La urgencia de unos Presupuestos para evitar el castigo de Bruselas

Multa de hasta 5.000 millones de euros si españa no presenta las cuentas públicas antes del 15 de octubre


madrid / colpisa

Cuando Mariano Rajoy enumera los motivos que urgen para formar Gobierno siempre aparecen dos razones destacadas: cumplir con Bruselas y aprobar los Presupuestos del 2017. Ambos objetivos están muy relacionados y son una prueba de fuego para mantener la credibilidad del país ante las instituciones europeas y la confianza de los mercados. Sin embargo, el bloqueo político actual y la incertidumbre sobre si el presidente en funciones logrará sacar adelante su investidura dejan en el aire poder llevar a buen puerto esos requisitos. En caso de no hacerlo, el coste para España iría más allá de deteriorar su imagen, sino que podría acarrear una multa de 5.000 millones de euros por parte de las autoridades comunitarias.

«Tenemos que cumplir los compromisos con nuestros socios europeos». Esta afirmación, repetida hasta la saciedad en las últimas semanas por Rajoy y otros miembros del Ejecutivo en funciones, demuestra la importancia que le conceden a este trámite. El Gobierno es consciente de que la paciencia de la Comisión Europea está muy al límite, máxime después de haber perdonado a España la sanción de hasta 2.000 millones por exceder el objetivo de déficit del 2015 y conceder, además, una prórroga de dos años para rebajar ese desequilibrio del 3 %. Una decisión «política» como ha reconocido el propio presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, y que no ha sentado igual de bien en todas las capitales europeas. Sin embargo, Bruselas ya no se fía y no quiere más sorpresas. Por eso advirtió de que España deberá presentar a las autoridades comunitarias unos Presupuestos que incluyan un ajuste -podría llegar hasta los 15.000 millones si se cumple el peor escenario de desvío este año- antes del 15 de octubre. Esa es la fecha en rojo en el calendario para el Gobierno, esté en funciones o no. En caso contrario, se pondría en marcha un mecanismo sancionador que podría alcanzar el 0,5 % del PIB, es decir, algo más de 5.000 millones.

Fondos estructurales

Pero ese sería solo parte del castigo que España recibiría por incumplir su compromiso. También están en juego los fondos estructurales. Bruselas propondrá en septiembre su paralización (podrían ser unos 1.000 millones) y solo se descongelarán si el Ejecutivo toma las medidas para cumplir la nueva senda de déficit. La retención de esos recursos supone un perjuicio, sobre todo, para las comunidades autónomas por ser las principales perceptoras de estas partidas, cuyo objetivo es promover el desarrollo de las regiones menos favorecidas de la UE.

Por tanto, el primer paso para evitar el mecanismo de sanciones de la UE es la aprobación de los Presupuestos del 2017 en tiempo y forma. Esto es, presentarlos en el Congreso antes del 1 de octubre. Los plazos ya están muy ajustados, pero fuentes del Ministerio de Hacienda creen todavía posible poder hacerlo a tiempo si la investidura se lleva a cabo el 30 de agosto o el 2 de septiembre. Los técnicos del departamento que dirige Cristóbal Montoro llevan varios meses trabajando en esas nuevas cuentas públicas, que están ya muy avanzadas en sus partidas globales.

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