Mientras que los responsables de la enfermería, el doctor Simón Viñals y su hijo Carlos, culparon a Flores de las limitaciones del botiquín. A los Viñals se les acusa de dar por muertas a dos de las víctimas cuando estaban en parada cardiorrespiratoria, una afirmación de a fiscal que su abogado ha tachado de «injustas» ya que existen evidencias que muestran lo contrario.
En cuanto al operativo policial, el exjefe de la Policía Municipal de Madrid Emilio Monteagudo responsabilizó del descontrol policial a la oficial de Moncloa, jefe del diseño del despliego policial de esa noche. La defensa de Monteagudo acusó a Cándida Jiménez de mentir en lo relativo a que se le negaran los refuerzos y otras cuestiones como el hecho de que alertara de lo que estaba sucediendo.
Sobreventa de entradas
En su declaración, Flores reprochó al Ayuntamiento que dirigía la entonces alcaldesa Ana Botella, y concretamente a la empresa municipal Madridec, responsable del pabellón, que «jamás» le mostraran un Plan de Autoprotección, recalcando que pensaba que el edificio tenía licencia municipal. También les acusó de que «lo hicieron mal» y que le obligaron a él «a hacerlo mal».
«Yo desconocía completamente la situación del edificio anterior a esta tragedia. No acuso al Ayuntamiento, sino a las personas que conocían en el año 2010 que las cosas se hacían mal y que a mí me lo hacían hacer mal», dijo entonces.
Durante la prueba del juicio, según la fiscal, ha quedado acreditado que se vendieron casi 17.000 entradas y que Flores puso a la venta casi 37.000.
Sin embargo, el abogado que defiende al empresario sostuvo en su informe final que no existió «la sobreventa» de entradas por parte de su cliente, criticando la «visión apocalíptica» que han difundido los medios de comunicación. Pese a esta afirmación, multitud de imágenes exhibidas en la vista han demostrado que la pista estaba visiblemente masificada.
Flores afronta una petición fiscal de cuatro años de cárcel por cinco delitos de homicidio imprudente grave y una petición de seis años de inhabilitación para el ejercicio de la profesión de empresario u organizador de fiestas. Las acusaciones quieren que se sumen cuatro años por cada víctima.
En su informe, la fiscal rebajó sus penas a dos años, seis meses y un día para el 'número dos' de Flores, Santiago Rojo, un empleado de Diviertt, Miguel Ángel Morcillo, y para el jefe del equipo de Seguriber, José Antonio Díaz Romero.
Además, se pidieron tres años de cárcel para el socio y apoderado de Kontrol 34, Carlos Manzanares y Emilio Belliard; el coordinador jefe de Seguriber, Juan José Paris; el coordinador jefe de Seguriber, Raúl Monterde; y el vigilante de seguridad de Seguriber, Roberto Mateos, entre otros. La misma pena se reclamó para Rafael Pastor y Francisco del Amo, encargados de seguridad de Madridec.
La Fiscalía rebajó en un año la pena para los encargados del dispositivo sanitario, Simón Viñals y su hijo, hasta quedarse en un año, seis meses y un día de cárcel por «un delito de homicidio por imprudencia grave profesional para cada uno de ellos». Además, la Fiscalía de Madrid retiró la acusación contra el jefe de Emergencias del evento, José Ruiz Ayuso.
Condenados
- - Miguel Ángel Flores Gómez.- Máximo responsable de la empresa organizadora del evento, Diviertt: 4 años de prisión e inhabilitación durante el tiempo de la condena para ejercer cualquier actividad profesional de organización y celebración de eventos y espectáculos por 5 delitos de homicidio por imprudencia grave y 14 de lesiones por imprudencia grave.
- - Francisco del Amo López.- Coordinador de proyectos del departamento de operaciones de Madridec: 3 años de prisión e inhabilitación durante el tiempo de la condena para el ejercicio de cualquier actividad profesional de organización y celebración de eventos y espectáculos por 5 delitos de homicidio por imprudencia grave y 14 de lesiones por imprudencia grave.
- - Santiago Rojo Buendía.- Director general y 'número 2' de Diviertt: 3 años de prisión e inhabilitación durante el tiempo de la condena para el ejercicio de cualquier actividad profesional de organización y celebración de eventos y espectáculos por 5 delitos de homicidio por imprudencia grave y 14 de lesiones por imprudencia grave.
- - Miguel Ángel Morcillo Pedregal.- Jefe de personal y 'número 3' de Diviertt: 2 años y 6 meses de prisión e inhabilitación durante el tiempo de la condena para el ejercicio de cualquier actividad profesional de organización y celebración de eventos y espectáculos por 5 delitos de homicidio por imprudencia grave y 14 de lesiones por imprudencia grave.
- - Carlos Manzanares Rodríguez.- Socio mayoritario de Kontrol 34, empresa encargada de la seguridad interior del recinto: 2 años y 6 meses de prisión e inhabilitación durante el tiempo de la condena para el ejercicio de cualquier actividad profesional de organización y celebración de eventos y espectáculos por 5 delitos de homicidio por imprudencia grave y 14 de lesiones por imprudencia grave.
- - Juan José Paris Nalda.- Coordinador jefe de Seguriber, compañía que se ocupaba de la seguridad exterior del evento: 3.600 euros de multa por 5 delitos de homicidio por imprudencia menos grave.
- - Raúl Monterde Guillermo.- Coordinador jefe de Seguriber junto a Paris Nalda: 3.600 euros de multa por 5 delitos de homicidio por imprudencia menos grave.
Absueltos
- - Rafael Pastor Martín.- Director de departamento de seguridad de Madrid Espacios y Congresos (Madridec), empresa municipal que explotaba el pabellón: Al haber sido despenalizadas las faltas de homicidio y lesiones por imprudencia leve de las que era responsable por la reforma del Código Penal de 2015.
- - José Ruiz Ayuso.- Técnico de operaciones de Madridec.
- - José Antonio Díaz Romero- Jefe de equipo de Seguriber.
- - Roberto Mateos García.- Encargado del control de las cámaras del recinto.
- - Emilio Belliard Cueto.- Socio minoritario de Kontrol 34.
- - Simón Viñals Pérez.- Responsable del equipo médico contratado para el evento.
- - Carlos Viñals Larruga.- Se encargó junto a su padre de la enfermería del pabellón.
- - Emilio Monteagudo.- Exjefe de la Policía Municipal. Es el único al que la Fiscalía no acusó, si bien las acusaciones particulares que ejercían las familias pedían tres años de prisión.
