incumplidas tienen que ver con el ministerio de Rafael Catalá.
El grueso de las medidas incumplidas tienen que ver con el ministerio de Rafael Catalá.

Bruselas / Colpisa

Once de once. La conclusión es demoledora. «Ninguna de las once recomendaciones realizadas ha sido aplicada de forma satisfactoria por el Gobierno de España. El nivel de cumplimiento es globalmente insatisfactorio». Once de once. Y no es un tema casual, estamos hablando de luchar contra la corrupción en la judicatura y en la política. Así lo pone de manifiesto el último informe del grupo anticorrupción del Consejo de Europa (GRECO) y que hoy será publicado en Estrasburgo, sede de este organismo continental que, pese al nombre, no forma parte de las instituciones de la UE.

El informe, de 13 páginas y elaborado en inglés y francés, es la evaluación del primer diagnóstico publicado en enero del 2014 y del que se extrajeron las once recomendaciones que aún siguen sin cumplirse al pie de la letra. En seis no se ha hecho nada y en las otras cinco ha habido una «implantación parcial». El análisis se divide en tres grandes áreas: jueces, fiscales y políticos (diputados y senadores). Algunas son cuestiones muy técnicas referidas a modificaciones legislativas y otras, en cambio, tan sencillas como crear un registro de lobistas oficial para que la actividad del Congreso y del Senado esté mucho más tasada a ojos del ciudadano.

El informe original fue contundente al mostrar «su preocupación por la proliferación de escándalos de corrupción, que manchan la credibilidad de las instituciones políticas en España». Era otra época, como ahora puede verse en los macroprocesos judiciales que se están llevando a cabo en la Audiencia Nacional. De hecho, en la revisión se destaca el vuelco político que ha dado el sistema de partidos y cómo ahondará en favor de la transparencia, y se recuerda que se han puesto encima de la mesa nuevas propuestas que no han podido impulsarse por el vacío legislativo que existe en el país desde las primeras elecciones generales del pasado 20 de diciembre. 

Las recomendaciones

En lo referido a la actividad política, se pide mucha más transparencia y control estableciendo, entre otras cosas, códigos de conducta más exhaustivos y la creación del registro de lobistas. En la Comisión Europea, por ejemplo, la agenda de cada comisario es pública y no puede celebrarse una reunión con grupos de presión o empresas sin que se sepa, ya que debe quedar constancia pública de ello.

En el capítulo relativo a la judicatura, se pide una modificación legislativa del Consejo General del Poder Judicial «en favor de la independencia»; una mayor claridad en los procesos de selección de los principales órganos judiciales estatales o autonómicos «con el fin de garantizar que no se ponga en cuestión la independencia, la imparcialidad y la transparencia de este proceso»; un código de conducta que sea más accesible para los ciudadanos y se recomienda extender el plazo de prescripción para los procedimientos disciplinarios.

En cuanto al ministerio público, el Consejo de Europa sugiere reconsiderar el método de selección y el plazo de vigencia del mandato del fiscal general, aumentar la transparencia en la comunicación que sus responsables mantienen con el Gobierno o estudiar nuevas formas de proporcionarle una mayor autonomía. Al igual que con los jueces, también se aboga por una mayor transparencia tanto en los códigos de conducta como en el régimen disciplinario.

Conoce toda nuestra oferta de newsletters

Hemos creado para ti una selección de contenidos para que los recibas cómodamente en tu correo electrónico. Descubre nuestro nuevo servicio.

Votación
12 votos
Comentarios

España desoye las recomendaciones del Consejo de Europa contra la corrupción