El aforamiento de los políticos evidencia las diferencias en el seno de Unidos Podemos

Garzón defiende la necesidad de proteger a los diputados tras la renuncia simbólica de Cañamero a su condición de aforado


Redacción / La Voz

En su afán por agrupar a todas las fuerzas de la izquierda para intentar el sorpasso al PSOE, a la postre fallido, Podemos buscó la coalición electoral con Izquierda Unida, con lo que renunció a la transversalidad que tanto había defendido desde sus orígenes. Pero aún fue más allá con fichajes como el de Diego Cañamero, un histórico líder jornalero andaluz. Y ha sido precisamente este diputado el primero en poner en evidencia las diferencias de pensamiento entre las distintas fuerzas que ahora mismo componen el grupo parlamentario de Unidos Podemos. El motivo ha sido una de las cuestiones que más críticas suscitan en casi todos los grupos políticos, el excesivo número de aforados, es decir personas que por su condición son juzgadas, si se llega a ese caso, por determinados tribunales (el Supremo o los superiores autonómicos), no por los ordinarios.

Diego Cañamero presentó ayer en el registro del Congreso un escrito, firmado ante notario, en el que renuncia a su aforamiento. El propio diputado por Jaén reconoció que su gesto no tiene ningún efecto práctico, ya que es un estatuto que va con el cargo y que no se puede declinar. En ello incidió también su compañero de grupo Alberto Garzón. El líder de IU reconoció en declaraciones a Europa Press que «no tiene ningún sentido considerar a un político por el hecho de ser político por encima y con privilegios de derechos civiles superiores a la mayoría de la población». No obstante, y en contraste con la posición de Cañamero, destacó la necesidad de mantener fórmulas de protección de la libertad de expresión de los diputados para ponerlos a salvo de posibles demandas de bufetes de grandes empresas para silenciar las voces críticas». «No es lo mismo el aforamiento que el derecho a la libertad de expresión sobre determinados temas políticos que está amparado por ser diputado», reiteró.

En España hay unas 17.000 personas aforadas, la mayoría jueces. Y de ellas, unos 2.000 son políticos, fundamentalmente miembros de los gobiernos central y autonómico, así como parlamentarios. Cañamero defendió su gesto como una manera de forzar un debate político para reducir el número de aforados, una idea en la que la mayoría de los partidos dicen estar de acuerdo, pero sin que se haya dado un paso para abordar el problema y solucionarlo.

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