La comisión de investigación exonerará a Susana Díaz del fraude de los cursos de formación

El PP apunta a la presidenta por ocultar datos a los tribunales

Susana Díaz, durante su intervención ayer en la inauguración en Sevilla de un centro de investigación del cultivo del girasol.
Susana Díaz, durante su intervención ayer en la inauguración en Sevilla de un centro de investigación del cultivo del girasol.

sevilla / colpisa

La comisión de investigación parlamentaria que indaga el supuesto fraude en los cursos de formación toca a su fin y todo apunta a que las conclusiones exonerarán a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, de cualquier responsabilidad política. Mientras todos los grupos entienden que esas responsabilidades están claras y las sitúan en los expresidentes José Antonio Griñán y Manuel Chaves, entre las filas socialistas niegan la mayor y limitan el caso a «desajustes administrativos» en la gestión de las subvenciones.

La posición del PSOE-A es similar a la adoptada con la comisión parlamentaria, la primera en más de una década, que investigó el caso de los ERE fraudulentos, y cuya vertiente judicial sentará en el banquillo a ambos expresidentes. Entonces, cualquier responsabilidad recaía en «cuatro golfos» y se circunscribían las irregularidades al entorno de la Dirección General de Trabajo. Ahora, de la misma manera, del testimonio de los funcionarios y altos cargos políticos se desprende que «no ha habido una trama» ni una «producción legislativa pensada para delinquir, no ha habido menoscabo de fondos públicos», señaló el portavoz parlamentario Mario Jiménez. Así, insisten en que las ayudas se paralizaron y se revisaron de oficio, y de hecho se detectaron 90 millones de euros sin justificar o indebidamente justificados, de los que ya se han recuperado 7,6 millones de euros.

Es el único en esa posición. A falta de que Podemos e IU presenten sus conclusiones el próximo lunes, desde Ciudadanos, sostén del Gobierno autonómico y presidente de la comisión (encargado por tanto de unificar las conclusiones) consideran que las responsabilidades políticas son «muy importantes, brutales» ya que hay más de 750 millones de euros presuntamente defraudados, aunque las ciñen a los máximos responsables del Gobierno andaluz entre el período 2002 y 2012 y sus consejeros con competencias en esta materia. Aún así, el presidente de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, apuntó que en el caso de Chaves y Griñán esas responsabilidades ya estarían amortizadas tras la marcha de ambos. Marín recordó además que fue Griñán quien decidió paralizar las ayudas a la formación, decisión que mantuvo Díaz, de ahí que excluyan a la presidenta andaluza.

Los interventores sí alertaron

Desde el PP-A recuerdan que los interventores sí alertaron de menoscabo de fondos por las exoneraciones masivas (la posibilidad de recurrir a nuevas ayudas sin haber justificado las anteriores), y apuntan a la existencia de un entramado «paralelo» al del caso ERE en cuanto a descontrol de dinero público y empleo de procedimientos inadecuados, y apuntan a 33 altos cargos de la Junta, entre ellos Griñán, Chaves y Díaz, a la que señalan por ocultar información para la investigación judicial o por la participación activa en la recepción de cursos para el PSOE-A alquilando sus sedes a UGT para los cursos bajo sospecha.

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