El PSOE se sume en su mayor crisis al negarse Sánchez a irse tras dimitir media ejecutiva

Los críticos no lo reconocen como secretario general y reclaman una gestora, pero la dirección se niega


madrid / La Voz

Ni la dimisión de la mitad de los miembros de su propia ejecutiva ha logrado vencer la resistencia de Pedro Sánchez, que se niega a dimitir y se atrinchera en Ferraz, agarrándose a una interpretación de los estatutos del partido. Los críticos asestaron ayer lo que veían como el golpe final para destituirlo, después de que Felipe González irrumpiera en la guerra abierta en el PSOE con duras descalificaciones hacia el secretario general, a quien acusó de engañarlo, ya que le dijo que se abstendría en la segunda votación de investidura para no impedir que se formara Gobierno.

Diecisiete de los 35 componentes de la ejecutiva presentaron ayer su dimisión en bloque para precipitar la caída de Sánchez. El artículo 36.0 de los estatutos del partido establece que cuando las vacantes en la ejecutiva suponen la mitad más uno de sus miembros el comité federal deberá convocar un congreso extraordinario para elegir una nueva. Esa condición se da, ya que la ejecutiva contaba con 38 miembros tras un fallecimiento (Pedro Zerolo) y dos dimisiones (José Ramón Gómez Besteiro y Javier Abreu).

Discusión jurídica

Según los críticos, eso equivale a la destitución de hecho de Sánchez como secretario general, la disolución de la ejecutiva y la constitución de un gestora, que sería la encargada de convocar el congreso. Con este movimiento pretendían abortar el comité federal convocado para este sábado, en el que Sánchez quería someter a votación su plan para celebrar primarias para la elección del secretario general el 23 de octubre y el congreso a principios de diciembre.

Sin embargo, según la interpretación que dio el secretario de organización, César Luena, Sánchez sigue siendo el secretario general y la ejecutiva continúa funcionando, aunque ya sin los dimisionarios. Invocó el artículo 68 de la normativa reguladora de la estructura general del partido que, según él, establece que «el único órgano competente para disolver cualquier órgano del PSOE es exclusivamente la comisión ejecutiva federal». Señaló que para cumplir «estrictamente» lo que dicen los estatutos, la ejecutiva convocará un comité federal para que a su vez convoque un congreso extraordinario en el que la militancia vote, que destacó es lo que defiende Sánchez. Hoy mismo se reunirá la ejecutiva, ya con solo 18 miembros, para poner en marcha el proceso.

Luena lanzó duras descalificaciones contra los promotores de lo que denominó «golpe» destinado a evitar que se pronuncien los militantes, que son «los que mandan» en el partido, lo que dijo es «un acto muy grave» porque pretende torcer la legitimidad de los órganos del PSOE. «No caben atajos ni artimañas ni golpes, aun sujetos a las normas del partido: para representar al PSOE hay que escuchar a los militantes y contar con su refrendo, no esconderse de los militantes o temerlos o intentar que no voten», afirmó.

La respuesta de Antonio Pradas, hombre fuerte de Susana Díaz en Madrid y portavoz de los críticos, fue fulminante para denunciar lo que considera maniobra torticera de la dirección. Para el político andaluz, la dimisión de los 17 miembros supone la disolución de este órgano de dirección, la constitución de una gestora y la pérdida de poder del secretario general. En su opinión, la ejecutiva no se puede convocar y no está legitimada para reunirse. Pradas denunció que tenía que comparecer en la calle porque se le había prohibido hacerlo en la sede del partido en el que milita desde 1978 y que Luena le había impedido acceder a su despacho.

Se refirió al «compañero Luena», dejando claro que para los críticos ya no es secretario de organización. Además, reclamó que se reúna la comisión de garantías para resolver la situación.

Máxima tensión

Entre los firmantes de la renuncia están la presidenta de la ejecutiva, Micaela Navarro, además de otros seis representantes del PSOE andaluz; los presidentes de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y de Valencia, Ximo Puig; además de Carme Chacón y el exlíder de los socialistas madrileños Tomás Gómez. Pradas y Eva Matarín fueron los encargados de llevar las firmas a Ferraz.

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