Los secesionistas amenazan con recurrir a Estrasburgo en respuesta al Constitucional

Manuel Costoya
M. C. Cereijo REDACCIÓN / LA VOZ

ESPAÑA

QUIQUE GARCÍA | efe

Defenderán que «limita» su libertad de expresión en el proceso soberanista catalán

01 sep 2016 . Actualizado a las 08:15 h.

El secesionismo catalán se encuentra en la difícil tesitura de hacer frente a los requerimientos de un tribunal, el Constitucional, que muchas voces de este entorno optan por desautorizar y no reconocer, y a la vez cumplir con sus mandatos. Ayer, se vivió otro episodio más en este difícil encaje de bolillos con la remisión, por parte de los tres diputados de Junts pel Sí en la Mesa del Parlamento del informe que les exigió el Tribunal Constitucional este verano para que explicaran su actuación en el debate y la votación de las conclusiones de la comisión del proceso constituyente.

En 18 páginas, el vicepresidente del Parlament, Lluís Corominas, la secretaria primera, Anna Simó, y la secretaria tercera de la Mesa, Ramona Barrufet cumplieron el requerimiento del alto tribunal con una decisión que les permitiría abrir la vía jurisdiccional de amparo a instancias internacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El requerimiento del Constitucional instaba a cada miembro de la Mesa a elaborar en 20 días hábiles un informe sobre si las actuaciones parlamentarias que dieron lugar a la aprobación de las conclusiones sobre el proceso constituyente «han contravenido» las instrucciones previas del órgano jurisdiccional que instaban a no hacerlo. Según explicó Corominas con el informe se «defienden las instituciones de Cataluña» así como «la libertad de expresión y de representación de los diputados del Parlamento». En segundo lugar, añaden los tres miembros de la Mesa de JxSí la defensa de la «separación de poderes» que, a su parecer, no está «lo suficientemente clara». Y en tercer lugar, abren una vía para poder acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos por lo que consideran vulneración de un «derecho inherente al ejercicio parlamentario».

«Hemos de rebatir todas las cuestiones, y explicar que opinamos de todo aquello que hacemos, y contrarrestar toda la artillería política vestida de artillería jurídica del Partido Popular», sentenciaba la política de ERC, Anna Simó, para justificar la obediencia a los requerimientos de un tribunal permanentemente cuestionado desde las filas republicanas. Hoy, la Mesa se reunirá para decidir si el Parlamento catalán, como institución, presenta alegaciones al incidente de ejecución del Tribunal Constitucional por las conclusiones del proceso constituyente.

Querella contra el ministro

Desde otra tribuna, la del Congreso, el portavoz del Partit Demòcrata Catalán (PDC) -la antigua Convergencia-, Frances Homs, anunció que hoy su formación presentará una querella criminal contra el ministro de Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, por el caso de las supuestas escuchas a políticos independentistas catalanes.

Su partido ya había anunciado a finales del pasado mes de junio que presentaría una querella criminal contra el ministro tras conocerse la grabación de unas conversaciones con el exdirector de la Oficina Antifraude de Cataluña, en las que supuestamente buscaban pruebas y casos de corrupción que afectaran a cargos de partidos catalanes a favor de la independencia. Para Homs se trata de un asunto que revela «el uso de aparatos del Estado para perseguir» a cargos políticos mediante, presuntamente, «amenaza y extorsión». Homs también reclamó que «alguien» del Gobierno de Mariano Rajoy asuma responsabilidades por las conversaciones entre los dos cargos, que se hicieron públicas.